Nos enfrentamos a una problemática que no concierne únicamente a España. La tendencia de precios alcistas se repite en todos los países europeos, siendo los derechos de emisión de CO2 y el elevado precio del gas las principales razones para explicar la actual situación que merma, indudablemente, la competitividad industrial europea.

Esto no quiere decir que no sea necesario llevar a cabo un proceso de descarbonización, a estas alturas nadie duda de lo necesario que es. Ahora bien, no debemos subestimar la necesidad de realizar este trámite de una manera acompasada y sin dejar en un segundo plano el impulso a la actividad industrial, que recordemos, aún se encuentra en pleno proceso de recuperación con motivo de la pandemia. 

En el transcurso de lo que va de año, las empresas han visto incrementadas sus facturas energéticas entre un 35 y un 50%. Si la situación continúa cómo hasta ahora, con pocos visos de variar -si tenemos en cuenta el Fit for 55 de la Comisión Europea y sus últimas declaraciones, en las que indicaban que estos niveles de precio de CO2 son una realidad que las empresas deben aceptar como parte de la transición energética-, el escenario será completamente insostenible para el tejido industrial español, que se enfrentará a un escenario muy complejo hasta 2030.

Las empresas han visto incrementadas sus facturas energéticas entre un 35 y un 50%

Es momento de actuar antes de que sea demasiado tarde. Me refiero a actuar en el aspecto medio ambiental, a tomar decisiones que ayuden a combatir los elevados precios de las facturas y a actuar a nivel institucional, a través del impulso de mecanismos que alivien la presión trasladada a empresarios y pymes que, no olvidemos, en nuestro país suponen el 98,99% del total del conjunto de empresas españolas.

El tablero medioambiental ha vuelto a mover sus fichas: Bruselas ha obligado a multiplicar por dos la implantación de las renovables actuales en solo una década, lo que junto al establecimiento de límites cada vez más estrictos respecto a la comercialización de emisiones en toda la UE, junto a otros factores, está provocando que a estas alturas hayamos alcanzado el límite de los 60 euros por tonelada, superando los umbrales previstos para 2030.

No estaría de más que, como medida de contención ante la entrada de terceros en el mercado, Bruselas mostrase ante el mercado una simple inquietud por la escalada de los precios.  

Tampoco es una buena noticia la inseguridad legal que puede generar alguna de las medidas anunciadas por el Gobierno de España esta semana, ya que precisamente, van a ser esos inversores los que van a costear una parte significativa de las nuevas renovables que deben ir acoplándose al sistema hasta 2030 para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones propuesto.

Las empresas deben conocer que, ante la creciente presión del mercado de futuros y una errónea estrategia de compra de energía, estamos comenzando a detectar casos de comercializadoras que están rompiendo los contratos con sus clientes con preavisos mínimos.

Si esta situación ocurre, nuestra recomendación siempre pasa por no tomar una decisión rápida y sin contar con el consejo de un experto. Es importante que las empresas en estos momentos no se comprometan a contratos de larga duración, en un mercado tan sobrevalorado, y sean conscientes de que es posible sortear esta situación tan adversa con una estrategia basada en el corto plazo.  

Seamos realistas y tomemos inmediatamente cartas en el asunto para aportar un balón de oxígeno a nuestro tejido empresarial, ya que el impacto de las medidas tomadas por el Gobierno hasta el momento apenas ha afectado a las empresas.

Más allá de la suspensión del impuesto de generación -con un impacto mínimo y que ha sido extendido hasta finales de año-, debemos sumar las medidas incorporadas esta semana con la rebaja del IEE del 5% al 0,5% (destacar que un porcentaje significativo de clientes industriales ya tienen una exención del 85% de este impuesto por su actividad) y, por último, lo que se ha bautizado como minoración del gas, que aún está por ver el impacto que tendrá en el mercado y cómo va a aplicarse para que no sea "tumbada" dentro de unos meses o años en los tribunales.

Únicamente tomando en cuenta los datos y las previsiones, la competitividad del entorno europeo puede verse realmente afectada por una fuga silenciosa de carbono hacia países en los que el mercado de CO2 no está sufriendo esta inflación desorbitada.

Para una empresa de tamaño medio, todas estas oscilaciones han provocado un incremento aproximado de más de 200.000 euros, por lo que no es extraño poder cerrar el 2022 con la salida de empresas españolas hacia otros mercados, como puede ser Marruecos, sin ir más lejos.

La lucha contra el cambio climático es irrevocable, pero no debemos lastrar la economía industrial por el camino, pues existen formas equilibradas y rentables para llevar a cabo esta transición. Es más que justo que el planeta que dejemos a nuestros sucesores se encuentre en unas óptimas condiciones y en perfecta armonía con el entorno, pero es preciso conciliar la recuperación económica y la sostenibilidad, porque ambos conceptos se retroalimentan y no existe el uno sin el otro. La descarbonización es el futuro, pero nuestra industria también, no lo olvidemos.

*** Javier Díaz Carmona es responsable del área de consultoría de Energía de Ayming.