Entre los pros: 

  1.- El hecho de que el documento oficial lo firman los agentes sociales y el Gobierno. Un elemento estético, pero importante. Sobre todo porque era una condición formal para que Europa acelere el proceso de los fondos de Next Generatión.                                  

  2.- La sensación de que los agentes sociales han hecho un ejercicio de responsabilidad, en especial los empresarios. Aunque estos hayan tenido que elegir el mal menor, presionados por un Gobierno social-comunista que amenazaba con una derogación total de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

  3.- El que el Gobierno pueda decir que ha cumplido con su promesa de derogar el texto de 2012, aunque no lo haya hecho. Con la firma del acurdo de la reforma laboral se reduce la incertidumbre sobre legislación laboral y eso es bueno para la economía.

  4.- El que las modificaciones del texto hayan sido mucho menores de las que anunciaban las declaraciones radicales de Gobierno y sindicatos desde la toma de posesión del Gobierno de coalición.

  5.- La filosofía del acuerdo de acotar el volumen de contratación temporal impulsando el principio de causalidad, por el que los contratos temporales respondan a trabajos realmente temporales. Filosofía que deberá concretarse en la práctica con el desarrollo y utilización de la norma aprobada. Será importante seguir la evolución de los contratos fijos-discontinuos para comprobar su eficacia, o no, en la reducción real de la temporalidad.

  6.- Que los convenios de empresa mantengan su prioridad sobre los sectoriales en temas de organización del trabajo, de manera que las empresas tengan flexibilidad organizativa para sus necesidades estratégicas

  7.- El desarrollo de nuevas modalidades de ERTE que ayude a las empresas a sustituir los despidos por otros mecanismos de adaptación de las empresas a sus ciclos económicos.

Entre los contra: 

  1.- Que se ha modificado una reforma laboral que con crecimientos menores al 2% del PIB ayudaba a crear puestos de trabajo. Modificación en medio de una crisis cuando cambiar lo que funciona no es lo más aconsejable.

  2.- Que no hay unanimidad dentro de los empresarios, con sectores y agrupaciones territoriales en contra. Tampoco entre los sindicatos, como los vascos, que buscan la prevalecía de los convenios sectoriales autonómicos sobre los estatales. Discrepancias que arrojan dudas sobre la estabilidad de la norma en el futuro.

  3.- La recuperación generalizada de la ultraactividad, por la cual un convenio sigue estando vigente hasta la firma del siguiente. Aunque muchos ya incorporaban este concepto en su negociación, por lo que no ha sido un cambio sustancial.

  4.- La rigidez que aumenta en algunas modalidades de contratación, en particular el contrato de obra y servicio, y las relaciones con las subcontratas, que hará menos flexible el mercado laboral, dificultando la creación de puestos de trabajo y la productividad de las empresas.

  5.- La prevalencia del convenio sectorial en materia salarial, que dificultará la competitividad de algunas empresas. Si bien hay que reconocer que precisamente los convenios de empresa, en términos generales, tienen tablas salariales más elevadas. Por tanto es un “brindis al sol”, pero que dificultará la toma de decisiones rápidas cuando las empresas concretas deban responder a situaciones de crisis.

En resumen, la nueva reforma laboral y su negociación, ha sido más un ejercicio de liturgia de “política-política” que de “política-económica”. Sus efectos a la hora de crear puestos de trabajo, el principal problema de España, son inciertos y habrá que analizarlos detenidamente en el futuro.

Aún así, quedan procesos para que se aplique la reforma laboral. Por ejemplo, la tramitación parlamentaria a la que ya el PP y Vox ha anunciado su oposición. También Bildu, socio prioritario de Sánchez, ha puesto condiciones para apoyarla y busca aliarse con ERC y el PNV para oponerse a la ley. 

Además, queda por hacer su desarrollo reglamentario y ya lo dijo Romanones: hagan ustedes las leyes y déjenme a mi los reglamentos.

Así que los tres firmantes, especialmente la CEOE, se pueden encontrar que lo que han firmado cambie ¡Les aconsejo que vigilen estos dos tramos: el parlamentario y el reglamentario!

*José Ramón Pin es profesor del IESE.