España es un país de propietarios que envejece. Según un informe de la mutualidad de la abogacía y el IE (marzo de 2021) el 45% de las familias españolas tienen inversiones inmobiliarias más allá de su vivienda habitual. El 76% de las familias viven en casas que son de su propiedad y el 80% de sus ahorros van al ladrillo, frente al 60% de Alemania.
La pirámide de población española indica que los mayores de 65 años eran el 19,77% en diciembre de 2020, y el 20,09% en diciembre de 2021 y subiendo. Los jubilados rondan los 9 millones y aumentando.
Los partidos lo saben. Por eso el Gobierno ha indexado las pensiones a la inflación. Es una maniobra social y electoral a la vez. Un intento de fijar votos a favor del Gobierno Sánchez.
De hecho, se calcula que el 61% de los mayores de 65 años votan partidos clásicos de centro-derecha o centro-izquierda (PP 36% Y PSOE 25%) y sube al 70% si se añaden los partidos nacionalistas. Puede decirse, en ese sentido, que son conservadores.
Conservadores porque tienen algo que conservar: su patrimonio. Conservarlo para ellos y sus herederos.
El 61% de los mayores de 65 años votan partidos clásicos de centro-derecha o centro-izquierda. Son conservadores
Según la encuesta financiera de las familias del Banco de España (2019) los mayores de 65 años acumulan más patrimonio que los otros rangos de edad.
Patrimonio que no sólo acumulan para ellos. Las familias españolas suelen tener solidaridad intergeneracional.
Uno de los aspectos de esa solidaridad es la formación de las siguientes generaciones. Las familias españolas quieren preparar a sus hijos para el futuro y gastan parte de su renta en ello.
El otro aspecto es la herencia y la ayuda de los mayores a la consolidación del patrimonio de los más jóvenes. En particular la compra de la vivienda habitual. A veces por el total de la inversión, otras de manera significativa.
De manera que los mayores de 65 años deberían ser sensibles al impuesto de Patrimonio y al de Sucesiones y Donaciones.
De ahí la importancia electoral de ambos impuestos. Impuestos competencia de las comunidades autónomas. También los ayuntamientos tienen impuestos que recaen sobre las propiedades inmobiliarias (el IBI y tasas de diverso tipo).
En las últimas elecciones autonómicas de Madrid ganó Ayuso. Seguro que la bonificación de esos dos impuestos al 99% y la defensa de la educación concertada decantaron parte del voto. Sin quitarle importancia al carisma de la candidata, un examen racional de los intereses de su electorado arrojaría esa conclusión. En las andaluzas, probablemente también.
Parece que las próximas elecciones serán las autonómicas y municipales de mayo de 2023. Sus Gobiernos son responsables de esos impuestos y del tramo autonómico del IRPF. El debate sobre este tipo de impuestos interesará a la población de más de 65 años.
Por eso, este debate podría ser importante en comunidades autónomas con mayor riqueza y en las que los patrimonios están distribuidos. Por ejemplo en la Comunidad Valenciana, la balear o la murciana, Madrid, las Castillas, Galicia… Territorios mesocráticos de clases medias y burguesas, pequeños y medianos empresarios, agricultores, autónomos, profesionales, propietarios, trabajadores … Cuanta más edad tenga la población, más importante el debate. La más envejecida es Asturias, también Galicia, después Castilla y León.
El debate sería también decisivo en Euskadi y Cataluña si no mediase el factor nacionalista-independentista.
De manera que los programas electorales de las elecciones de mayo deberían fijar posición en este aspecto.
¿Y el efecto entre las otras capas de la población? Dependerá.
Al fin y al cabo, muchos jóvenes y maduros están insertos en familias. Familias de las que esperan recibir ayuda y herencias. Por otra parte, a partir de cierta edad empiezan a tener patrimonio y tiene propiedades inmobiliarias sujetas a esos impuestos, al IBI, a las tasas municipales… Es cuestión de analizar el electorado y su posición.
Lo seguro es que un debate sobre los impuestos de Patrimonio y Sucesiones no sería inútil. Salvo que los partidarios de suprimirlos o bonificarlos al 99% se avergüencen de sus convicciones. En Madrid y Andalucía no lo hicieron y los resultados están ahí.
*** J. R. Pin es profesor del IESE.
