No dejan de circular estos días las fotos de Irene Montero y sus 'compañeras de viaje' en Nueva York. Algunos ponen el foco en su agenda en la Gran Manzana. Pero aun para quienes defiendan que esas reuniones eran por el interés del feminismo español, que una ministra del 15M luzca sus ratos ociosos en New York con dinero público mientras se pide a los españoles que se preparen para ser más pobres, tiene difícil venta.
Gobernar cuando hay que repartir riqueza o fondos europeos es muy fácil. Hacerlo cuando hay que repartir pobreza, muy difícil. Y el pacto de rentas es eso: distribuir el empobrecimiento entre los españoles para evitar que pierdan aún más poder adquisitivo en el futuro. Eso es lo que va a tener que hacer la coalición en los próximos meses: distribuir la pobreza de la forma más equitativa posible.
De ahí el interés de la vicepresidenta Nadia Calviño de incorporar a los agentes sociales en un pacto de rentas del que Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme están dispuestos a hablar, pero desde posturas muy diferentes.
Lo que va a tener que hacer la coalición en los próximos meses es distribuir la pobreza de la forma más equitativa posible
Los sindicatos han sido claros: viviremos un 'otoño caliente' en la calle (porque en muchas casas será 'más frío') si la CEOE no acepta subir los salarios.
La patronal -que está abierta a subirlos un 2 o 3%, pero no a activar la cláusula para una futura actualización de los salarios retroactiva- también ha sido clara. Un pacto de rentas pasa por repartir los sacrificios.
De ahí que su presidente, Antonio Garamendi, acudiera a la reunión con Calviño con un mensaje. Los empresarios solo se sentarán a negociar si el Gobierno quita "grasa" al gasto público. Exigen que baje el déficit y se contenga la revalorización prometida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios.
Su argumento -compartido por el Banco de España- es que para que sea justo, un pacto de rentas tiene que repartir el empobrecimiento de la sociedad española entre todos sin dejar de atender a los más vulnerables. Es decir, no se puede pedir solo sacrificios a los trabajadores y las empresas del sector privado -de las que más del 98% son pymes o micropymes-.
Nuestro país está importando inflación. La sociedad tiene que entender que la energía que consume procedente del exterior para ver la tele, conducir el coche o calentar su hogar es ahora mucho más cara. Y lo mismo está pasando con muchos alimentos.
La directora de gabinete de Irene Montero, Lidia Rubio; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez; y la portavoz de Podemos y asesora de Igualdad, Isa Serra.
Si el Gobierno optara por más gasto público -como pide Unidas Podemos- para frenar la inflación, el resultado de esa política sería utilizar los impuestos de los españoles para transferir riqueza al exterior, como ya está ocurriendo. Una política que nos haría más pobres aún en el largo plazo.
[Así pagamos más IVA y mandamos riqueza al exterior]
Calviño ha decidido abandonar el triunfalismo económico porque sabe que los españoles van a tener que hacer más esfuerzo para llegar a fin de mes (ya está ocurriendo).
Yolanda Díaz sigue anclada en la complacencia por la reforma laboral. Lejos de hablar de sacrificios, la titular de Trabajo se dispone a plantear subir de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional.
Es elocuente que entre los ocho ministros del Gobierno que estaban convocados al Ministerio de Asuntos Económicos este miércoles, según la agenda de Moncloa, solo uno fuera de Unidas Podemos: el ministro de Universidades.
Si la guerra en Ucrania no acaba, lo que viene a la vuelta del verano no se resolverá tirando de los Presupuestos.
Con el margen que le quede, el Gobierno podrá ayudar a los más vulnerables, pero lo notarán poco porque aunque tengan más dinero vía ayudas, todo lo que compren costará más.
Podrá subir las pensiones con el IPC, pero o lo compensa con medidas impopulares para equilibrar el sistema o Bruselas amenaza con recortar la próxima transferencia de fondos europeos.
Y la clase media, los autónomos o las pymes no podrán escapar a la pérdida de poder adquisitivo. Eso es la inflación que tanto temían los alemanes. Y eso es un pacto de rentas: repartir el empobrecimiento.
[¿Pacto de rentas? Cuidado con lo que pedimos. Por Daniel Lacalle]
De ahí que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya haya advertido que "no habrá pacto de rentas efectivo sin una reforma fiscal". Algo que contrasta con la decisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de aplazar esa reforma tributaria hasta que mejore la economía.
El conflicto en el Gobierno por el aumento del gasto militar podría ser solo un aperitivo de lo que está por venir si Calviño se empeña en liderar un pacto de rentas.
