Mediáticamente, este año se ha puesto el foco en la entrada de Luis Medina, el comisionista de las mascarillas, y la salida de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Pero más allá de detenernos en los nombres, convendría destacar que estos 14.567 millones de euros suponen sólo el 35% del total de la deuda pendiente de cobro, que escala hasta los casi 42.000 millones, de acuerdo con los datos de la última memoria de la AEAT publicada. Comparación que si la hacemos con los 23.922 millones de euros pendientes de cobro en vía ejecutiva, se deduce que la lista publicada contiene al 61% de la deuda pendiente una vez finalizado el periodo de pago voluntario.

Una de las principales deficiencias del listado, que ya fue puesta de manifiesto en su día por el Consejo General del Poder Judicial, es que no informa de cuál es el origen de las deudas, metiendo en el mismo saco a defraudadores y a quienes no han pagado, una vez vencido el período de pago voluntario, por imposibilidad de pago o insolvencia.

Por otra parte, tampoco se informa de cuál ha sido el motivo de la cancelación de las deudas, de quienes salen del listado. Y en este sentido, se debería distinguir entre las deudas completamente pagadas, las que se han pagado parcialmente, quedando la deuda pendiente por debajo del umbral de los 600.000 euros o las que se declaran fallidas por insolvencia definitiva e imposibilidad de pago.

En otras palabras, más que una lista de morosos, se trata de una lista de desahuciados económicos, de los que buena parte nunca pagarán sus deudas, o lo harán en una cuantía mínima, dado que casi el 30% de los deudores, que suman el 40% del total adeudado es de dudoso cobro, puesto que están en procesos concursales.

Más que una lista de morosos, se trata de una lista de desahuciados económicos, de los que buena parte nunca pagarán sus deudas.

Pero también conviene reconocer que se han producido avances notables a partir de la Ley de prevención del fraude aprobada el año pasado, como la bajada de su barrera de entrada desde el millón de euros hasta los 600.000 euros, y el añadido de los responsables solidarios de estas deudas impagadas. Cuestiones ambas que veníamos proponiendo los Técnicos de Hacienda desde la aprobación legal de la lista de morosos.

En el contexto de la situación económica derivada de la guerra de Ucrania, no es la primera vez que desde GESTHA hemos advertido que es necesario optimizar los recursos de que dispone la Administración tributaria en la lucha contra el fraude fiscal, en la que los Técnicos de Hacienda tenemos demasiadas veces las manos atadas. Situación que se da también en el ámbito de la recaudación.

Y es que será difícil mejorar la ratio de cobro de las deudas tributarias pendientes, mientras no se apruebe la devolución de las competencias retiradas inexplicablemente a los técnicos de Hacienda en el área de la recaudación, con lo que aumentarán sus responsabilidades, y contribuirían a reducir la deuda pendiente de cobro, fundamentalmente vinculadas a grandes empresas y fortunas.

Porque no olvidemos que en España, la ‘factura’ del fraude y la evasión fiscal carga 2.000 euros al año adicionales a cada uno de los ciudadanos cumplidores para mantener los gastos públicos –in crescendo para mitigar los efectos la crisis provocada por la pandemia y agravada por la guerra en Ucrania-, por la cuantía de los incumplidores que no pagan lo que les corresponde.

***Carlos Cruzado es presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha).