Volver al mercado laboral pre-2012 garantiza el fracaso

Dos de cada tres jóvenes que trabajan por cuenta ajena en España tienen un contrato temporal; estamos a la cabeza de la UE. Al problema de la temporalidad se suma el del paro: uno de cada tres jóvenes está desempleado, frente a la media del 17% en la UE. Los jóvenes españoles terminan asumiendo la precariedad, los contratos basura, la falta de expectativas de desarrollo profesional y el no trabajar "en lo suyo" como si fuera lo normal. No debe serlo. En el resto de la Unión no lo es.

La temporalidad y el desempleo son dos caras de la misma moneda, la de la precariedad. Si se erradica la temporalidad a costa de incrementar el desempleo –que ya es extremadamente preocupante– la precariedad crece.

La jugada de la vicepresidenta Yolanda Díaz se traduce en eliminar la temporalidad para subir el desempleo. La solución propuesta a la precariedad consiste en blindar a los afortunados que tienen un contrato indefinido. Y buena suerte al resto. Apuesta por convenios colectivos rígidos –como antes de la reforma de 2012 – para obligar a las empresas a mantener a los trabajadores indefinidos con unas condiciones laborales en alza permanente y que no se reajustan en momentos de dificultades. Pretende extinguir los contratos temporales sin ofrecer alternativas a las empresas que necesitan flexibilidad, lo que desemboca inevitablemente en más desempleo.

La flexiseguridad del norte de Europa consiste en ofrecer contratos fijos más flexibles y menos contratos basura

La alternativa a la reforma del pasado es una que mire, de verdad, al futuro, y que busque la flexiseguridad del norte de Europa, que consiste en ofrecer contratos fijos más flexibles y menos contratos basura; en facilitar la flexibilidad interna (los ajustes en la empresa) para evitar la externa (los despidos); en políticas activas de empleo eficaces; en cerrar la brecha entre educación y mercado laboral y en crear incentivos a la innovación y el emprendimiento.

Lo malo no es perder el trabajo; lo malo es perderlo y no encontrar otro que permita al trabajador mantener la misma calidad de vida.

La ministra Díaz no solo se cierra en banda a la flexiseguridad, sino que también quiere volver al modelo de negociación colectiva previo a la reforma de 2012, que concedía un poder desmesurado a los sindicatos e intensificaba la rigidez del mercado laboral. Por ejemplo, existía la ultraactividad, que quiere decir que cuando un convenio laboral llega a su fecha de caducidad se prorroga automáticamente hasta que se firme uno nuevo. Así, los sindicatos no tienen incentivos para negociar un nuevo convenio durante un periodo de crisis y tienden a alargar el proceso hasta que el contexto se vuelve más favorable.

Los salarios en España subieron a un ritmo récord durante la crisis de 2008, mientras se destruía empleo también a un ritmo récord

Por eso los salarios en España subieron a un ritmo récord durante la crisis de 2008, mientras se destruía empleo también a un ritmo récord. Otros factores que contribuyeron fue el predominio del convenio sectorial frente al de la empresa (lo que impedía a la empresa y sus trabajadores ajustarse a sus necesidades) y la imposibilidad de los descuelgues, que permiten a una empresa en crisis separarse de las condiciones del convenio. Todas esas barreras a la flexibilidad interna fueron eliminadas por la reforma de 2012.

Los dos gráficos siguientes, extraídos de un post mío de 2010 en el blog NadaEsGratis, comparan la reacción del mercado laboral inglés (ajustes salariales y pequeña caída del empleo) y el español (ningún ajuste salarial; de hecho, subidas récord en la crisis, con enormes caídas de empleo) para mostrar la necesidad de la reforma laboral de 2012.

¿Por qué los sindicatos defienden este regreso al pasado fallido? Una pista: la reforma laboral que se está negociando afectará a las condiciones laborales de 20 millones de trabajadores y a las expectativas de empleo de 3,4 millones de parados. Sin embargo, los dos sindicatos más grandes de España, CCOO y UGT, suman menos de 2 millones de afiliados. Una reforma que presume de su base en el diálogo social deja al 90% de la población activa fuera de la mesa. Los más afectados son los jóvenes. Según datos de UGT, solo el 12% de sus afiliados tienen menos de 35 años. ¿Quién representa el futuro de España en esa mesa?

El Gobierno de Sánchez, las vicepresidentas y ministras Calviño y Díaz y todos, claro, coincidimos en el objetivo: queremos que los españoles aspiren a trabajos por los que reciban un salario que valore su aportación a la sociedad y que les permita vivir una vida digna. También queremos que los jóvenes se emancipen, tengan hijos, tengan proyectos, emprendan, viajen... Es fácil estar de acuerdo en todo esto. Es más difícil acertar con la propuesta para hacerlo posible. Desde luego, la del Gobierno está condenada al fracaso; ya hemos pasado por ahí. La opción para avanzar se llama flexiseguridad.

Lamentablemente, no tenemos margen de error como para poder permitirnos apuestas destinadas a la frustración colectiva. Cuando está en juego el futuro de los españoles, una reforma de esta importancia no puede fracasar.

*** Luis Garicano es jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo, es vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.