Por un lado, está la disputa entre países desarrollados y emergentes. Los últimos exigen a los primeros flexibilidad en los objetivos y facilidades financieras para dar un paso de gigante en la reconversión 'verde' de sus economías.

En este campo, se han llegado a algunos acuerdos multilaterales relevantes para crear fondos que financien acciones de transición energética en países emergentes como es el caso de Sudáfrica y su pacto con Europa y Estados Unidos por importe de 8.500 millones de dólares. Dado el camino que se ha abierto en la COP26 para este tipo de acuerdos, es posible que se generalicen en los próximos meses apoyados en los organismos multilaterales, los cuales girarán una parte relevante de sus políticas de financiación a inversiones sostenibles.

Pero, por otro lado, se encuentra una discrepancia aún más importante en el seno de los países desarrollados relativa a qué se considera 'verde' y qué no, y por tanto qué es susceptible de ser potenciado por la regulación o las políticas públicas, y qué debe ser desincentivado tanto económica como financieramente.

En este sentido, el liderazgo asumido por la Unión Europea en materia de cambio climático está sirviendo para convertirse en el campo de discusión de la denominada "taxonomía de finanzas sostenibles" la cual consiste esencialmente en determinar qué inversiones en el ámbito energético pueden ser consideradas como "verdes".

El liderazgo asumido por la Unión Europea en materia de cambio climático está sirviendo para convertirse en el campo de discusión

Para definir qué es "verde" y qué no lo es, no sólo es necesario analizar el volumen de emisiones de CO2 producidas de manera directa por cada fuente de energía, sino también la polución y el impacto medioambiental de todas aquellas actividades necesarias para generar cualquiera de las energías clasificadas (por ejemplo, el impacto de la fabricación de componentes, infraestructuras o dispositivos necesarios para generar energías).

Sobre esta cuestión –nuclear para definir con criterio técnico y no político qué inversión se considera sostenible– no existe en este momento un método de consenso que permita establecer con rigor unos parámetros transparentes y simétricos que deban cumplir todas aquellas energías que se incluyen en la taxonomía.

De hecho, existe el riesgo de que se termine imponiendo políticamente por parte de la Comisión sobre el Parlamento y el Consejo. Sin embargo, este riesgo es hoy más limitado que hace un año o año y medio, dado el efectivo contrapeso que está ejerciendo el Consejo Europeo frente a la Comisión desde los meses de mayo y julio de 2020.

Gracias a este papel, la Comisión paró en el mes de diciembre pasado su primera propuesta de Taxonomía de Finanzas Sostenibles por el riesgo de que fuera vetada por hasta 10 países.

Este retraso en el calendario ha permitido que se produzca una discusión más a fondo de los términos técnicos de la Taxonomía y de otras iniciativas como las Estrategias del Campo a la Mesa, Biodiversidad y Forestal o la regulación LULUCF (los niveles de referencia de sumidero de CO2 del sector forestal y la tierra), entre otras. Y dentro de esta discusión han surgido debates inevitables que intentaron ser cerrados en falso el año pasado como el papel de las energías limpias tradicionales como la nuclear, la hidroeléctrica, la cogeneración tanto industrial como de origen agroforestal o los biocombustibles.

El documento filtrado desde Bruselas que publicó Euractiv lleva a un lugar necesario: el reconocimiento de la energía nuclear como energía 'verde' (también la gestión del agua residual y los biocombustibles avanzados) y el rol de los biocombustibles tradicionales, el gas natural y la cogeneración como "energías de transición" que preservan la seguridad del suministro energético en el camino a tener un 100% de energía renovable.

Enseguida, al igual que en los últimos meses, han surgido voces críticas señalando el impacto ambiental de la minería de uranio necesaria para producir energía nuclear, la gestión de los residuos atómicos, los sistemas de extracción de hidrocarburos líquidos junto a su transporte o el trade-off entre destinar la oferta de alimentos básicos al consumo humano o a la producción de biocombustibles tradicionales.

Si bien es necesario tener en cuenta estos impactos, analizándolos con una metodología común y aplicables a todas las tecnologías, también es necesario evaluar los impactos medioambientales de la producción de hidrógeno verde (la construcción de los sistemas de generación y transporte con materiales altamente contaminantes), los sistemas de almacenamiento de energía con baterías de litio o los dispositivos necesarios para la movilidad eléctrica, autónoma y de hidrógeno.

Por tanto, es urgente crear un sistema de reglas del juego comunes para todos que determine técnicamente qué es "verde" y qué no lo es, fijando un criterio transparente que pueda ser escalable a la práctica de los acuerdos internacionales alcanzados durante la COP26.

Sería difícilmente explicable dejar fuera de la taxonomía al agua, la nuclear, la cogeneración o los biocombustibles avanzados, ya que sin ellos no es posible alcanzar los objetivos más inmediatos fijados para 2030, además de hacer un sistema mucho más vulnerable y poner en peligro la garantía del suministro. Llama poderosamente la atención que en un entorno donde no se para de hablar de "resiliencia" se quiera dejar fuera aquello que aporta la seguridad y la diversificación necesaria en el sector energético.

*** Javier Santacruz es economista.