Un año clave para la transición energética
Es necesario concienciar a los ciudadanos y que las Administraciones apoyen más el cambio de fuentes de energía.
La subida de precios de la energía que padecemos desde mitad de año se ha sumado a un incremento muy relevante de los costes de producción de las empresas, lo que ha llevado a las economías occidentales a cotas de inflación que no se veían desde hace 20 años. Y lo peor es la sensación de no tener ningún control de la situación: la capacidad de suministro de gas de Rusia ha llegado a su máximo, mientras que el gas natural licuado (GNL) sigue desviándose a mercados más lucrativos como el asiático, cuyo aumento de la demanda se debe a la necesidad de cubrir las necesidades de producción de bienes para abastecer la demanda de los mismos tras el parón ocasionado por la Covid.
En este contexto de estrés en los mercados de la energía, un escenario de precios altos no debería extrañarnos durante todo el 2022. Y en este entorno de precios las empresas pierden competitividad día a día con las inevitables consecuencias negativas que ocasionará.
En este panorama preocupante hay algo que sin embargo nos llena de optimismo: estamos convencidos que padeciendo como padecemos ahora esta debilidad estructural y la falta de independencia energética, es el momento de cambiar rápidamente y en profundidad nuestro modelo energético.
Y la buena noticia es que depende de nosotros porque, digámoslo así, todos los elementos del cambio están bajo control: tenemos la voluntad política de hacer este cambio, la tecnología madura que permite precios más baratos de energía gracias a las fuentes renovables, las empresas capaces de ejecutarlo, los profesionales mejor curtidos en el mundo para liderarlo, los recursos financieros para aportar una inversión sin parangón en nuestro país en los últimos 25 años…
Lo tenemos todo menos dos cosas: no tenemos aún a los ciudadanos convencidos de la necesidad del cambio, ni tenemos los recursos de todas las Administraciones públicas para gestionar este cambio debidamente, baste comprobar el tiempo que requiere obtener las autorizaciones imprescindibles para avanzar. .
Lo tenemos todo menos dos cosas: a los ciudadanos convencidos de la necesidad del cambio, ni los recursos de todas las Administraciones
Para que la ciudadanía se ponga al frente del cambio, creemos vital hacer tres cosas: de una parte, los promotores debemos entender que se deben construir plantas de energías renovables siempre con la complicidad del entorno y no en cualquier espacio en el que haya un rayo de sol o un soplo de viento.
Por otra, hay que informar a la ciudadanía con criterio, con recursos, con responsabilidad, sin demagogia, con argumentos de peso, que son muchos; se les debe convencer de que la relación coste beneficio es muy satisfactoria en el nuevo modelo energético porque, entre otros aspectos, se reduce notablemente nuestra factura eléctrica, se da vida a territorios vacíos - la España vacía-, con actividad económica que genera más impuestos locales, más empleo de calidad y de largo plazo, más formación, más industrialización, en definitiva, más riqueza en un país que lo necesita, y mucho.
Algunos de los anteriores argumentos deberían ser suficientes para que las Administraciones autonómicas y locales, las esenciales para tramitar y otorgar las autorizaciones administrativas necesarias, apoyaran sin reservas el crecimiento de las energías renovables, pero los tiempos que se toman actualmente para dichas tramitaciones demuestran que no es así. Sería necesario un acuerdo de Estado entre los partidos principales y todas las Administraciones para impulsar un plan agresivo que nos permita crecer rápidamente.
Otro de los grandes retos de 2022 será sin duda dar cobertura normativa a todo el modelo energético que acompaña al almacenamiento. Sabemos que es muy complejo, pero otros países nos llevan una importante ventaja y el almacenamiento será imprescindible para permitir una participación dominante de las energías renovables en el sector eléctrico español.
Sin una regulación clara, las inversiones simplemente no tendrán lugar. Confiamos en que la labor conjunta del Ministerio de Transición Ecológica, la CNMC, el OMIE, y REE de frutos en los próximos meses, y en este sentido es prioritario atacar tres frentes: el primero, es la habilitación de todos los servicios a prestar al sistema eléctrico, incluyendo mecanismos de balance y ajuste, mecanismos de capacidad, plantas híbridas y generación distribuida. El segundo es la definición clara y precisa de los procesos de tramitación de proyectos, su inscripción y adscripción territorial; y en tercer lugar, la gestión adecuada y bien diseñada de los Fondos de Recuperación para que sean una lanzadera fundamental para que en los próximos cinco años la tecnología del almacenamiento vea la luz y con ello su desarrollo industrial en nuestro país, una oportunidad que no podemos dejar escapar.
*** Domingo Vegas es presidente de Grupo Gransolar.