“Necesitamos un acuerdo para que de una vez por todas en España los ricos paguen lo que les toca”, acaba de sentenciar a ese respecto la ministra Belarra. Apelación a la necesaria progresividad de los impuestos y la mayor carga a soportar por los que obtienen ingresos superiores que, por lo demás, abunda en una prosaica obviedad moral fuera de mayor discusión.

Bajando al terreno de lo concreto, Podemos postula, por ejemplo, que las rentas superiores a 120.000 euros pasen a verse gravadas con un tipo marginal del 48% en el IRPF, frente al 45% actual. Bien, nada que objetar. Al contrario, esos tres puntos de incremento pudieran resultar susceptibles, siempre en teoría, de reequilibrar de un modo estadísticamente significativo los muy obscenos niveles de desigualdad que caracterizan la distribución de la renta en España, niveles que nos alejan de los propios de Europa Occidental, nuestro espacio socioeconómico de referencia, para alinearnos con los característicos de un lugar como Estados Unidos, donde la asimetría en el reparto de la riqueza resulta mucho más extrema. Aunque, claro, todo dependería de cuántos, en números redondos, resultasen ser los contribuyentes en España que obtuvieran ingresos anuales de, como mínimo, esos 120.000 euros.

Un dato, por lo menos aproximado, que no resulta difícil de obtener, pues la Agencia Tributaria ofrece ese tipo de información en abierto a quien desee consultarla. En concreto, y según cifras oficiales de 2018, las últimas publicadas, los obligados a declarar que ingresaron entre 150.000 euros anuales y 601.000 euros fueron exactamente 106.695 contribuyentes, el 0,51% del total (los que, por su parte, ganaron más de 601.000 euros sumaron 11.907 personas, el 0,06%).

Casi nadie, vaya. Y cuando se le suben los impuestos a casi nadie, el incremento de la recaudación tiende a acercarse a casi nada. En el otro extremo, en fin, los que en el mismo ejercicio generaron rentas máximas de 12.000 euros fueron el 31% del censo fiscal. Estamos hablando de casi uno de cada tres españoles mayores de edad y económicamente activos.

Una realidad, esa, insólita en la Europa desarrollada si bien muy similar a la propia de Estados Unidos, donde grosso modo la mitad de la población adulta, en torno a 122 millones de personas, ingresa una renta media anual de 18.500 dólares. No, no me he equivocado con la cifra. En torno a la mitad de los norteamericanos gana, antes de impuestos y transferencias, un promedio de 18.500 dólares al año.

Hay en España una parte de la derecha, que ahora mismo ya es casi toda, que comparte una fe muy cercana a la del piadoso carbonero a propósito de que los impuestos constituyen la gran piedra filosofal que encierra el secreto de la rápida solución a todos los problemas económicos que arrostra el país. Y también hay en España una izquierda, que igualmente comienza a ser casi toda desde las novedades anunciadas por el presidente la semana pasada, que piensa exactamente lo mismo, esto es, que los males estructurales que se reflejan periódicamente en los principales indicadores del cuadro macroeconómico hispano, todos ellos, encontrarían pronto alivio apelando a milagrosos bálsamos fiscales.

Los impuestos constituyen la gran piedra filosofal

Huelga decir que la derecha anda convencida de que arreglaría España bajando los impuestos, mientras que la izquierda barrunta que lograría idéntico propósito por la vía de subirlos. Y en esas, pues, estamos. En cualquier otro país de la Eurozona, eso, el recurrente debate fiscal entre izquierdas y derechas, remite a una discusión ideológica acerca de la mayor o menor justicia en el reparto del excedente productivo generado de forma conjunta por todos los habitantes de un territorio soberano.

Aquí, en cambio, tanto a diestra como a siniestra se empeñan en atribuir al sistema tributario la clave explicativa la mayor o menor eficiencia en el funcionamiento del propio sistema económico. Lo nuestro es un fetichismo fiscal compartido por el arco parlamentario al completo, desde la derecha más bizarra a la izquierda más iconoclasta.

Un fetichismo, por lo demás, ajeno a cualquier verificación empírica. Porque hay por ahí sitios con impuestos altos a los que les va muy bien, véanse por ejemplo los países nórdicos. Pero es que también los hay con impuestos bajos a los que igual les va muy bien, repárese sin ir más lejos en Suiza.

Como existen otros, muchísimos además, que resultan ser absolutos desastres con himno y bandera pese a presentar presiones fiscales ridículamente minúsculas, así Sudamérica en bloque. Hay, pues, de todo. Y es que nuestra específica tara diferencial, la española, no apunta ni a los ricos ni a la clase media. Al cabo, si el problema fuesen ellos, los ricos, todo se resolvería con solo subirles los impuestos.

Pero ricos, ricos de verdad, hay el mismo porcentaje aquí que en Francia. Y Francia no es, ni de lejos, un país tan desigual como España. Lo mismo, en fin, cabría decir de nuestras respectivas clases medias. El problema, nuestro particular problema, son los trabajadores pobres. Porque tenemos muchos, demasiados, tantos que son ellos los que desquician nuestro Índice de Gini en relación a la Europa del Norte. De ahí que la extrema desigualdad española requiera para ser corregida de verdad un cambio radical en el modelo productivo, no un cambio radical en el modelo fiscal. Y de eso, sospecho, Podemos no tiene nada que aportar. Nada de nada.

*** José García Domínguez es economista.