El Gobierno con el apoyo de las centrales sindicales y la oposición de la CEOE ha aprobado una subida de las cotizaciones sociales del 0,6%. De este modo, se pretende recaudar al equivalente a un 0,2% anual del PIB que se aportará al Fondo de Reserva de las Pensiones. Dentro de una década, se habrán acumulado en él entre 40 y 50.000 millones de euros. Estos cubrirán el desfase entre los ingresos y los gastos derivados del paso a la jubilación de los baby boomers.

Este enfoque es lo de siempre: subir la fiscalidad soportada por los sufridos contribuyentes patrios. La voracidad tributaria de la coalición social-comunista es insaciable. Como los malos cazadores, disparan a todo lo que se mueve y quien lo hace conoce perfectamente las reglas de la caza.

Para empezar, las cotizaciones a la Seguridad Social son siempre un impuesto sobre el trabajo al encarecer la contratación de la mano de obra. Al mismo tiempo, son un lastre para la competitividad de las empresas si son superiores a las existentes en otras áreas económicas.

En España, la parte de las cotizaciones pagada por los empresarios es un 29,9% del salario bruto frente al 16,9% en la media de la OCDE y el 22,1% en la UE. Por su parte, los empleados aportan por ese concepto el 6,4% de su salario bruto frente al 10% en el promedio de la OCDE. De hecho, España es el séptimo país de los 36 integrados en esa organización donde el componente no salarial del coste laboral es más alto.

La voracidad tributaria de la coalición social-comunista es insaciable. Como los malos cazadores, disparan a todo lo que se mueve

En este contexto, incrementar las cuotas empresariales a la Seguridad Social tendrá un impacto negativo sobre el empleo y sobre la posición competitiva de las compañías.

Quizá ese efecto sería poco o menos relevante en un escenario normal o de expansión, pero sí lo es en un entorno de desaceleración del rebote registrado por el PIB tras la pandemia, con una alta tasa de desempleo y con una posición económica-financiera de las empresas nada boyante y de expectativas inciertas.

Añadir al shock de oferta causado por la pandemia y por la brutal escalada de los precios de la electricidad un incremento de costes fiscales es una temeridad. Si se tiene en cuenta que, ceteris paribus, un alza de un punto de las cotizaciones sociales supone una caída de la demanda de empleo del 0,37%, una subida del 0,6% supondría un 0,2% menos de puestos de trabajo.

El cálculo de los ingresos esperados por el Gobierno, un 0,2% del PIB cada año entre 2023 y 2033, se ha realizado pues bajo una hipótesis cuestionable: la subida de las cotizaciones no afecta para nada a la creación de empleo ni a la actividad económica. Ahora bien, aun el supuesto de que esa optimista previsión gubernamental fuese correcta y utilizando los mismos supuestos del Gobierno, acumular en el Fondo de Reserva 40 o 50.000 millones de euros resulta un prodigioso ejercicio de voluntarismo.

La capacidad de los probos burócratas para emular los logros de Warren Buffett exige un verdadero ejercicio de Fe

Para lograr esa meta, el dinero depositado en ese fondo debería tener una rentabilidad anual de entre el 6 y el 7% durante los diez años siguientes a la entrada en vigor de la medida. Hace falta desplegar un enorme esfuerzo de imaginación para pensar en lo que pueden idear los probos burócratas del Ministerio de Emigraciones, etc., para conseguir esos resultados. Su capacidad de emular los logros de Warren Buffett o Larry Fink exige realizar un verdadero ejercicio de Fe. Pero ahí no termina la historia…

La inexorable tendencia del gasto estructural en pensiones es crecer por encima de los ingresos, propulsada por una tasa de dependencia creciente hasta 2050, por una alta tasa de reemplazo entre la prestación y el salario percibido con anterioridad al retiro y por las pensiones más elevadas.

Esta carrera alcista del gasto se ha visto agudizada por la indexación de la revalorización de las pensiones al IPC que no se compensa con ninguna iniciativa eficaz para estabilizar su posición financiera y hacerla sostenible. Las reformas del sistema de cobertura del retiro impulsadas por este Gobierno, como toda la política económica española, es una fuga hacia adelante. El engaño de la 'Pirámide de Ponzi' es cada vez más difícil de sostener.