Asimismo, el índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero se situaba en un nivel de 52,6 en junio -1,2 puntos menos que en mayo-. Ambos indicadores adelantados incrementan la probabilidad de un frenazo de nuestra economía tras el tirón del turismo durante este verano.

Rusia no supone un mercado muy importante para la economía española, ya que representa menos del 1% de las exportaciones españolas de bienes y alrededor de un 2% del gasto realizado por los turistas extranjeros.

La importancia económica de Rusia está en el poder de mercado que tiene sobre ciertas materias primas. Rusia es un proveedor clave no sólo de petróleo y gas, sino también de trigo, metales y fertilizantes. Es el segundo exportador de cobalto, uno de los elementos clave para la fabricación de baterías recargables. También es el segundo proveedor mundial de vanadio, que se utiliza en el almacenamiento de energía a gran escala y en la fabricación de acero.

El país es el sexto exportador de oro, con el 4,4% de la oferta mundial, y el décimo proveedor de plomo. Rusia, además, representa el 10% del suministro mundial de níquel, que se utiliza para fabricar acero inoxidable y baterías de vehículos. Las exportaciones rusas de platino representan el 12,3% del suministro mundial, y las de cobre el 3,5% de la demanda mundial. Finalmente, el país es el cuarto exportador mundial de tungsteno y también suministra cantidades menores de manganeso (que se utiliza en la fabricación de vidrio, latas de bebidas y el pigmento de pintura) y zinc (utilizado en la fabricación de carrocerías).

Rusia es un proveedor clave no sólo de petróleo y gas, sino también de trigo, metales y fertilizantes

Aunque España no es tan dependiente del gas y petróleo ruso, el principal impacto para la economía española procede del fuerte encarecimiento de la energía. Desde que se inició el conflicto bélico los precios de los carburantes han seguido una tendencia al alza y el aumento en el coste de transporte es especialmente negativo para los sectores abiertos a la economía mundial, como la industria y el turismo.

En España, gracias a la “excepción ibérica”, el tope al gas está conteniendo la escalada de la luz en alrededor de un 20% en su primer mes de vigencia. Sin embargo, los precios de la energía permanecen en niveles inimaginables hace unos meses y mientras dure el conflicto se mantendrán elevados. De hecho, en el mercado de futuros precios previstos del gas se sitúan por encima de 90 euros Mw/h para 2023.

La situación además se está recrudeciendo, ante el cada vez más posible corte del suministro de gas por parte de Rusia. Si llegamos a desabastecimiento en los mercados de gas, importantes para los países del este europeo, existe riesgo de que las cadenas de producción tengan que parar. El frenazo de la economía va a ser inevitable. Cada día que pasa parece más difícil que el crecimiento en 2022 alcance el 4,2% previsto por el Gobierno en sus últimas estimaciones.

La situación es similar en el resto de países de la UE. De ahí la actuación coordinada de acciones entre todos los países para restringir el consumo de gas ante la crisis energética y reducir así los riesgos de un desequilibrio entre suministro y demanda. Manteniendo el suministro a empresas de sectores prioritarios (salud, seguridad, defensa, farmacéutico, químico…) y buscando alternativas al gas cuando sea posible.

Se generalizan las medidas para limitar el uso del aire acondicionado y la calefacción, fomentar el ahorro y la eficiencia energética, la movilidad sostenible en transporte público y el uso de otras fuentes de energía por las industrias. Todos los países están trabajando en sus planes de contingencia en caso de que falte el suministro energético este próximo invierno.

Este “sálvese quien pueda” puede a corto plazo retrasar la transición hacia una economía sostenible y no alcanzar los objetivos climáticos para 2030. Alemania retrasa el cierre de una serie de centrales eléctricas de carbón y petróleo por no tener centrales nucleares. Francia pone en marcha nuevos planes para desarrollar la energía nuclear, prepara la reapertura de una planta de carbón como reserva para el invierno, y nacionaliza su gran energética, EDF, poniendo en marcha la llamada "soberanía energética" que otorga al Estado poderes sin precedentes para decidir cómo explotar las infraestructuras gasísticas francesas en caso de crisis de suministro.

En la emergencia bélica actual, la UE podría incluso llegar a proponer que España y otros países con el gas garantizado consuman menos para suministrar a Alemania. Todo para evitar que la eurozona entre en recesión en el segundo semestre. En un contexto de aumento de los tipos de interés por el BCE para pinchar la escalada de los precios, enfriando la recuperación económica ya amenazada por la guerra.

Y de temor a una nueva espiral de las primas de riesgo, por la finalización del programa de compras de deuda. Por ello, el Eurogrupo ha decidido limitar el apoyo público a las familias y empresas vulnerables, en una senda hacia una política fiscal prudente, con el pacto de estabilidad y crecimiento suspendido y pendiente de ser reformado.

En definitiva, nos adentramos a una "economía de guerra”, con riesgos de desabastecimiento energético, que requiere compromiso de todos: Gobiernos, empresas y ciudadanos para repartir de forma equitativa las consecuencias económicas de esta crisis. En un mundo cada vez más peligroso, con un conflicto bélico que se prolonga sine die y con dos bloques geopolíticos claramente definidos tras la reciente cumbre de la OTAN.

*** Mónica Melle Hernández, Consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM