Los cotizantes a la Seguridad Social registrados en el SEPE en octubre eran 19.662.163 y según la Encuesta de Población Activa (EPA) los empleados superaban los 20 millones de trabajadores. Objetivo de Rajoy con la Reforma laboral de 2012 (RL12) que le pidió la UE. Objetivo conseguido ahora a pesar de la pandemia. Pero hay unos 300.000 trabajadores en “el limbo del empleo” entre ERTEs y autónomos en cese de actividad. Eso hace que los parados reales sean cerca de 3,5 millones. Aun así, una disminución del paro registrado en octubre es una gran noticia. Nunca había ocurrido.
¿Por qué cambiar una ley que da estos resultados?
Según el sentido común económico: no es el momento. Pero el relato político lo exige. UP necesita decir a su electorado que derogó la RL12 para que parezca que pinta en el Gobierno. El PSOE quiere mantener la coalición gubernamental, al menos un año más, y así calmar a un socio nervioso con sus votos disminuyendo en las encuestas.
Entre el sentido común económico y la premura política la solución que han encontrado es paradójica: “derogar sin derogar” ¿Cómo conseguirlo?
Modificando temas técnicos, que sólo entiendan los expertos y con los que se pueda crear una imagen derogatoria en los ciudadanos comunes.
Hay cuatro temas sustanciales en la RL12: las indemnizaciones por despido; la jerarquía de convenios; la cláusula de ultractividad; y la modificación de las condiciones sustanciales del puesto de trabajo.
El coste del despido no se va a cambiar (lo ha dicho la ministra Díaz). Una derogación que no es derogación.
Desde la RL12 el convenio de empresa prima sobre el sectorial. El Gobierno habla de reequilibrar el poder entre sindicatos y patronal; que vuelva a primar el convenio sectorial que obligue al de empresa.
Error, porque es en cada empresa donde su dirección y su comité sindical conocen las circunstancias que la hacen más competitiva, manteniendo o aumentando sus trabajadores.
Demagogia, porque lo que de verdad hizo la Rl12 fue equilibrar el poder de negociación porque la legislación anterior se lo daba fundamentalmente al aparato sindical.
Difícil que CEOE/CEPYME pacten volver a lo anterior. La negociación tripartita (Gobierno, patronal, sindicatos) tendrá que encontrar una fórmula que mantenga esa jerarquía sin que lo parezca. Derogar sin derogar.
La RL12 eliminó la ultraactividad. Hasta entonces el convenio seguía vigente mientras no se pactara el siguiente. Se eliminó para reequilibrar el poder excesivo de los sindicatos que no necesitaban pactar al estar respaldados por acuerdos anteriores. Ya no es problema, porque el Tribunal Supremo en sentencia de 28 de enero de 2020 dictaminó que si no se llega a un acuerdo en la negociación y decae el convenio de empresa se aplicará el de sector. Aquí se puede acordar que es válido lo que dijo el Tribunal Supremo. Derogar sin derogar, porque ya estaba resuelto.
La modificación de las condiciones sustanciales del puesto de trabajo es un tema tan técnico que permite decir que se ha derogado la RL12 sin derogarla. Sólo los expertos lo podrán discutir y políticamente el Gobierno podrá decir lo que le convenga.
¿Y la precariedad de la que tanto habla Díaz? El Gobierno dirá que se van a poner las piedras para acabar con ella. Pero eso no es posible sin cambiar la estructura económica. Mientras se dependa de sectores estacionales como turismo/hostelería, construcción, agricultura, … la temporalidad (que no es precariedad) se mantendrá. Sin empleo industrial la temporalidad seguirá. Ese cambio no lo hace el Gobierno. Son los empresarios con sus inversiones. Si se les imponen restricciones forzadas se destruirá empleo. No hay que olvidar que las ETT (Empresas de Trabajo Temporal) las legalizó el Gobierno del PSOE en 1994.
¿Por qué decir entonces que se deroga la RL12?
Por razones políticas. Lo necesita electoralmente UP y el PSOE para pedir en Bruselas el dinero de la Next Generation (¿140.000 MM?). Allí explicarán en voz baja para que no se oiga en España: “es una derogación que no es derogación”. Lo sabe la ministra Díaz que declaró que técnicamente es imposible derogarla. Lo saben los sindicatos, lo sabe la CEOE, lo sabe también Bruselas ¿A qué juegan?
*** José Ramón Pin es profesor del IESE.