Europa tiene una meta loable, pero no sabe si tiene los recursos para llegar a ella. O si lo sabe, no los cuantifica en público. Lo mismo le ocurre a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera. Quiere que España sea 'verde', pero no es transparente en los cálculos de cuánto nos va a costar alcanzar ese objetivo.
Vivimos en un mundo en el que cantidad de consultores, organismos, servicios de estudios, investigadores... hacen estimaciones de todo tipo de cosas, pero del coste de la transición ecológica nadie aporta un dato claro. Hay algún estudio, promovido por empresas afectadas por este proceso -en especial petroleras y gasistas- que pone alguna cifra al asunto. Pero el hecho de que sean análisis 'de parte' impide que sirvan como base para un debate. Además, el poder abrir la sospecha de que no se quiere participar en esta transición -necesaria para la salud del planeta- hace que, en muchos casos, los autores prefieran utilizar esos datos solo de forma interna.
Lo curioso es que ningún organismo independiente, ni ningún gobierno, ni la Comisión Europea tengan un papel sobre cuál va a ser el impacto económico en la próxima década de descarbonizar la UE. Esto es algo cuanto menos llamativo si pensamos, por ejemplo, en la cantidad de estimaciones que se han puesto sobre la mesa sobre otro programa más popular para la ciudadanía como es el impacto de los fondos Next Generation EU sobre la economía.
Teresa Ribera. Invertia
Preguntar cuánto cuesta la transición ecológica no significa estar en contra de descarbonizar el primer mundo (parece cada vez más claro que la lucha contra el cambio climático tiene dos velocidades y los países con más problemas económicos van a tener que esperar, precisamente, por motivos económicos). Pero los ciudadanos tienen derecho a ser tratados como adultos. Y visto que el susto que ha dado la factura de la luz en 2021 no va a ser efímero, no estaría mal saber qué más extras van a tener que asumir los hogares y las empresas para dejar atrás la revolución industrial de las emisiones y ser más sostenibles.
Preguntar cuánto cuesta la transición ecológica no significa estar en contra de descarbonizar el primer mundo. Pero la ciudadanía tiene derecho a ser tratada como adulta.
Se estima que, para la economía española, la subida de la luz tuvo un coste de 16.800 millones de euros por un estudio que hizo antes de acabar 2021 BBVA Research y que fue presentado por los economistas Rafael Doménech y Miguel Cardoso.
El impacto de la política de derechos de CO2 en el encarecimiento de la factura de la luz se va a extender pronto a otras prácticas contaminantes. La Comisión de la presidenta Ursula von der Leyen y del vicepresidente Frans Timmermans considera que esta política ha funcionado muy bien porque al encarecer las energías contaminantes, las desincentiva. Esto es un problema económico de mayor calibre para un país como España que para otros socios del euro con más recursos. Entre ellos, Alemania, donde además, los verdes de Annalena Baerbock han entrado en el Gobierno para acelerar la transición.
Sin embargo, es el Gobierno de Pedro Sánchez el que se opone en bloque y con mayor dureza a la propuesta de Bruselas de clasificar de manera temporal la energía nuclear y el gas como "verdes" por "pragmatismo" y "realismo". En Berlín, la coalición no tiene aún una postura común sobre este asunto.
Pedro Sánchez, Ursula von der Leyen, Teresa Ribera, Frans Timmermans y Annalena Baerbock. Invertia
El paquete FIT FOR 55 busca convertirnos en un continente climáticamente neutro en 2050, lo que pasa por penalizar en los próximos años con el pago de derechos de CO2 cada vez más usos contaminantes, como la calefacción de los hogares. Esto obligará a rehabilitar las viviendas para que mejoren su calificación energética y por impulsar el autoconsumo o las calefacciones con bomba de calor. Para el que tenga gas natural, ¿cuánto más habrá que pagar? Nadie lo sabe, así que mejor ahorren.
Consciente de este problema, la Comisión Europea quiere que los gobiernos utilicen los impuestos que están recaudando para ayudar a que la transición ecológica sea justa y no deje a nadie atrás. Esto es un balón de oxígeno para el Gobierno español, pero con poco aire porque se va a prohibir subvencionar a determinados colectivos, como el transporte profesional, cuando llegue el momento de subir los impuestos al diésel, que acabará siendo más caro que la gasolina en pocos años.
El amago de la huelga del transporte que se vivió en diciembre de 2021 podría haber sido solo el aperitivo del ruido que está por hacer ese sector. Tendrán que electrificarse. Esto es una buena noticia para la conciencia de los compradores online que recibirán paquetes en su domicilio con menos impacto en huella de carbono. La cuestión es ¿cuánto más pagarán por ello? Nadie parece saberlo.
ATENTOS A...
El próximo viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmará los datos de inflación de diciembre, de los que dependen cosas tan variopintas como las previsiones macroeconómicas de los servicios de estudio o los incrementos de los alquileres firmados en diciembre.
El dato adelantado asustó a los economistas al sobrepasar las expectativas y situarse en el 6,7%. Se confía en que la tregua de los precios del gas que se vivió en la recta final de diciembre pueda amortiguar en unas décimas esa subida en el dato definitivo, pero no será suficiente como para pensar en que la inflación vaya a dar un respiro.
