El Vía Crucis recorrido por la contrarreforma laboral del Gobierno culminó en un adacadrabrante fin de fiesta. La coalición social-comunista logró la aprobación de su proyecto legislativo con el supuesto voto erróneo de un diputado del PP a quien se negó el derecho a rectificar, violando lo establecido en el Reglamento del Congreso, y se impidió el acceso a la Cámara para votar presencialmente y deshacer el entuerto. Si esta lectura de los acontecimientos es la correcta, se estaría ante un pucherazo propio de lares en los cuales las reglas democráticas se vulneran cuando le interesa al Gobierno que, en este caso, no ha mostrado tener el mínimo pudor en ocultarlo.
Si lo aparente refleja la realidad, la contrarreforma del mercado laboral sería ilegal e ilegítima. No podría aplicarse y, en el caso de hacerlo, dará lugar a una catarata de acciones legales. En cualquier caso, se crea un clima de incertidumbre muy preocupante en un momento económico tan delicado como lo es el español en estos momentos. ¿Qué empresa va a contratar, etc., conforme a lo establecido en una normativa cuya viabilidad está en entredicho? España y su Gobierno han lanzado otra pésima señal a los mercados y al resto de los países de su entorno que son letales para su imagen y acentúan la muy precaria credibilidad en el país.
Ante este panorama, qué va a hacer o decir, por ejemplo, la patronal CEOE. Si antes se había convertido en cómplice de la derogación de la Reforma Laboral de 2012 al avalar una iniciativa que reduce la precaria flexibilidad del mercado de trabajo en perjuicio de la economía y de las empresas, ahora se transformaría en legitimadora-cooperadora de un golpe de mano antidemocrático si calla o mantiene su respaldo a la contrarreforma. Este es el precio a pagar, la tesitura diabólica originada por la ingenuidad o la alicorta estrategia de la organización empresarial, basada en la búsqueda del mal menor. Pero ahí no termina la historia…
¿Cómo podrá dar el plácet la Comisión Europea a una contrarreforma laboral que se ha sacado adelante conculcando derechos fundamentales y cuya ratificación parlamentaria violenta el correcto y deseable funcionamiento de un sistema democrático? Sería bastante hipócrita rasgarse las vestiduras ante la violación del Estado de Derecho causado por los proyectos de reforma de la justicia impulsados por los gabinetes de Hungría y de Polonia y mirar hacia otro lado ante el pucherazo dado por la coalición gubernamental para sancionar las modificaciones introducidas en la legislación laboral.
España y su Gobierno han lanzado otra pésima señal a los mercados y al resto de los países de su entorno que son letales para su imagen y acentúan la muy precaria credibilidad en el país
Con ser muy grave, el alterar la voluntad de la representación de la voluntad popular para sacar adelante la iniciativa gubernamental se suma a la riada de actuaciones emprendidas por la coalición gubernamental que han supuesto un severo deterioro de la seguridad jurídica y regulatoria en España y han generado una creciente incertidumbre que daña de manera significativa la confianza de los agentes económicos, internos y externos en la Vieja Piel de Toro. Nadie puede confiar en un Gabinete dispuesto a modificar las reglas del juego cuando sus intereses políticos lo demandan.
España se encuentra en la situación descrita por los Nobeles de Economía Edward Prescott y Kim Kydland en su Teoría sobre la Inconsistencia Temporal de la Política Económica, cuyo enfoque cabe extender a la acción de cualquier gobierno en cualquier otro ámbito. A saber, el gabinete de un Estado X anuncia un paquete de medidas Y. Los inversores, las familias y las empresas toman sus decisiones con la expectativa de que se ejecutará. Una vez lo han hecho y están atrapados, el Gobierno incumple sus compromisos para obtener ventajas a corto plazo. Cuando este comportamiento se repite una y otra vez, la capacidad gubernamental de ejercer una influencia positiva sobre el comportamiento de los agentes económicos desaparece.
Los chistes sobre el despiste, la frivolidad, la estulticia o cualquier otra calificación, probablemente merecida, acerca de la conducta del diputado del PP no son excusa ni pueden ser una cortina de humo para distraer a la opinión pública de lo fundamental. No se está ante un hecho excepcional o sorprendente, sino ante la ratificación de una línea de acción basada en la discrecionalidad del poder, en el ejercicio del axioma maquiavélico conforme al cual "el fin justifica los medios" y en el progresivo deterioro del marco institucional sin el cual una economía no puede crecer de manera sostenida.
