Un arrendador que tenga su piso alquilado porque viva en otra ciudad de manera temporal o porque tenga que completar su pensión para pagar una residencia para la tercera edad asumirá de su bolsillo ese coste. Un arrendatario que viva en un piso de lujo en una de las mejores zonas de Madrid o Barcelona se podrá beneficiar de la medida. 

Así que no compren la idea de que este tope a los alquileres está diseñado para proteger a los más vulnerables. Es una medida regresiva como la subvención a los carburantes para ayudar a llenar el depósito al que tiene coche 'dejando atrás' -en el argot del Gobierno- al que no lo tiene.

En España, hay un grave problema con los precios del alquiler en relación a los sueldos de los ciudadanos. Y corresponde al Estado dar una solución con una política de vivienda acertada.

Pero ahí está atascada la propuesta que el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, estuvo negociando con los grandes tenedores -los fondos buitre en argot gubernamental- para que estos cedieran al Estado 30.000 viviendas a un precio ventajoso. La idea era que fueran los poderes públicos los que subarrendaran a inquilinos vulnerables esas viviendas.

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A falta de soluciones, la política de vivienda en tiempos de inflación se centra, por el momento, en poner un tope a la revalorización de los alquileres con el IPC. El problema es que en un país de propietarios, como es España, la decisión puede salir cara al Gobierno.

Es elocuente ver el éxito que ha tenido Asval -la asociación que puso en marcha Joan Clos y ahora dirige con María Andreu- en sumar 4.000 asociados en media legislatura. La inmensa mayoría son particulares con pisos en alquiler, según sus datos. Alrededor de esta asociación, pequeños propietarios y grandes tenedores estudian pleitear contra el Estado por daños patrimoniales.

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Igual que en su momento asociaciones, como Adicae, unieron a afectados por las cláusulas suelo contra la banca, ahora los arrendadores estudian plantear una marcrodemanda contra otro enemigo común: el Estado, que se podría haber planteado ayudar a los inquilinos con una desgravación fiscal por el alquiler que compensara las subidas de precios. Pero, salía más barato pedir a los propietarios el esfuerzo.

El Estado se podría haber planteado ayudar a los inquilinos con una desgravación fiscal por alquiler. Pero, salía más barato pedir a los propietarios el esfuerzo

Cuenta uno de los afectados de Asval que cuando alquiló su piso asumió los gastos de calefacción central que ahora son más caros y el próximo invierno pueden subir aún más. Lo mismo les pasará a muchos con los gastos de comunidad, que se incrementarán por la inflación este año.

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Lo curioso es cómo se ha establecido que los propietarios puedan actualizar con una subida del 2% el alquiler de sus viviendas. Por un lado, se argumentó que era el objetivo de precios del Banco Central Europeo (cuando Christine Lagarde ha retrasado a 2024 el que la inflación vuelva a estar en el 2,3%).

Se eligió como altermativa al IPC, el Índice de Garantía de Competitividad (IGC) cuando marcaba un 2%. El problema es que cuando Pedro Sánchez anunció la prórroga de esta medida, ese índice ya había cambiado. En abril cerró con una variación del 4,05% por el efecto de la inflación.

Según los datos que maneja el sector, la rentabilidad por alquiler está en estos momentos entre el 3 y 4%. Ahora que los tipos de interés van a subir va a competir con la renta fija como activo conservador.

Si no hay seguridad jurídica, muchos optarán por vender y buscar otros activos. ¿Se solucionará así el problema que arrastra España de altos alquileres y bajos sueldos? Ya se sabe la respuesta. 

Pero como todo lo que va mal siempre es susceptible de ir peor, ahí está la preocupación de que tras la debacle de Andalucía y la apuesta por el gasto en Defensa que va a hacer el Gobierno, Yolanda Díaz e Ione Belarra exijan desatascar la ley de Vivienda.

El sector inmobiliario ya ha visto la factura que las andaluzas va a pasar al sector de la energía en forma de nuevo impuesto. Y como dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas pelar...

ATENTOS A...

La primera jornada de Fiscalidad de EsadeEcPol ha puesto de manifiesto que España no puede aparcar una reforma fiscal que esté basada en un buen diagnóstico, sea competitiva y no olvide ni el papel de la redistribución de los ingresos del Estado, ni la lucha contra el fraude.

El foro dirigido por el expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, Francisco de la Torre, reunió a expertos diversos como el director general del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca, la presidenta de la Comisión Fiscal de la CEOE, Pilar González de Frutos, o la coautora del libro blanco de fiscalidad, Olga Cantó.

Con los datos que se pusieron sobre la mesa, las desigualdades han ido en aumento en España desde 2008. El 50% de la población que menos tiene representa el 14% de la renta y pasa a tener un 17% después de las transferencias públicas. Un dato que según afirmó la investigadora Clara Martínez-Toledano muestra que hacen falta otro tipo de políticas publicas para redistribuir de verdad.