Desde el púlpito de la sabiduría económica, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo ha acusado al gobernador del Banco de España de tener un "profundo desconocimiento" del mercado laboral y del sistema de pensiones. La causa de esta indignada reacción ex catedra es doble. Por un lado, la Sra. Díaz descalifica la propuesta del Sr. Hernández de Cos de realizar un pacto de rentas para evitar o paliar los efectos de segunda ronda sobre la economía originados por el alza de la inflación.
En otras palabras, evitar que los salarios públicos y privados, así como las pensiones se indicien a la inflación pasada, en vez de a la inflación subyacente prevista: el IPC excluidos sus componentes energéticos.
Por otro lado, a la dirigente comunista le ha indignado el moderado cuestionamiento por parte del Banco de España sobre los potenciales efectos de su contrarreforma laboral.
El antiguo instituto emisor de la Calle de Alcalá plantea que la aplicación de medidas similares a las introducidas por el Gobierno en otros países ha producido una menor creación neta de empleo; afirma que la mayor limitación de la temporalidad podría generar un aumento del paro como muestra la literatura existente sobre la materia y critica la restauración de la ultraactividad de los convenios (su vigencia tras su expiración) y la imposibilidad de que los de empresa puedan fijar salarios inferiores a los establecidos en los sectoriales y, por tanto, adaptarlos a la situación propia de cada compañía en función de la evolución del mercado.
El Banco de España plantea que la aplicación de medidas similares a las introducidas por el Gobierno en otros países ha producido una menor creación neta de empleo
El shock adverso de oferta causado por el encarecimiento de la energía a raíz de la guerra ruso-ucraniana ha elevado los costes de producción de unas compañías que en su inmensa mayoría no han recuperado los niveles de facturación y rentabilidad anteriores a la pandemia y se enfrentan a unas expectativas inciertas y, en cualquier caso, de desaceleración económica.
En este contexto, el ajuste de los salarios al IPC supone un aumento de los costes laborales y, por tanto, afectaría de manera negativa al empleo. Al tiempo, el diferencial entre el ritmo de crecimiento de aquellos y los de nuestros principales socios comerciales se traduciría en una apreciación del tipo de cambio real que reduciría la competitividad de las empresas dañando su capacidad exportadora.
Con un déficit y una deuda pública muy abultadas, la indexación de los salarios y de las pensiones a la inflación agrava esos desequilibrios y, en concreto, su componente estructural.
Si al alza de las remuneraciones del empleo público, 2%, se le suma una revalorización de las pensiones ligada a una tasa media de inflación del 7,5% en 2022, el aumento adicional del gasto público estructural sería de alrededor 11.000 millones de euros. Esto agudiza la insostenibilidad de la posición financiera del sector público y del propio sistema de pensiones. Es una irresponsable y una demagógica fuga hacia adelante cuya única explicación es el intento de cazar votos.
Las observaciones del Banco de España y de su gobernador son absolutamente consistentes con la teoría económica y la evidencia empírica disponible. Resulta comprensible que ello irrite a un Gobierno cuya política constituye una constante negación de todos los principios de racionalidad económica impresos en cualquier manual de introducción a la ciencia lúgubre.
Lo grotesco es la imputación de ignorancia al gobernador por parte de un político cuyas credenciales en ese terreno son ignotas
Pero lo grotesco es la imputación de ignorancia al gobernador, un economista con contrastado prestigio dentro y fuera de España, por parte de un político cuyas credenciales en ese terreno son ignotas. Es la fatal arrogancia del poder cuya osadía es la típica de quien no sabe nada.
El Banco de España es una entidad independiente del Gobierno, una de cuyas misiones es realizar un seguimiento de la economía española y alertar sobre los riesgos presentes y futuros que se ciernen sobre ella.
Faltaría a su misión y prestaría un pésimo servicio al país si, como por desgracia sucedió en una época no muy lejana, se convirtiese en una correa de transmisión de la voluntad del Gobierno de turno y, ahora, en una cámara de convalidación de su disparada estrategia económica.
De Cos ha devuelto al Banco de España su reputación y su credibilidad y el intento de empañar ambas es una batalla perdida. Con su ataque al gobernador y a la institución que preside, la Sra. Díaz ha realizado el mejor servicio a ambos: acreditar su independencia.
