Este pulso político es lo que explica que el Real Decreto-ley 36/2020 que regula el reparto de los fondos europeos siga estancado en el Parlamento por decisión de la Mesa del Congreso que controlan PSOE y Unidas Podemos. Iniciar su tramitación parlamentaria como proyecto de ley obligaría a Moncloa a tener en cuenta las enmiendas de sus socios de investidura para descentralizar la gestión de estas ayudas de la UE.

Esto es algo que ni Félix Bolaños, ni Manuel de la Rocha están dispuestos a aceptar. Entre otras cosas, porque en el Ejecutivo se insiste en que el que responde ante Bruselas por este dinero es el Gobierno central por mucho que duela en la Generalitat, en la Lehendekaritza o en la Puerta del Sol.

Otra cosa es que la 'cogobernanza' sea muy mejorable, pero este asunto ya es entre españoles y la Comisión Europea no se va a meter en eso.

En octubre de 2020, Ursula von der Leyen quiso tener un gesto con las comunidades autónomas cuando se reunió de forma telemática con sus presidentes para hablar de Next Generation EU (NGEU). En aquella cita, la presidenta de la Comisión Europea animó a las CCAA a aportar ideas y proyectos para que las inversiones europeas se trasladen al crecimiento local.

Un año después, con la operativa de NGEU ya en marcha, la task force (grupo de trabajo) de la Comisión Europea visitó hace dos semanas España y no mantuvo ni una sola reunión con las comunidades autónomas. Los contactos para hablar de los fondos europeos de los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso, Pere Aragonés o Iñigo Urkullu han sido solo telefónicos y puntuales. 

Teniendo en cuenta que son los gobiernos autonómicos los que tienen que ejecutar los fondos y algunos de ellos no saben qué van a hacer con los millones que les va a transferir Pedro Sánchez para rehabilitar casas (porque dicen que sus ciudadanos no quieren cofinanciar el cambio de ventanas), parece claro que urge repensar esto de la 'cogobernanza'.

Sin embargo, bloquear la tramitación del RD 36/2020 es como pegarse un tiro en el pie. En especial, ahora que la inflación juega en contra de nuestra recuperación económica -y, lo más importante, de que Christine Lagarde mantenga por mucho tiempo los estímulos con los que María Jesús Montero está financiando el 'gasto social'-.

Ese Real Decreto incluye medidas sobre la gestión de las ayudas y para modernizar la Administración, pero también regula el marco en el que se va a desarrollar la colaboración público privada que esperan las grandes empresas para poder coinvertir con el Estado en los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica).

Será curioso ver cómo el Gobierno se pone de acuerdo con sus socios para sacar adelante el proyecto de Presupuestos 2022 que incorpora los 27.633 millones de euros de los fondos europeos. Pero después, no es capaz de desbloquear la normativa que regula ese reparto.

Ponerse de acuerdo en la negociación para distribuir inversiones millonarias en Cataluña o País Vasco es posible en España. Pero ejecutar esa inversión de forma ordenada y sin fricciones con el interlocutor con Bruselas -en este caso, el Gobierno-, es una quimera. Así nos va.

En las cuentas públicas de 2021 ya se habilitaron 24.000 millones de euros para poner en marcha proyectos con el dinero de NGEU y se estima que solo se han ejecutado 4.000 millones. De esa cantidad, la mitad se ha repartido entre comunidades autónomas y el IDAE (el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía que depende de Teresa Ribera).

En Bruselas se da por hecho que habrá que retrasar el calendario de las entregas de dinero para dar tiempo a que España pueda cumplir con sus hitos (que incorporan reformas también atascadas como la de las pensiones o la laboral). Pero se confía en que las transferencias se ejecuten en forma. La Comisión Europea no ha pensado en que este atracón de millones se nos puede atragantar si el espacio de la 'cogobernanza' se convierte en el camarote de los hermanos Marx.

Podríamos ir hacia eso. El menú de los fondos es jugoso, pero la política española es capaz de desparramar su ejecución con tal de que el otro no se cuelgue una medalla.

ATENTOS A...

El Partido Popular ha mantenido contactos discretos en los últimos meses con la CNMV para que investigue si los fondos CVC y GIP han hecho algún movimiento de concertación con los australianos de IFM, que han logrado sacar adelante su OPA parcial al hacerse con el 10,8% de la compañía.

La formación de Pablo Casado no ha sido la única en mover ficha en este sentido, ya que Vox también se ha dirigido a Rodrigo Buenaventura con una reclamación similar. Estas gestiones demuestran la etapa complicada que se abre en el consejo de Naturgy, en el que Criteria tendrá que hacerse fuerte con la bandera de la 'españolidad' de esta empresa estratégica.