Quienes deciden no vacunarse cuando la tecnología ha demostrado no solo su seguridad, sino su eficiencia a la hora de contener una pandemia no están ejerciendo un derecho. La especie humana es social por naturaleza, y el funcionamiento equilibrado de las sociedades exige no solo que todos reclamemos nuestros derechos fundamentales, sino que, además, aceptemos una serie de deberes.

Quienes no están de acuerdo en acatar esas obligaciones que emergen de un clarísimo consenso social solo deberían tener un derecho: el de abandonar esa sociedad, el de ser excluidos de ella. Porque la sociedad no puede aceptar que haya individuos beneficiándose de vivir en ella gracias a que deciden ejercer todos sus derechos, incluidos aquellos que se inventan, pero pretenden no acatar ninguno de sus deberes. 

Los antivacunas, como está demostrando claramente el análisis de los datos de los diferentes países, son un peligro social. La afirmación de que "el problema es suyo" es completamente falsa: las vacunas mejoran la respuesta inmune -de hecho, en mucha mayor medida de lo que lo hacen otros tipos de vacuna- pero no son magia, ni pueden impedir con probabilidad absoluta una infección.

De ahí que lo que están demostrando los datos de los distintos países sea inequívoco: a mayor número de no vacunados, mayor es la probabilidad de tener que decretar de nuevo medidas de confinamiento, que suponen una enorme pérdida para toda la sociedad. 

Los antivacunas, como está demostrando claramente el análisis de los datos de los diferentes países, son un peligro social

Esa es la disyuntiva: como unos pocos insolidarios quieren defender unos derechos que se han inventado, ahora tenemos que confinar y restringir los derechos de toda la sociedad. Como algunos no aceptan ser discriminados cuando, lógicamente, deberían serlo por ser potencialmente infecciosos (no existe ninguna razón más justificada para discriminar a alguien), ahora los hosteleros tienen que aceptar pérdidas enormes derivadas de unas restricciones que se imponen, de forma completamente injustificada y arbitraria, a todos. No, los antivacunas no tienen derecho a manifestarse por nada: los que deberíamos manifestarnos somos los vacunados, pidiendo que se les vacune obligatoriamente. 

Los países que están experimentando una nueva ola de infecciones lo están haciendo únicamente por una razón: su tolerancia con los antivacunas. Es, a todas luces, una falsa disyuntiva. Tolerar al intolerante, al que rompe el consenso social sin importarle el bienestar de todos y despreciando las consecuencias es algo que, en una sociedad evolucionada, supone un tremendo error. 

No, los antivacunas no tienen derecho a manifestarse por nada: los que deberíamos manifestarnos somos los vacunados

En la práctica, el que insiste en no ser vacunado pudiendo recibir la vacuna -lógicamente, no entro en aquellos que, por incompatibilidades u otras razones de salud no puedan hacerlo- debería ser excluido de la sociedad.

¿Ir a trabajar, cuando has decidido ser un vector potencial de una enfermedad grave? Ya, claro… y el empresario, y tus compañeros son quienes tienen que asumir el riesgo de que los contagies, porque a ti, simplemente, no te da la gana de ponerte una vacuna de una seguridad absolutamente probada.

¿Llevar a tus niños al colegio, cuando conviven con un no vacunado? No, lo siento: eres un riesgo, y como tal hay que tratarte. En realidad, lo lógico sería, dada la influencia que ejerces sobre esos niños, retirarte la patria potestad. ¿Tratarte en un hospital cuando te infectes? ¿Por qué debe la sociedad dedicar recursos a tratar a quien ha contraído una enfermedad por voluntad propia? Y no, la comparación con el tabaquismo o con la obesidad no se sostienen. Nadie, nunca, ha pretendido retirarles el derecho a la sanidad universal. Pero otra cosa muy diferente es cómo se trata a quien decide, libremente, no colaborar para detener una pandemia, y provocar que esta continúe expandiéndose. A ese, ni agua. 

La persona que decide libremente no ser vacunada debería afrontar de su bolsillo todos los gastos hospitalarios derivados de su decisión. En la práctica, lo único que se puede hacer con un antivacunas es administrarle la vacuna obligatoriamente, porque recibirla es parte de un consenso social y una obligación para quien quiere vivir en sociedad. En un momento de crisis y de emergencia, tonterías, las justas: todo lo que debilite el consenso social es una amenaza, y hay que luchar contra ella. Como sea. 

Mientras permitamos que determinados insolidarios sigan inventándose derechos, seguiremos teniendo un problema de insostenibilidad social. Las sociedades se sostienen en derechos, pero también en obligaciones.

Del mismo modo que no podemos aceptar que alguien no acate determinadas leyes, que alguien decida que matar o robar es su derecho, o que opina que circular sin cinturón de seguridad es algo que va a hacer por sus santas narices, no podemos aceptar que alguien decida que no va a vacunarse porque no tiene ni maldita idea de inmunología, o porque decide leer a irresponsables que difunden estupideces sin fundamento científico. 

La dureza con los antivacunas forma parte del ejercicio que tenemos que hacer como sociedad para ponerlos en su sitio, para evitar que cualquiera pueda pensar que todo está permitido, y que no existen deberes asociados con los beneficios que se obtienen de vivir en sociedad. La vacunación obligatoria por decreto gubernamental y la persecución del no vacunado no es una opción en una pandemia: es, simplemente, cuestión de lógica.