Un incremento del SMI se traduce en un aumento del coste laboral para las compañías derivado no sólo del alza del salario bruto, sino de las cotizaciones sociales. En ausencia de una mejora de la productividad de los trabajadores que perciben aquel, el encarecimiento del factor trabajo producirá ceteris paribus una disminución de las nuevas contrataciones y un aumento de los despidos de las personas a quienes la iniciativa gubernamental pretende beneficiar. En otras palabras, la subida del SMI tiene consecuencias radicalmente diferentes a las perseguidas por sus promotores.

El consenso de la literatura sobre la materia, recogido en un reciente trabajo por Neumark y Shirley publicado por el NBER avala esa hipótesis y extrae las siguientes conclusiones: primero, hay una clara preponderancia de los nocivos efectos de las subidas del SMI sobre el empleo frente a las positivas o las neutras. Segundo, hay evidencia de que las personas más afectadas son los jóvenes y los mayores de 45 años con especial incidencia sobre los menos formados. Tercero, el impacto adverso se acentúa en los sectores con salarios bajos.  

La subida del SMI tiene consecuencias radicalmente diferentes a las perseguidas por sus promotores

La vieja piel de toro no constituye una excepción. De acuerdo con las estimaciones del Banco de España, las elevaciones del SMI llevadas a cabo entre 2018 y 2019 habrían reducido el empleo neto de los colectivos afectados entre 6 y 11 puntos al final de ese último año. Esto se habría traducido en la pérdida de unos 180.000 puestos de trabajo. El Gobierno ha preferido ignorar esa realidad por nadie desmentida y ni siquiera se ha molestado en dar una mínima fundamentación económica a su decisión.

En una economía con estimaciones de crecimiento del PIB para 2022 sensiblemente inferiores a las proyectadas por el Gobierno; con un nivel de desempleo juvenil y de mayores de 45 años muy abultado, con una productividad en caída libre y con sectores tradicionalmente intensivos en mano de obra cuya actividad está muy por debajo de las previas a la pandemia y con un ritmo lento de recuperación, por ejemplo, la hostelería, el comercio o el turismo, la subida del SMI es una pésima idea que rompe cualquier criterio de racionalidad. Es sencillamente una muestra de demagógica ignorancia.

Por añadidura, la propuesta de la Sra. Díaz afecta de manera brutal a las pymes que constituyen el 98,8% del tejido empresarial español, cuyos costes laborales se verán incrementados de manera significativa por la combinación de la elevación de las cotizaciones sociales y el del SMI. Y esta dinámica alcista se produce en un contexto no ya de estancamiento sino de fuerte caída de la productividad de la mano de obra: un 6,6% respecto a la existente antes de iniciarse la pandemia. Pero ahí no termina la historia…

El incremento del SMI no afecta por igual a todas las empresas, ni a todos los trabajadores, pero tampoco a todos los territorios. En las autonomías cuya productividad es menor y, en consecuencia, su salario medio también lo es, el impacto adverso es superior al que se produce en las comunidades autónomas en donde ambas variables se sitúan en niveles superiores.

En las regiones con remuneraciones salariales más bajas, el efecto de las subidas del SMI realizadas en 2019 ya ha salido demoledor. A modo de ejemplo, conforme a los datos del INE, en Asturias, Canarias o Extremadura, la tasa de paro de las mujeres jóvenes es del 100%. 

Y, para terminar, menudo papelón el de la CEOE. Da su apoyo a la contrarreforma laboral e inmediatamente después, el Gobierno va a aprobar una reforma de las pensiones contraria a los intereses de las empresas y una subida del SMI. ¿Esto es evitar males mayores? Hay que ser pardillo, como diría un castizo.