En el Debate del Estado de la Nación el presidente Sánchez hecho varios anuncios para mitigar la crisis y el efecto de la inflación. Por tercera vez, ha anunciado unas medidas que ni combaten la inflación ni mejoran la situación de España.
Sánchez dice que la inflación es un problema global que no tiene nada que ver con él cuando en 2015 acusaba a Rajoy de "salir muy caro" a los españoles con una inflación del 1%. La inflación en España es superior, tanto la titular como la subyacente, a la media de la eurozona y a países vecinos como Portugal o Francia.
Tras el impacto inapreciable de su medida "estrella" (el 'tope del gas') ha anunciado un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas y petroleras y a las empresas financieras.
Acusar a las empresas financieras de "aprovechar la subida de tipos" para ganar más dinero es más que sorprendente cuando a cierre del primer semestre no se ha implementado esa subida de tipos ni hay evidencia alguna de aumento de beneficios extraordinario. Pero, sobre todo ¿Se les va a compensar por las pérdidas generadas cuando los tipos eran negativos?
Mirando a los resultados de las eléctricas vemos que su margen bruto en España ha caído en el primer trimestre de 2022 y los bancos se han recuperado gracias a sus actividades en el exterior. ¿Quién va a invertir en España si sabes que si ganas dinero te lo expropian y si pierdes dinero también?
Impuestos aleatorios a un sector u otro y según supuestos beneficios porque lo decida el Gobierno es una idea equivocada y peligrosa que va contra la neutralidad fiscal la ponga quien la ponga. Impuestos que, como siempre, recaudarán menos de lo estimado y supondrán mayores costes para los consumidores.
La historia de España y del mundo demuestra que estos impuestos siempre redundan en mayores costes a los usuarios. Si subir impuestos a las empresas redujese la inflación, Argentina no tendría alta inflación y escasez.
Si subir impuestos a las empresas redujese la inflación, Argentina no tendría alta inflación y escasez
El argumentario es inaceptable: Cuando una empresa pierde dinero no puede despedir, debe invertir igual y pagar más impuestos y cuando gana dinero viene el sector político, que no ha creado una empresa en su vida, pero casualmente sabe exactamente cuál debe ser el margen de un negocio cíclico, para expropiarlo.
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El resto de las medidas son cosméticas o repetidas de sus "planes anteriores" y son más inflacionistas ya que suponen más gasto, deuda y con ello mayor consumo de reservas monetarias (imprimir moneda).
Bonificar el 100% de todos los abonos de transporte de cercanías y media distancia operados por Renfe desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año tiene un impacto irrelevante cuando un salario de 21.000 euros va a perder poder adquisitivo por más de 2.000 euros este año. Además, le deja parte del problema a las comunidades autónomas argumentando que espera "que las comunidades puedan complementar estos esfuerzos".
Finalmente, el presidente ha avanzado la construcción de 12.000 viviendas públicas que es una promesa irrelevante cuando muchas licitaciones de obra pública están saliendo desiertas desde hace un par de meses porque la subida de costes hace inasumible el contrato para las empresas.
Las familias españolas están gastando unos 300 euros mensuales adicionales en productos básicos por el aumento de precios. El consumo medio de un hogar español es un 16% más alto que hace un año para los mismos bienes y servicios.
El Gobierno sigue acumulando ingresos récord, mientras familias y empresas sufren una doble subida de impuestos
En vez de bajar impuestos a las familias y empresas, deflactándolos a la inflación, el Gobierno sigue acumulando ingresos récord, mientras familias y empresas sufren una doble subida de impuestos, la inflación y las subidas nominales ya anunciadas.
Será otro anuncio sin gran impacto. Como ha ocurrido con los otros dos planes anunciados, no se ejecutan y se pierden en el titular. Atrás queda su plan de 16.000 millones de euros que no se ha ejecutado, su plan de 9.000 millones y esas ayudas a los damnificados del volcán de La Palma olvidadas.
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Dice el presidente que se va a “dejar la piel para defender a la clase trabajadora de este país“ pero no se consigue al negarse a deflactar los impuestos, imponer más trabas a la mejora de la oferta y la seguridad de suministro y hundir sus ahorros -muchos invertidos en bolsa- al destruir la cotización de las empresas en las que están la mayoría de los planes de pensiones.
Además, una crisis diplomática innecesaria con nuestro suministrador de gas más importante, Argelia, nos ha llevado por primera vez en décadas a tener a Rusia como segundo mayor suministrador y encarecer aún más nuestras facturas.
Ante una crisis como ésta, el Gobierno debería estar incentivando la inversión y la mejora de seguridad de suministro, no poniendo trabas, y debería estar reduciendo impuestos a familias y empresas para mitigar el impacto de la inflación.
Bajar impuestos no aumenta la inflación, primero porque es devolver algo de su propio dinero al que lo gana, segundo porque no supone más unidades de moneda en el sistema, y, tercero, porque ahogar al sector privado es la peor forma de enfrentarse a una crisis cuando todavía hay 70.000 empresas cotizando menos que en diciembre de 2019.
Negarse a deflactar los impuestos a la inflación supone entre 300 y 700 euros adicionales anuales de mayores impuestos a un salario medio español incluyendo impuestos indirectos. Anunciar planes sin impacto real no es la solución. Hay que apoyar la subida de tipos y retirada de estímulos del BCE y poner más énfasis en reducir gasto improductivo mientras se deflactan los impuestos y se liberaliza la economía para fortalecer las cadenas de suministro.
