El Gobierno ha conseguido hacer los deberes que se había propuesto antes de final de año. Esto, que en otro tiempo no era noticia, ahora lo es. España no aprobaba unos Presupuestos Generales del Estado en "tiempo y forma" desde el año 2015, cuando se pasó el trámite parlamentario de las cuentas de 2016 en la época de Mariano Rajoy. Desde entonces, la inestabilidad política ha impedido cumplir con el calendario que marca la Constitución.
En realidad, los nuevos Presupuestos de Pedro Sánchez no han cumplido en la forma -para ello, tendrían que haber llegado al Congreso antes del 1 de octubre-, pero están aprobados a tiempo para que entren en vigor el 1 de enero del próximo año.
Este martes, mientras el presidente del Gobierno aplaudía a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso por sacar adelante sus cuentas con el apoyo de sus socios, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sonreía desde la sala de ruedas de prensa de la Moncloa por la aprobación del Real Decreto con la reforma laboral.
El presidente del Gobierno y la ministra de Hacienda tras aprobar los Presupuestos 2022. EUROPA PRESS
El Gobierno también ha logrado cumplir con el calendario impuesto por la vicepresidenta Nadia Calviño para cerrar un acuerdo sobre la reforma laboral antes del 31 de diciembre. Podría haber retrasado esta negociación unas semanas porque Bruselas había dado su visto bueno a hacerlo, pero la también ministra de Economía quería entrar en 2022 con los deberes hechos para zanjar este asunto de desgaste y centrarse en el examen que España tendrá que pasar antes del verano para acceder al siguiente tramo de las ayudas europeas.
El Gobierno no tenía todas consigo de que fuera a ser capaz de aprobar los Presupuestos y conseguir un acuerdo (aunque con la foto sujeta a lo que ocurra el año que viene en el Congreso) sobre la reforma laboral antes de despedir 2021. Los ministros implicados en estos menesteres terminan diciembre exhaustos. Pero, sin embargo, ahora viene lo difícil.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EUROPA PRESS
No está nada claro que España vaya a ser capaz de ejecutar las partidas de los fondos europeos incorporadas en el Presupuesto de 2022. Y testar los cambios introducidos en materia de contratación en la reforma laboral para reducir la temporalidad llevará tiempo. Además, es importante tener claro que las reformas en el mercado de trabajo que detallará este miércoles el BOE no nacen con garantía de éxito.
Como escribe hoy en este periódico el catedrático en Derecho de Trabajo, Íñigo Sagardoy, los efectos de la reforma de Díaz y los agentes sociales "no se van a ver en el corto plazo, porque la dinámica de las relaciones laborales, las formas de actuar de empresas y sindicatos, no se cambian de forma abrupta salvo en cambios de gran calado, que no es el caso. Habrá, por tanto, que evaluar y corregir lo que sea menester".
Es decir, habrá que esperar y será clave lo que reflejen las estadísticas de paro y empleo de aquí a las próximas elecciones. De momento, con el Presupuesto aprobado hay margen para no convocarlas hasta dentro de dos años.
Será clave lo que reflejen las estadísticas de paro y empleo de aquí a las próximas elecciones
Con Calviño trabajando ya en diseñar la política económica de la próxima legislatura, la gran duda a corto plazo es qué pasará con la ejecución de los fondos europeos en 2022.
En Bruselas creen que España es el país mejor posicionado para empezar a absorber partidas de Next Generation EU. Pero en clave nacional, la lectura es bien distinta.
Sin haber aprobado todavía el examen de la Comisión Europea para acceder a los fondos, España ya adelantó cerca de 24.200 millones de euros ese dinero en los Presupuestos de 2021. El resultado de la ejecución de esas partidas ha sido muy decepcionante.
Hasta el punto de que el Ministerio de Economía se centra en alardear de los fondos "autorizados" (17.700 millones, el 73% de esa cuantía). Según los datos de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), hasta octubre solo se reconocen obligaciones por valor de 8.100 millones de euros y buena parte de ellas son transferencias a comunidades autónomas para gastos como la compra de vacunas.
Así, a los 27.600 millones de euros de inversiones de los fondos europeos que contemplan los Presupuestos de 2022 habrá que añadir las ayudas que quedaron sin utilizarse en los de 2021. Son cifras sin precedentes y que se deben distribuir sin que el Decreto 36/2020 que regula el reparto de esos fondos logre salir del bloqueo que sufre en las Cortes.
Si ejecutar los fondos es complicado, también lo va a ser cumplir con las previsiones de ingresos. El cuadro macroeconómico de estas cuentas públicas se asienta en que el próximo año España crecerá un 7%, frente al 5,8% que pronistica el FMI y el 5,4% del Banco de España. Cuadrar esas cuentas tampoco será sencillo.
