La presentación de esa PNL fue una iniciativa constructiva y muy oportuna puesto que el sistema de etiquetas de la DGT se encuentra ya notablemente desfasado y es claramente ineficaz. Si de verdad queremos conseguir una movilidad más limpia en las ciudades, disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), principal causante del cambio climático, resulta absolutamente necesario hacer urgentemente una reforma inteligente de dichas etiquetas.

El propio Gobierno reconoció la obsolescencia de este sistema al decidir su actualización para adaptarlo a la evolución tecnológica, tarea que se incluyó como una de las medidas del Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción. Hacia una movilidad sostenible y conectada, presentado públicamente por Pedro Sánchez el 15 de junio de 2020. El Ministerio del Interior quedó encargado de dar cumplimiento a esa medida en el plazo de un año (julio de 2021).

Lamentablemente el Ministerio del Interior ha fracasado en el intento y ha incumplido este compromiso del Gobierno, decidiendo simplemente no hacer nada al respecto en lo que resta de legislatura, según declaraciones públicas del Director de la DGT, Pere Navarro.

Pero seguir manteniendo en vigor un sistema de clasificación ambiental de los vehículos que presenta importantes deficiencias es un grave error que frenará la introducción en el mercado de vehículos cero emisiones y por lo tanto impedirá avanzar en la descarbonización de la movilidad y redundará negativamente en la eficacia de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que se han de implementar por ley antes de 1 de enero de 2023.

Como refleja la citada PNL, uno de los grandes problemas del actual sistema de etiquetas de la DGT es que no tiene en cuenta las emisiones de CO2 que emiten los vehículos. Evidentemente, si no se incluye este parámetro clave en el sistema de etiquetado, las ZBE estarán condenadas al fracaso, ya que una de las misiones fundamentales de éstas es conseguir reducir las emisiones de CO2 del sector transporte-movilidad, tal y como determina el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Necesitamos un sistema de etiquetado ambiental de los vehículos que discrimine positivamente a los que realmente contaminan menos frente a los más sucios

Necesitamos un sistema de etiquetado ambiental de los vehículos que discrimine positivamente a los que realmente contaminan menos frente a los más sucios. Así pues, es imprescindible que el nuevo sistema de clasificación de los vehículos en función de su potencial contaminante incorpore un umbral de emisiones de CO2, de manera que para cada una de las categorías se han de cumplir tanto los requisitos de la norma Euro correspondiente como un determinado tope de emisiones de CO2, siempre medidos bajo el estándar europeo WLTP.

En coherencia con lo anterior, el nuevo sistema de distintivos ambientales debería reservar la etiqueta CERO a los vehículos que realmente son de cero emisiones, es decir con emisiones nulas in situ como son los eléctricos puros y los de pila de combustible.

Sin embargo, actualmente, se otorga esta etiqueta a vehículos eléctricos de batería (BEV), eléctricos de autonomía extendida (EREV), eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía de 40 km o vehículos de pila de combustible (FCEV). Se encuentran, por tanto, entre los vehículos de esta categoría algunos que pueden funcionar como vehículos de combustión interna y emitir CO2 y otras sustancias contaminantes en los lugares por los que circulan.

Otra de las grandes deficiencias del sistema en vigor de la DGT es la existencia de la confusa etiqueta ECO. Es un distintivo engañoso en el que se incluye a los vehículos a gas, que es un combustible fósil y que no contribuye a la descarbonización. Desde luego, no se puede calificar de ecológico a un combustible fósil.

También se consideran actualmente ECO los vehículos híbridos, incluso los de mayor peso y cilindrada, muchos de los cuales resultan menos eficientes que sus equivalentes con motor convencional de combustión interna.

En buena lógica, habría que sustituir el actual distintivo ECO, eliminando así la confusión que crea en la población y en los potenciales compradores de vehículos, e incorporar un nuevo distintivo D que permita distinguir a los vehículos de combustión interna más eficientes y menos contaminantes.

El Congreso de los Diputados tiene ahora en sus manos la importante labor de instar al Gobierno a que cumpla su compromiso de revisar el deficiente sistema en vigor de distintivos ambientales.

Lamentablemente, ante la negativa del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) de votar a favor de dicha PNL, finalmente se aprobó una enmienda transaccional totalmente “descafeinada”, a propuesta del GPS, que, obviando totalmente el tema de la reforma de las etiquetas, se limitó a instar al Gobierno a “seguir trabajando para que la implementación de las ZBE sea un éxito y asegurar la eficacia de las ZBE que se han de crear antes del 2023 en ciudades de más de 50.000 habitantes y para asegurar que [éstas] cumplen con la reducción de las emisiones de CO, tal y como establece el PNIEC”. En resumen, una oportunidad perdida para avanzar en una movilidad más limpia en nuestras ciudades.

*** Carlos Bravo, responsable de Transport & Environment, junto con Pilar Sánchez de Fundación Renovables, Carmen Duce de Ecologistas en Acción, Adrián Fernández de Greenpeace y Cristian Quílez de ECODES.