La mayoría de los estudios coinciden en que el precio del alquiler no debe ser superior al 30% de los ingresos totales. Sin embargo, en nuestro país la realidad es otra muy distinta. El informe Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2021, elaborado por Fotocasa e Infojobs, revela que el año pasado el español medio tuvo que dedicar el 40% de su sueldo bruto al pago del alquiler de su vivienda, cuando en los países de la OCDE la media es del 35,2%.

Este porcentaje se sitúa también muy por encima de la media registrada en países como Alemania (28%), Francia (29%) o Italia (34%). Y si vemos los datos por comunidades, la situación es aún más preocupante en algunas autonomías. Los residentes de las zonas más tensionadas como Cataluña, País Vasco, Madrid y Baleares destinaron cerca del 50% de sus ingresos íntegros al pago del alquiler de sus viviendas en 2021.

En consecuencia, la vivienda, principalmente entre los ciudadanos que viven en régimen de alquiler, representa, en promedio, el mayor gasto de los hogares en España y en el conjunto de la OCDE en todos los grupos de ingresos, por delante de la alimentación y la ropa, el transporte, el ocio, la salud y la educación, según datos del propio organismo.

El español medio tuvo que dedicar el 40% de su sueldo bruto al pago del alquiler, cuando en los países de la OCDE la media es del 35,2%

Y si hay un colectivo al que el problema del acceso a la vivienda golpea con especial fuerza es el de los jóvenes, donde la alta tasa de paro y la precariedad laboral dificultan aún más la emancipación.

De hecho, un 40% de los jóvenes de menos de 35 años aún vive con sus padres, una preocupante realidad que se ha incrementado tras la pandemia. El paso de la Covid-19 ha impactado muy negativamente en su situación laboral, dejando un mercado de trabajo cada vez más precario y estacional, y aumentando en casi 10 puntos porcentuales el desempleo de los jóvenes.

Así, España se mantiene como líder en paro juvenil de toda Europa, con una tasa de desempleo entre los menores de 25 años del 29,6% según Eurostat, muy por encima de la media de la eurozona, que se sitúa en el 13,9%. Con estos datos, se hace evidente que la situación de inestabilidad y precariedad laboral es el principal freno que impide a los jóvenes independizarse.

Esta circunstancia, unida a unos precios de la vivienda de compra que siguen creciendo por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, ha generado que la edad de emancipación o de compra de la primera propiedad se retrase.

En la misma línea, la última edición del Observatorio de Emancipación Juvenil, elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), recogía que una persona joven trabajadora tendría que destinar el 93% de su salario al alquiler si quisiera vivir de manera independiente sin compartir vivienda, superando ampliamente la recomendación de la OCDE de no destinar más del 30% del salario para garantizar la sostenibilidad financiera. En consecuencia, muchos jóvenes optan por la opción de compartir piso.

Una persona joven trabajadora tendría que destinar el 93% de su salario al alquiler si quisiera vivir sin compartir

De hecho, no es que los jóvenes no quieran comprar, sino que esa opción no les resulta viable atendiendo a su realidad. Del informe Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2021 (Fotocasa) se desprende que el 70% de los jóvenes tiene expectativas de vivir en una casa en propiedad en el futuro.

Sin embargo, la situación laboral y económica del 53% de los menores de 35 años les impide acceder a la compra de una vivienda y les hace optar por el alquiler. Los jóvenes desean poder acceder a una vivienda con la misma facilidad que lo hicieron las generaciones anteriores, pero la precariedad laboral y la dificultad para ahorrar para hacer frente a los costes de la inversión inicial de una hipoteca son un obstáculo para muchos de ellos.

Por ello, la introducción de un bono de vivienda para los jóvenes en la nueva Ley de Vivienda estatal, aprobada el pasado uno de febrero por el Gobierno, es una medida bien enfocada a ayudar a paliar la situación.

Estas ayudas directas al alquiler para los jóvenes de entre 18 y 35 años deben servir para reducir la edad de emancipación en España. Evidentemente, hay que seguir trabajando para ampliar el parque de vivienda social y aumentar la oferta de alquiler en el mercado, pero iniciativas como la del bono para jóvenes van bien enfocadas para, al menos, ayudar a paliar la situación en el corto plazo.

Encontrar una solución a los problemas de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, en España pasa por aplicar otras ayudas directas, fomentando una mayor colaboración público-privada e incrementando como decíamos el escaso parque de alquiler social, que supone el 1,1% del stock total, lo que sitúa a nuestra economía a la cola de los países de la OCDE en este campo.

Esta cifra contrasta con la media de otros países europeos como Países Bajos o Dinamarca, donde la vivienda pública en alquiler representa un 30% y 21% del parque total, respectivamente.

España se ha convertido en una de las economías avanzadas donde el arrendamiento de una vivienda se lleva una mayor parte de los ingresos, un problema que afecta de forma más grave a los segmentos más vulnerables de la sociedad y a los jóvenes. Por lo tanto, es responsabilidad de todos trabajar conjuntamente como sociedad para garantizar el acceso de un bien tan esencial como la vivienda a toda la población.

*** María Matos es directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.