En Borgen, la serie danesa de ficción de Netflix que narra las intrigas de la política de uno de los países más admirados en España por su alto nivel de bienestar, la primera ministra de Dinamarca, Birgitte Nyborg, se ve obligada a asumir importantes sacrificios familiares para sostener su Gobierno. Uno de ellos (atención spoiler) pasa por la renuncia de su marido a un puesto directivo en una empresa para evitar un conflicto de intereses en un contrato público con el Estado danés.
Esa 'muralla china' entre las decisiones del político y la actividad privada de sus allegados plantea muchas cuestiones jurídicas y morales sobre la ejemplaridad de los poderes públicos, que en España vive horas bajas desde hace años. Y es el muro que la dirección general del PP tendrá que demostrar que han cruzado los hermanos Ayuso si Génova aspira a ganar esta guerra.
La contratación pública en España está muy regulada. A diferencia de los contratos privados, en los que rige la autonomía de la voluntad del contratante, en el caso del sector público hay numerosos controles.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EP
Como representante de los ciudadanos, la Administración tiene la obligación de contratar siempre la oferta que reúna las mejores condiciones calidad-precio. Y para garantizarlo existen unos farragosos procedimientos -conocidos como burocracia-. Muy en resumen: cualquier gobierno autonómico que quiera hacer un contrato con una empresa privada debe sacarlo a concurso, otorgar puntuaciones a las propuestas y elegir la mejor.
Sin embargo, en este marco regulatorio existe un supuesto muy excepcional. Tanto como lo era hace solo dos años pensar en una pandemia. El Artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que se puede hacer una adjudicación directa con una tramitación de emergencia en caso de extrema necesidad.
Fue en ese contexto en el que se cerró el contrato con la empresa privada Priviet Sportive para comprar material sanitario en un momento de urgencia (abril de 2020). Esa sociedad está administrada por Daniel Alcázar, una persona que tiene una estrecha relación con el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, quien, además, ingresó una comisión por la operación. Ese cobro, según Isabel Díaz Ayuso, fue "legal" y está declarado a Hacienda.
Conocer los detalles básicos de la operación cerrada por la CAM no debería ser difícil para Génova. Aun en el caso de que fuera una tramitación de emergencia todo debe quedar documentado y por escrito para cumplir la ley.
Pero, además, hay otros puntos claves en este caso. Por un lado, el Artículo 64 de la citada Ley de contratos del sector público establece los mecanismos de prevención de conflictos de intereses. Un elemento por cuyo cumplimiento debe velar el órgano encargado de la adjudicación. En este contrato, parece ser la Consejería de Sanidad.
Mientras, el Artículo 71 de esa misma Ley establece que los altos cargos de la Administración estarán sometidos al régimen de incompatibilidades. En este caso, hay que acudir a la normativa de Madrid en la que se establece (Artículo 4) que todo alto cargo debe inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho intervengan familiares (incluidos los hermanos).
Fuentes consultadas consideran que demostrar que Isabel Díaz Ayuso no cumplió con estos puntos no será sencillo para los de Pablo Casado. Lo lógico es que la presidenta se inhibiera (al menos en la forma) para no caer en un flagrante incumplimento de la ley. Esto es una guerra y una cosa es sospechar que ejerció influencia y otra demostrar la corrupción. Y más después de un supuesto intento de espionaje por parte de Génova de dudosa legalidad. En política, no obstante, además del plano legal, también es importante el ámbito ético y moral.
Es curioso que el 'caso Ayuso' nos obligue a hablar de la ley de contratación pública justo cuando en España se van a cerrar el mayor número de contratos entre las Administraciones y todo tipo de empresas por cuenta de Next Generation EU.
Casi dos de cada 10 euros que se mueven en nuestro país pasan por la Administración. Es decir, la contratación pública representa el 18,5% de nuestro PIB, según el Observatorio de Contratación Pública.
En un país con 8.131 municipios, 38 diputaciones provinciales, 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, más un Gobierno con 22 ministerios el clientelismo siempre está bajo sospecha por la deficiente transparencia que caracteriza a nuestra Administración.
Este es uno de los males de España que en teoría íbamos a tratar de curar tras la catarsis de la pandemia. El motivo era la necesidad de reforzar los controles de los procedimientos de la Administración para que no hubiera problemas de gobernanza con los fondos europeos.
Para ello se aprobó el Real Decreto ley 36/2020 -convalidado en el Congreso, por cierto, con la extraña alianza del PSOE con Vox-. Esta norma permanece dormida desde hace meses dentro de un proceso de enmiendas,pero endurece los controles al sector público y refuerza la transparencia.
También es curioso que el caso estalle de este modo pocos días después de que el PP presentara una batería de preguntas en el Congreso para que la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, diera cuenta del posible "conflicto de interés" ante el cargo que ejerce su marido, Ignacio Manrique de Lara, como agente digitalizador adherido de Beedigital, una empresa que se dedica a gestionar fondos europeos para pymes con el Ministerio de Asuntos Económicos.
Habrá que ver en qué quedan todas estas acusaciones. Pero lo que sí parece muy claro es que la versión española de Borgen desmoraliza a cualquiera.
