El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido ayuda al Ibex 35 por varias vías para buscar soluciones al impacto de la inflación en el bolsillo de consumidores, pymes y autónomos. Otra muestra más de su abrazo a la realpolitik.
El líder socialista llegó a la Moncloa proponiendo un impuesto sobre los beneficios de la banca para financiar las pensiones que tuvo que guardar en el cajón por su dudosa legalidad. Ahora, deja que sea su socia en el Gobierno, Yolanda Díaz, la que hable de aprobar un impuesto extraordinario a las eléctricas para financiar bonos sociales que ayuden a los españoles a pagar el consumo energético.
Sánchez está centrado en su quijotesca batalla en la UE y en intentar convencer a las eléctricas, las petroleras y las gasistas de que "arrimen el hombro" para ayudar a los españoles con los gastos que tienen que asumir al encender la luz, poner la calefacción o llenar el depósito. Un mensaje que también ha trasladado, a través de varios miembros del Gobierno, al resto del Ibex 35 a través de la CEOE.
La situación es crítica y en el ánimo de las empresas está el de ayudar o al menos atender a la petición del Gobierno y presentar propuestas conscientes, también, de que su reputación corporativa se puede ver muy dañada por esta crisis, como ya se ha encargado de recordar a las empresas de su sector, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
Sin embargo, entre los empresarios hay inquietud por la lentitud que está teniendo el Gobierno para dar respuesta a una situación que consideran de emergencia para la economía. Más allá de los gestos que puedan hacer las grandes empresas, es al Ejecutivo al que le corresponde presentar soluciones a la crisis de la luz, los combustibles, las movilizaciones de los transportistas o el campo y los paros que se están produciendo en la industria.
Tras la reunión que Sánchez, Ribera y Manuel de la Rocha mantuvieron el martes con Ignacio S. Galán (Iberdrola), José Bogas (Endesa), Josu Jon Imaz (Repsol), Francisco Reynés (Naturgy), José Manuel Entrecanales (Acciona) y Ana Paula Marqués (EDP), se espera ahora que las empresas presenten al Gobierno ideas para paliar los efectos de la subida de precios en los pequeños consumidores la próxima semana.
Pedro Sánchez recibe a los principales representantes de las empresas de energía en Moncloa. Moncloa
Algunas de estas empresas atenderán la petición por "responsabilidad" y porque saben que, si no, el Gobierno puede acabar imponiendo medidas dañinas para sus accionistas. Sánchez explicó que valorará todo tipo de gestos y puso como ejemplo de buenas prácticas las rebajas a los clientes que ya ha anunciado alguna de esas compañías.
Todo puede ayudar en un país que, como se está poniendo de manifiesto estas semanas, no tiene margen fiscal para dar una respuesta contundente a esta situación. Y, el poco que tiene, está comprometido en otros menesteres.
Un día antes de que Sánchez se reuniera con las energéticas, Nadia Calviño se citó con los agentes sociales. Y también pidió propuestas. Solo que, en este caso, Antonio Garamendi recordó a la vicepresidenta que el Gobierno tiene más margen que las empresas para actuar. Puso sobre la mesa el ampliar las moratorias del ICO durante seis meses o el rescatar 3.000 millones de euros que se quedaron sin utilizar del fondo de ayudas directas a pymes de 7.000 millones de euros que el Ejecutivo aprobó para la pandemia tarde y mal (a la vista de las dificultades con las que se encontró para ejecutar su importe).
Reunión de la vicepresidenta, Nadia Calviño, con los agentes sociales.
El Gobierno ya tiene el sentir de las empresas. Y éstas el del Gobierno. Pero la actitud impasible con la que Sánchez y sus ministros están asistiendo a la escalada de protestas en la calle ha desatado los nervios en el mundo empresarial.
El Ejecutivo mantiene su calendario: este jueves y viernes, 24 y 25 de marzo, Consejo Europeo. Una vez conocido el margen que Bruselas conceda a los países para intervenir o no el mercado eléctrico y adoptar otras medidas, se dedicarán tres días a recoger las propuestas que quiera hacer el sector privado y a preparar una batería de medidas de choque para el Consejo de Ministros del próximo martes, 29 de marzo.
Un día después, al Gobierno le gustaría que los agentes sociales anunciaran un acuerdo bipartito en el marco de la ANC (Negociación Colectiva) para contener las subidas salariales y detener así la espiral inflacionista.
De lograrse ese pacto, al Ejecutivo le gustaría salir de alguna forma en la foto. El problema es que los paros en la industria, y la "pesadilla" -en palabras de CEOE y Cepyme- que viven sectores como el campo o la pesca están impactando en el ánimo de esas negociaciones.
De ahí la petición a la desesperada que se lanzó este miércoles desde las dos patronales para pedir al Gobierno que anuncie sus planes para contener la crisis ya y no espere al próximo 29 de abril.
Si todo marcha como Moncloa tiene previsto, antes del 1 de abril, el BOE ya debería recoger las medidas del Gobierno para hacer frente a esta difícil coyuntura que, como ha advertido el Banco de España, nos "empobrece" a todos.
Habremos dejado atrás marzo, mes que cerrará con una inflación del 8,6%, según las previsiones de Funcas. Y el Gobierno -que presume de récord en recaudación fiscal- habrá conseguido llenar la hucha con los ingresos extra que están dejando a las arcas públicas los encarecimientos de la energía desde que se inició la invasión de Ucrania. Recuerden que solo en el IVA de los carburantes, se estima que ha ingresado hasta 300 millones de euros de más en un mes. El Gobierno también debe arrimar el hombro. Veremos si la semana que viene, demuestra que está dispuesto a hacerlo.
