En medio de otro shock -esta vez energético- que vuelve a tirar por tierra las predicciones sobre cómo va a evolucionar la economía en los próximos meses, Felipe VI entregó esta semana a Manuel Arellano el Premio de Economía Rey de España.
El conocido economista ha labrado su prestigio por sus estudios en el campo de la econometría y del análisis de datos. Y aprovechó su discurso en presencia del ministro José Luis Escrivá para hacer un llamamiento al sector público con el fin de que promueva -con confidencialidad- el acceso de los investigadores a los microdatos. Una valiosa información que atesoran organismos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el propio Banco de España.
Imaginen el valor de cruzar datos anónimos de las rentas de los contribuyentes o de la afiliación con los que incorpora, por ejemplo, el supervisor bancario en su Encuesta sobre préstamos bancarios para extraer conclusiones y ponerlas al servicio del Ministerio de Economía.
Felipe VI entrega el Premio de Economía Rey de España a Manuel Arellano en presencia del gobernador, Pablo Hernández de Cos.. EFE
Del mismo modo que en el sector privado, las grandes tecnológicas llevan años utilizando el Big Data y el Micro Data para afinar sus servicios y ser más rentables, con esa información, la investigación económica podría dotar a los políticos de mejores herramientas para gestionar los recursos públicos.
Esto significaría por un lado, utilizar mejor el dinero del contribuyente (ahí está el reciente informe del Instituto de Estudios Económicos que afirma que se podrían ahorrar 60.000 millones de euros sin dañar el Estado de bienestar solo con una gestión más eficiente del gasto). Y por otro, dotar a la opinión pública de herramientas fiables para examinar los resultados de las decisiones de los políticos.
Cuando viene un shock y hay que virar la política económica, contar con evidencia empírica y conclusiones claras sobre la efectividad de determinadas medidas o sobre las circunstancias que rodean a las personas afectadas por esas políticas puede ser de gran ayuda.
Esto nos ahorraría situaciones como la que describió en la serie de este periódico '100 Opiniones para salir de la crisis', otro economista premiado, el profesor García Montalvo que también reclamó una apuesta más decidida por la investigación económica. Se evitaría así que caer en situaciones como la recién vivida con la pandemia, cuando se elaboró una respuesta "en base a lo que hicimos en 2008 con alguna ocurrencia más".
En realidad, la reivindicación de Arellano es compartida por muchos economistas. La AIReF ha demostrado ser un instrumento valioso para avanzar, pero insuficiente porque no cuenta con los recursos necesarios para abarcar este ingente trabajo.
El pasado octubre, el gobernador del Banco de España intentó abrir este debate, cuando recogió la Gran Cruz al Mérito al servicio de la economía que el Consejo General de Economistas entregó a la institución que representa.
Pablo Hernández de Cos denunció que España va con retraso en este reto frente a otros países de nuestro entorno. Y para no quedarnos atrás en el desarrollo de una herramienta de conocimiento clave para el éxito de la política económica, reclamó utilizar partidas de los fondos europeos para reforzar la evaluación de políticas públicas. Y esto pasa por organizar mejor las bases de datos y contratar personal para que pueda hurgar en ellas con fines académicos.
"Los datos son también la materia prima que nutre el proceso de evaluación. Sin datos adecuados, de calidad, disponibles oportunamente y con la suficiente granularidad, una buena evaluación no es posible. En el sector privado se habla de la economía del dato. El sector público no puede quedarse atrás", advirtió De Cos.
Si se impulsara la evaluación de las políticas públicas con datos creíbles, se podría ayudar a rebajar la polarización
Pese a que este debate parezca cosa de académicos, si calara el mensaje en una sociedad como la española y se impulsara la evaluación de las políticas públicas sobre una base de datos creíble, se podría ayudar a rebajar la polarización.
En aquella intervención, el gobernador aludió al papel que la ideología tiene en las decisiones de políticas públicas. Y reconoció que no es posible evaluar determinadas nociones éticas que marcan el rumbo de un político a la hora de tomar decisiones.
Sin embargo, añadió, poner nota a esas decisiones con una evaluación rigurosa y basada en datos, ayudaría a los ciudadanos a elegir mejor qué votar. Y al mismo tiempo, podría servir como base para forjar consensos sobre qué reformas se deben realizar.
Para ello, claro está, hace falta una ciudadanía formada con educación financiera y una clase política que quiera firmar acuerdos. Eso no se compra con dinero europeo. Pero dar el primer paso para financiar esos exámenes a las decisiones que toman los políticos, puede ser un primer paso para abandonar las políticas cortoplacistas que consisten en pregonar un escudo social que cuando llega el siguiente golpe se rompe.
