Con la inflación en marzo en el 9,8% (a falta de que el INE confirme el dato el próximo miércoles) y sin visos de que baje de esos niveles al menos de aquí al verano, los sindicatos no pueden vender a sus bases la subida salarial que esperan. Pero las empresas tampoco pueden acometer en su conjunto el coste de subir los sueldos para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. De hacerlo, además, se generaría una espiral inflacionista muy dañina para España. Patronal y sindicatos son plenamente conscientes de esta encrucijada.

La energía es en buena medida la culpable de la alta inflación de nuestro país. Y España importa gas y petróleo. Así que lo que está ocurriendo en este momento es que se está produciendo una transferencia de riqueza desde la economía española a otros países, como explicaron muy bien el pasado jueves los economistas de BBVA Research.

Cortar la espiral inflacionista -que ya se ha iniciado, como indica que la inflación subyacente esté en el 3,4%- debe ser la prioridad de la política económica en España, un país que afronta un 2022 marcado por el estancamiento y bajo la amenaza de registrar trimestres de crecimiento negativo. 

Según las previsiones del Banco de España, la inflación media este año será del 7,5%. BBVA Research espera un 7%, CaixaBank Research un 6,8% y AIReF un 6,5%. Pero, por el momento, todos los organismos confían en que en 2023 esa presión inflacionista baje. Se habla, incluso, de una vuelta al entorno del 2,5%, cifra próxima con el mandato del 2% que tiene el Banco Central Europeo en su política monetaria.

El problema es que para que se alcance ese objetivo es imprescindible que los salarios no suban, ni por aproximación, al mismo nivel que los precios. Si lo hicieran, estaríamos en niveles de inflación en el conjunto del próximo año muy similares a los de 2022. Es decir, se agudizaría esa temida espiral inflacionista que tanto temen los economistas porque lo que hace es empobrecer a los ciudadanos españoles y mandar parte de su riqueza a los países a los que se compra la energía.

Si los salarios suben con fuerza este año, en 2023 estaríamos en niveles de inflación muy similares a los de 2022

¿Cómo lograr un acuerdo? La receta no es sencilla. Desde BBVA Research se considera que tomar como referencia la media anual de inflación subyacente (en marzo cerró en el 3,4%) puede ser una clave para amortiguar el golpe que supone para el bolsillo de los trabajadores este encarecimiento del coste de la vida y no cargar al conjunto de las empresas con una subida de costes que acabe provocando despidos o ceses de producción.

Porque en todas las crisis se profundizan las brechas y en esta crisis energética hay grandes empresas, como Mercadona, que han podido subir el salario de sus trabajadores un 6,5% este año. Pero muchas otras -y más en un país de pymes y micropymes- no están en condiciones de hacerlo.

De ahí que el acuerdo de la ANC sería deseable para ayudar a mantener la paz social y paliar daños. Si no es posible, lo que debería hacer el Gobierno es buscar un pacto de rentas con la oposición que incluya otro conjunto de medidas de calado para abordar el problema de la inflación.

Con las previsiones actuales -susceptibles de empeorar, por ejemplo, si la UE prescinde del gas ruso-, España recuperará su nivel de riqueza en términos de PIB prepandemia a mediados de 2023. Pero con el mismo dinero los españoles podrán comprar muchos menos bienes y disfrutar de menos o peores servicios. Y, además, si miramos a 2019 se habrán perdido cuatro años de crecimiento económico. 

Los sindicatos han pedido una subida salarial, rechazada por la CEOE, del 3,4% este año -cifra que coincide con la inflación subyacente de marzo-. Es posible que la patronal intente ajustar ese dato con una media anual que amortigüe la subida. Si los acuerdos que cerraron en pandemia o la reforma laboral fueron difíciles, el que viene ahora es una prueba de fuego para la negociación colectiva en España.