Los fondos europeos no acaban de despegar. El último jarro de agua fría para el Gobierno ha sido la renuncia de Ford a participar en el PERTE del automóvil por no encajar con los plazos de su plan empresarial.
Aunque el paso atrás del gigante estadounidense ha sido muy sonado, lo cierto es que este no es el primer plantón al dinero europeo que se reparte en España por parte del sector privado. Según datos de AIReF, el 10% de las licitaciones de contratos públicos con cargo a los fondos europeos han quedado desiertas.
En su último Informe de seguimiento de Next Generation EU, la CEOE advirtió que es posible que esta falta de interés por participar en los proyectos vaya en aumento. El motivo es que la inflación, la incertidumbre que acompaña a esta subida de los precios y la "escasa dotación presupuestaria" no hacen atractivas las convocatorias para las empresas.
Los empresarios siempre buscan rentabilidad. Y seguridad jurídica. Esta última se iba a configurar en el famoso decreto 36/2020 que sigue dormido en el Congreso ante la falta de un acuerdo político.
[El bloqueo a la ley que regula los fondos europeos amenaza con retrasar el reparto]
En septiembre, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) volverá a actualizar las cifras de ejecución de los fondos europeos.
Los últimos datos de junio muestran que la "velocidad de crucero" que prometió Nadia Calviño está lejos de conseguirse. Solo se han ejecutado un 9% de los fondos asignados para este año. Esto es, 2.620,3 millones de euros.
Una cifra que pone en evidencia el resbalón de este Gobierno con la gestión de Next Generation EU. Con la cesta de la compra disparada y el recibo de la luz sin dar tregua, al Ejecutivo le hace falta como agua de mayo dar salida a este dinero para que se note en la economía.
A Sánchez le gustaría gastar antes de abandonar la Moncloa otros 23.840 millones en 2023
En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya se dotaron 28.246 millones de euros -que en su mayoría se quedaron sin utilizar-, en los de este año, otros 25.156 millones y a Pedro Sánchez le gustaría gastar antes de abandonar la Moncloa otros 23.840 millones en 2023. Para ello, necesita involucrar a las empresas. Pero también al PP.
Aunque la batalla política no permita reconocerlo en público, el Gobierno parece haberse dado cuenta de que fue un error no contar más con las comunidades autónomas en el diseño del Plan de Recuperación.
Prueba de ello es que para la preparación de la adenda al Plan de Recuperación que Calviño quiere enviar a Bruselas en la segunda mitad del año, el Gobierno va a tender la mano a los gobiernos autonómicos para contar con sus propuestas.
De hecho, la vicepresidenta ya ha enviado una carta a las comunidades autónomas para "fomentar su participación" en este nuevo documento.
La misiva ha sido recogida en las comunidades del PP con escepticismo. "Esperamos que no esto no se quede en un 'road show' de Calviño para hacerse la foto con los consejeros y realmente, nos escuchen", señalan en el entorno del Partido Popular.
Que los dos grandes partidos alcancen un acuerdo para gestionar los fondos es otra de las demandas de las empresas. Tanto es así que la CEOE ha pedido públicamente al Gobierno que cuente más con los agentes sociales y las comunidades autónomas para elaborar un 'plan de país' y no un plan que represente solo los intereses de este Gobierno.
Se está demostrando que la idea de aglutinar en la Moncloa la gestión de Next Generation EU fue un error.
De hecho, en el citado documento de la patronal se advierte que "la excesiva centralización de las convocatorias en el Gobierno de España impide la agilidad y adaptación de su objeto a la realidad de cada territorio".
La 'cogobernanza' no funciona en España ni siquiera cuando están en juego 70.000 millones de euros en un momento crítico para la economía. El riesgo de que el 'maná europeo' pase a la historia como otra oportunidad perdida no es bajo.