Cuando la inflación aterriza en el debate público, toca hablar de salarios. Los empleados del Banco Central Europeo (BCE) -que algo saben de esto- no han esperado a 2022 para ver si la inflación es "transitoria", como dice su jefa, Christine Lagarde, o es "permanente", como sostienen cada vez más economistas. Los representantes sindicales del BCE ya están negociando su subida de sueldo y han rechazado limitarla al 1,3%, cuando la inflación en Alemania estaba en noviembre en el 5,2% y se espera que alcance el 6%.

Ante la tensión que se vive en Fráncfort por este asunto, el economista y vicepresidente de IPSO (sindicato del BCE), Carles Bowles, se quejó y dijo en unas palabras recogidas por The New York Times que "puede parecer una paradoja, pero el BCE no está protegiendo a sus propios empleados frente la inflación".

Es una declaración curiosa teniendo en cuenta que el banco central de la eurozona es una de las voces que está pidiendo en Europa que no suban los salarios para evitar los conocidos 'efectos de segunda ronda' que se producen cuando la subida de los precios se extiende por toda la economía y se convierte en permanente. Cuando esto ocurre, obliga a las autoridades monetarias a actuar deteniendo compras de estímulos (Lagarde ya se ha puesto a ello) y subiendo los tipos de interés, como va a hacer Jerome Powell ya este año en Estados Unidos.

Alguien que tiene una buena fuente en Fráncfort comentaba hace semanas la preocupación que hay en el Consejo de Gobierno del banco central porque han tomado conciencia de que la retirada de estímulos va a tener que ser más rápida de lo previsto. Por si alguno duda de lo que va a pedir en 2022 la Alemania socialdemócrata, la elección del halcón Joachim Nagel como nuevo presidente del Bundesbank da pistas. De hecho, el ministro liberal, Christian Lindner advirtió con motivo de su nombramiento que "en vista de los riesgos de la inflación, crece la importancia de una política monetaria orientada a la estabilidad".

La cuestión es qué va a hacer España. El Gobierno tiene el corazón partido con este tema. Por un lado, le viene bien que la inflación suba para que el valor de la deuda pública sea menor. Pero por otro, es letal para su discurso de protección a los más vulnerables porque la inflación es también conocida como el "impuesto a los pobres". A esto se suma que un parón de las compras de deuda del BCE encarecería la financiación del Tesoro y detraería recursos para su política social. 

El dato de IPC avanzado el pasado jueves por el INE superó las estimaciones más pesimistas. No solo porque alcanzó el 6,7%, sino porque la inflación subyacente (que no incluye ni energía, ni alimentos no elaborados) escaló al 2,1%. 

Contener esta espiral está en manos de los sindicatos. De momento, Unai Sordo y Pepe Álvarez han actuado con más prudencia que Bowles. El líder de CCOO ha venido defendiendo que hay que abordar la negociación salarial con la vista en el medio plazo, esto es en 2023 y 2024, lo que significa que no se va a reclamar un subidón salarial.

Al mismo tiempo, ambos líderes sindicales han advertido que no se van a resignar a que los salarios pierdan poder adquisitivo. Tendrán que hacerlo porque los altos precios de la energía han venido para quedarse una temporada larga y la recuperación económica sigue sin terminar de llegar a las empresas (en especial, a las pymes más pequeñas y a los autónomos), como muestra la caída del 7,5% en las rentas empresariales que recoge el INE.

Pagar la factura de una crisis siempre empobrece a la ciudadanía. Y con este contexto tan impopular, en plena cuesta de enero, Yolanda Díaz volverá a buscar protagonismo convocando a los agentes sociales para negociar otra subida del SMI. 

Ya se sabe lo que opina la patronal. En 2021, Antonio Garamendi se negó a firmar el acuerdo para subir el SMI en 15 euros y no está sobre la mesa de la CEOE cambiar de posición.

En el momento de la última subida -septiembre de 2021- la vicepresidenta Nadia Calviño negoció con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo moverse en dos escenarios. El primero -y el que se impuso- consistía en repartir el incremento salarial en dos tramos: uno de 15 euros en la segunda mitad de 2021 y otro de 30 euros a partir de enero de 2022. El segundo consistía en no subir el SMI en 2021 y acometer ahora un incremento de golpe de 50 euros. Los sindicatos pedirán que la subida sea de 35 euros al mes.

En términos agregados, asumir ese coste para las empresas supone unos 460 millones de euros en 2022, a los que hay que sumar el aumento de las bases de cotización y el efecto arrastre sobre el resto de los salarios en un momento de horas bajas para la productividad y escalada de precios. 

Por trabajador, en 14 pagas, el aumento del poder adquisitivo sería de 490 euros anuales, más lo que establezcan los convenios por el IPC. ¿Suficiente para compensar la subida del coste de la vida? Crucemos los dedos para que Funcas no termine 2022 eligiendo "hiperinflación" como dato del año.