Lo ocurrido con la cuota del 6% de producción en catalán para series o películas de Netflix puesto a algunos los pies en la tierra. Somos un país sujeto a las directrices europeas. Es tan evidente que es difícil no pensar en que el 'malentendido' no haya sido fruto de un teatrillo organizado para dar luz verde a los Presupuestos. La vicepresidenta económica resumió el suceso con un ", ¡caray!," en el programa de Carlos Alsina.
Días después, se aprobó la reforma de las pensiones de Escrivá -que ahora Bruselas tendrá que examinar a fondo- y se anunció el desbloqueo para que los Estados miembro evalúen si España puede recibir otros 10.000 millones de euros de Next Generation.
Sin embargo, la hora de la verdad va a venir con la reforma laboral. En la CEOE ya se asume que tendrán que asumir algunos daños si quieren formar parte de la foto del acuerdo. Los sectores 'más duros' de la patronal andan nerviosos porque creen que Antonio Garamendi acabará plegándose al Gobierno, como ya hizo con el SMI en el primer acuerdo que cerró con Yolanda Díaz para evitar un mal mayor.
Yolanda Díaz y Ursula von der Leyen.
Consciente de que su mayor baza está en Bruselas, Garamendi ha ido ya al Financial Times para explicar que es necesario que España tenga más tiempo para buscar un acuerdo de mínimos con la patronal.
Aunque la meta del Gobierno era aprobar la reforma laboral el pasado 30 de noviembre, Nadia Calviño optó por ampliar el plazo de la negociación hasta finales de diciembre. Sin embargo, tal y como están las cosas en este momento, es muy difícil que se alcance un acuerdo en estas semanas (y más con la Navidad a la vuelta de la esquina).
Bruselas ya ha dejado caer en las reuniones que ha mantenido con el Ejecutivo y con los agentes sociales que prefiere un pacto que llegue tarde, pero que sea bueno a una reforma precipitada y que suponga un problema adicional para el maltrecho mercado laboral español.
Digan lo que digan en el Gobierno sobre la 'buena evolución' de los datos del paro, seguimos teniendo una tasa de desempleo del 14,5%, casi el doble que la media de la eurozona (7,4%).
Los tiempos son importantes en política. Pero tal y como están las cosas, encierran muchas claves de lo que puede suceder con la economía española en los próximos años. Y es que, cada vez son más las voces que creen que Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones en 2022.
Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Antonio Garamendi, José Luis Escrivá, Yolanda Díaz, Rufián, Fátima Báñez, Jordi Sevilla y Ursula von der Leyen.
La reforma laboral es una pieza clave en ese tablero. No solo porque sea medular para el discurso de Yolanda Díaz que cada vez que tiene la oportunidad en un mitin aprovecha para recordar que hay que derogarla. También porque para el PSOE sería un fracaso dejar el Gobierno sin tocar una reforma contra la que lleva clamando desde el año 2012. Un error táctico que han reconocido exministros, como Jordi Sevilla, ya que no toda la reforma de Fátima Báñez está mal para los socialistas.
Sin embargo, si algo tienen claro los empresarios es que el lío interno que tiene el Gobierno de coalición no es asunto suyo. Y que el papel de la Comisión Europea como examinador de las medidas que se propongan es una garantía. Salvando las distancias con el episodio de Netflix -ya que en este caso, era una norma ya aprobada- al Ejecutivo siempre le quedará decir que "Bruselas obliga a...".
Una pista de hasta qué punto Sánchez podría estar pensando en convocar elecciones son los dos Consejos de ministros semanales que ha decidido celebrar de aquí a final de año. Este impulso a la agenda 'reformista' de su Gobierno suena a una estrategia electoral, como en su día lo fueron los 'viernes sociales'. No parece tan disparatado preguntar: ¿será este Gobierno el que apruebe la nueva reforma laboral?
ATENTOS A...
Dice un chascarrillo que el embajador de Estados Unidos en España en tiempos de Barack Obama, James Costos, es uno de los enlaces del Gobierno de Pedro Sánchez con la Administración de Biden. El diplomático es una figura ligada al mundo audiovisual. Y de hecho es presidente de Secuoya Studios, el grupo que ha alquilado sus instalaciones a Netflix.
James Costos y Joe Biden.
Estas conexiones han colocado a Costos en el punto de mira en las últimas semanas por los movimientos entre bambalinas que desde las productoras estadounidenses se habrían realizado para frenar la cuota a la producción en lenguas cooficiales que el Gobierno intentó conceder al independentismo.
