Cabe pensar que tal ausencia se debe a que por parte de dicha Secretaría de Estado se considera que nuestra Administración Tributaria es tan moderna y perfecta que no se hace necesario introducir grandes reformas. Sin embargo, no parece que tal pensamiento sea unánime. Basta leer artículos de brillantes y experimentados miembros de la inspección de Hacienda, del mundo académico o de la asesoría fiscal, para darnos cuenta de que desde luego no es oro todo lo que reluce en la Agencia Tributaria.

Para quien no conozca cómo se organiza la Administración Tributaria en nuestro país, de forma esquemática y dentro del ámbito estatal, hagamos saber que forman parte de ella: la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), la Dirección General de Tributos (DGT), los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) y el Consejo de Defensa del contribuyente.

No se puede negar que la citada organización ha dado muestras de una ejemplar eficacia en muchos aspectos, pero tampoco puede olvidarse que la AEAT, que constituye el eje central de nuestra Administración Tributaria, comienza su andadura en 1992, hace ahora 30 años, por lo que después de tanto tiempo hemos de plantearnos si la organización vigente es acorde con las demandas actuales de los ciudadanos y los intereses generales a los que ha de servir. Ello supone que nos interroguemos acerca de qué quiere y espera la ciudadanía de la Administración Tributaria y cuáles son esos intereses generales. A partir de ahí, diseñar un organigrama administrativo.

Como objetivos que han de sustentar una organización administrativa moderna en el ámbito fiscal están la seguridad jurídica, la asistencia al contribuyente, la lucha contra el fraude fiscal, la imparcialidad y transparencia, y la resolución rápida de conflictos.

Para la consecución de dichos objetivos puede constituir un lastre la existencia de una organización compartimentada como la vigente en la actualidad en la que, además, la presencia de la todopoderosa AEAT conlleva que las funciones que desempeñan el resto de órganos administrativos, a pesar de su relevancia, queden como algo menor. En este escenario puede resultar procedente llevar a cabo una modificación estructural de la Administración Tributaria creando un nuevo Ente Estatal de Gobernanza Tributaria que supere el actual sistema organizativo, disperso y estratificado.

Un nuevo Ente Estatal de Gobernanza Tributaria superaría el actual sistema organizativo, disperso y estratificado

En este nuevo ente público su presidente debería ser nombrado con la intervención del Parlamento, elegido entre los miembros del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado en activo, con la finalidad de garantizar su preparación técnica, una mayor independencia y más cercanía con el poder legislativo, evitando injerencias externas.

La nueva organización deberá tener presente que se precisa otra forma de relacionarse con el ciudadano, para que pueda acercarse con confianza a una administración que no solo lucha contra el fraude fiscal sino que atiende a la justicia tributaria, asesora, actúa conforme a ley, reconoce sus errores cuando los comete, los corrige y toma las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir.

Así mismo, la nueva entidad deberá ser capaz de ofrecer, de forma real, seguridad jurídica a los contribuyentes y asesores, huyendo de interpretaciones sesgadas, detectando de manera incipiente los problemas prácticos que la aplicación e interpretación de las normas conlleva, procurando e impulsando, en su caso, modificaciones en la legislación a fin de evitar que los conflictos interpretativos se eternicen, y que cuando surgen discrepancias esté en disposición de resolverlas adecuadamente y sin demora.

También sería necesario actualizar procedimientos y competencias; así, por ejemplo, separar las funciones de asistencia al contribuyente de las de comprobación e investigación o dotar a las unidades correspondientes de los medios necesarios para luchar contra el fraude fiscal en sus distintas vertientes.

Desde la perspectiva del personal que presta sus servicios en el ámbito tributario, la situación actual también presenta determinadas carencias. La creación del nuevo ente público conllevaría la necesaria adecuación de las plantillas, el replanteamiento de las competencias de los diversos colectivos de funcionarios, la redefinición de la carrera administrativa y el establecimiento de un sistema de objetivos y productividad transparente y equilibrado, que no conlleve efectos perversos como el actualmente vigente.

Soy consciente de la gran dificultad que supone hacer realidad esta propuesta, no solo por la complejidad técnica y legislativa que conlleva, sino también por el inmovilismo y la falta de autocrítica que, con frecuencia, caracterizan tanto a la AEAT como a la Secretaría de Estado de Hacienda, por no hablar de la resistencia del poder político a perder una parcela tan importante de influencia. Esto último se evidencia con la ausencia de respuesta a las reiteradas propuestas de mejora planteadas por parte de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, entre ellas, que el presidente de la AEAT sea nombrado por el Parlamento o la aprobación del Estatuto de la AEAT.

En cualquier caso, hace 30 años la Administración Tributaria española dio un vuelco con la creación de la AEAT. Si entonces ello fue posible, hemos de pensar que nada debería impedir ahora iniciar un nuevo camino que nos lleve a la modernización de una parte tan importante de nuestra Administración y que está tan presente en la vida de los ciudadanos.

*** Mª Genma Martín Meléndez es inspectora de Hacienda del Estado.