La hipótesis según la cual el Ejecutivo germano va a suponer o, mejor, podría suponer un cambio hacia una política distinta a la aplicada por la D.ª Angela es correcta pero no en la dirección esperada o anticipada por muchos observadores. Alemania no va a realizar un giro significativo a la izquierda con el tripartido SPD-FDP-Verdes. Ese no ha sido el sentido del voto de los ciudadanos. De hecho, Scholtz ha dirigido la política económica durante los últimos años; los verdes de 2021 tienen muy poco que ver con los de hace dos o tres décadas y los liberales son más ortodoxos y euroescépticos que nunca.

A efectos continentales, la denominada coalición del semáforo sí puede suponer y supondrá un cambio significativo. Un reciente informe del European Council on Foreign Relations muestra el creciente euroescepticismo de la sociedad alemana definida por una acusada visión crítica sobre la eficiencia del marco político-institucional europeo y por el cuestionamiento de que en su actual configuración y funcionamiento sea acorde con los intereses alemanes.

Si factores descritos van a condicionar en buena medida la actuación de la coalición gubernamental, la reemergencia de la Covid-19, la debilidad de la recuperación y el fuerte repunte de la inflación se van a traducir en una estrategia europea mucho menos comprensiva y "generosa". Esta tesis se ve reforzada por la llegada del presidente del FDP, Christian Lindner, a la cartera de Finanzas. El líder liberal es un firme partidario de la disciplina macro y de la necesidad de terminar cuanto antes con la excepcionalidad dominante en las esferas presupuestaria y monetaria. Esta posición ha sido uno de los leitmotiv de su campaña electoral y una de las condiciones básicas impuestas por el FDP para entrar el Gobierno tripartito.

No cabe esperar apoyo alguno del país de Goethe a una reforma destinada a suavizar las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

Alemania va a terminar 2021 con una inflación alrededor del 5% y la media en la zona euro no será inferior al 4%. En este contexto, el Gobierno germano no puede ni va a apoyar el mantenimiento de la actual estrategia expansiva del BCE y, en especial, de su programa de compra de deuda pública. De igual modo no cabe esperar apoyo alguno del país de Goethe a una reforma destinada a suavizar las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta visión es compartida y se verá soportada por los llamados países frugales.

La potencial actuación del Gabinete alemán tiene toda la lógica y la racionalidad, pero va a plantear serios problemas a los países indisciplinados, sin voluntad alguna de poner orden en sus finanzas públicas y alérgicos a realizar reformas estructurales. Este es el caso de España, convertida en el foco en donde se concentran todas las miradas. Italia ha salido, al menos temporalmente, del radar, Portugal y Grecia no son renuentes a hacer los deberes. La economía española simboliza en la actualidad todos los males asignados de manera tradicional a los estados de la periferia. 

El BCE, aunque el consenso lo descarta, va a desplegar a lo largo de 2022 un proceso de tapering mucho más intenso del previsto y, por tanto, la presión para que el Gobierno español diseñe un plan destinado a reducir el binomio déficit-deuda se va a acentuar. A medida que esa dinámica se materialice, la prima de riesgo comenzará a subir. Sin que haya pasado nada relevante ya se ha incrementado en 50 puntos básicos. Esto es sólo un leve indicio de lo que puede ocurrir. Cuando el mercado sea consciente de que el BCE va en serio, el diferencial del bono español con el alemán se disparará. 

Sin duda existe un considerable y justificado escepticismo sobre la voluntad disciplinante de la Comisión Europea, pero hacer el D. Tancredo es más sencillo cuando Alemania mantiene una actitud de laissez faire-laissez passer que cuando no lo hace.