El impacto del impuesto de plásticos no reutilizables
La crisis energética suscitada por la guerra Rusia-Ucrania ha provocado que haya pasado prácticamente inadvertida la publicación en el BOE, el pasado 8 de abril, de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que supone la creación de dos nuevos impuestos a instancias de la Comisión Europea: una tasa sobre los envases de plástico de un solo uso y otra que grava el depósito de desechos en vertederos y la incineración. Si bien todo el contenido de la Ley ha entrado en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOE, ambos impuestos no lo harán hasta el 1 de enero de 2023.
El Gobierno de España pretende erigirse pionero, junto a Italia y Polonia, en la carrera hacia la reforma del sistema de fiscalidad medioambiental. El resto de países de la Unión Europea han retrasado esta fiscalidad considerando que el escenario para suscitar cambios para las empresas no era el más recomendable.
En este sentido, alguna de las principales asociaciones empresariales considera que podrá penalizar la competitividad española. Por ejemplo, en el caso de Reino Unido solo tributan aquellas compañías que hayan fabricado o importado 10 o más toneladas de plásticos en los últimos 12 meses, o que quizá, planeen hacerlo en el plazo de 30 días desde la entrada en vigor del nuevo impuesto, 1 de abril 2022. Por tanto, únicamente aplica a las grandes compañías.
El Gobierno de España pretende erigirse pionero, junto a Italia y Polonia, en la carrera hacia la reforma del sistema de fiscalidad medioambiental
A partir del 1 de enero de 2023 todas las empresas españolas se enfrentarán a un nuevo impuesto sobre plásticos no reutilizables; un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la utilización de envases de un solo uso que contengan plástico, tanto si están vacíos, como si contienen, protegen, o se utilizan para manipular, distribuir o presentar mercancías.
El objetivo es reducir en nuestro país un 15% la generación de residuos en 2030 respecto a los niveles de 2010, y nosotros estamos convencidos de que esta nueva normativa contribuirá a lograr este objetivo, ya que, el coste asociado que va a suponer la utilización de plásticos de un solo uso no va a poder ser soportado por las compañías.
En la práctica, la verdadera problemática para las empresas no radica en la cuantía del impuesto, ya que estamos hablando de un tipo proporcional de 0,45 euros los kilogramos de plástico no reciclado contenidos en los productos sometidos a tributación. El problema está en el trastorno operativo que supondrá para las pymes, empresas industriales, retailers y fabricantes de plásticos. Sin ir más lejos, el 99% del sector transformador está compuesto por micropymes.
En los próximos meses, veremos cómo se refuerzan los equipos de administración o se incrementa la búsqueda de consultoras porque la aplicación de este tributo conlleva importantes trámites. Los fabricantes estarán obligados informar de la cantidad y tipo de plástico de sus productos a los adquirientes de cara a las exenciones y, lo mismo ocurre con los proveedores, que deberán de conocer al milímetro la cantidad de plástico reutilizable que contienen sus productos.
De esta forma, a partir de la fecha señalada, todas las facturas deberán consignar los aspectos mencionados, además de que, todas aquellas empresas que estén trabajando con este material, deberán de nombrar a un responsable o representante que deberá ofrecer las explicaciones oportunas.
Otro aspecto que traerá importantes quebraderos de cabeza a los contribuyentes y que no deben perder de vista, es el impuesto análogo establecido por las diferentes normativas de otros países comunitarios, que, podría afectar a entidades que, en el marco de su actividad, envíen bienes a otros países de la Unión Europea, puesto que, aunque hasta el momento no han anunciado cambios, lo harán próximamente.
Por último y no por ello menos importante, será interesante ver la evolución de los precios de los plásticos reciclados, que algunos especialistas ya sitúan casi un 50% más caro que el material virgen; precio que de alguna forma acabará afectando a los consumidores.
Está claro que es más que necesaria una transición justa y garantizar la sostenibilidad del planeta. En el caso de España, a pesar de llegar con un ligero retraso ha dado un gran paso en la materia, pero no olvidemos que cada proceso lleva su tiempo y las empresas españolas aún están recuperándose de uno de los mayores baches de los últimos siglos.
*** Sonia Álvarez es directora de Fiscal de Ayming.