Una urgente revisión y reducción de gasto público

Lo que debería haber sido un esfuerzo fiscal coyuntural para paliar los efectos de la pandemia en hogares y empresas, se ha convertido en consolidación del gasto público.

La invasión rusa de Ucrania, ha servido de nueva excusa para justificar la expansión de gasto público para 2023, donde alcanzaremos un techo de gasto de 198.221 millones de euros, fiando la reducción del déficit público exclusivamente al crecimiento económico.

El Gobierno prefiere no actuar y declararse insumiso en la sostenibilidad de las cuentas públicas, incapaz de comprender que la excelencia en la gestión pública no se alcanza gastando cada vez más, sino gastando mejor y maximizando la utilidad de unos recursos finitos que salen de bolsillos de empresas y familias. Ahí es donde un Gobierno demuestra su altura.

La excelencia en la gestión pública no se alcanza gastando cada vez más, sino gastando mejor y maximizando la utilidad de unos recursos finitos

La deuda pública española registró en junio un nuevo volumen récord de 1,47 billones, 272.500 millones más que en junio de 2018, y con un déficit previsto para este año del -5%, con previsibles revisiones a la baja en crecimiento, estancamiento en nuestros vecinos europeos y una crisis energética de incierto impacto si Rusia cierra el abastecimiento de gas a Europa.

España no recuperará los niveles previos a la pandemia hasta finales de 2023 con una inflación media esperada del 8,5% que presionará el año próximo las cuentas públicas vía actualización de pensiones y salarios públicos. Cada punto que sube la inflación se incrementa el gasto en pensiones entre 1.500 y 1.700 millones de euros y cada punto que se suben los salarios públicos suponen 1.400 millones de euros adicionales.

El crecimiento en la recaudación a consecuencia de la inflación ha empezado a dar señales de agotamiento, tal y como siempre sucede en el medio plazo tras el incremento inicial. En el último trimestre de 2021, el incremento de la recaudación de la Agencia Tributaria fue de 10.367 millones más que en el último trimestre de 2020.

Este año, el ritmo de crecimiento en la recaudación disminuyó en un 11% en el primer trimestre, 9.220 millones. La recaudación en el segundo trimestre de 2022 disminuyó su crecimiento en un 20%, creciendo en 7.313 millones y con un frenazo en el mes de junio.

No tengan dudas, la recaudación dejará de crecer mensualmente con respecto a 2021 antes de que acabe el año; la deflactación de los tramos de IRPF que debería haberse realizado en primavera es insuficiente y de implementarse llega tarde.

La recaudación dejará de crecer mensualmente con respecto a 2021 antes de que acabe el año

España necesita afrontar una revisión del gasto público urgente, gastar más no implica gastar mejor. Una revisión rigurosa de las partidas de gasto permitiría, tal y como explicaba el Instituto de Estudios Económicos reducir el gasto público en 60.000 millones de euros sin afectar a la calidad de los servicios públicos, aliviando el esfuerzo fiscal que realizan empresas y familias, o al menos, destinarlos a las inversiones que puedan tener el mayor efecto multiplicador sobre la economía española.

Cubrir las ineficiencias en el gasto público con nuevos incrementos en los impuestos, como repiten las políticas socialistas a lo largo de la historia, nunca puede ser la solución.

España, además de incrementar el peso del sector público en la economía hasta el 52%, ha perdido eficiencia, situándose en la posición 29 del Índice de Eficiencia en el Gasto Público con 74,4 puntos en 2021, muy por debajo de los 98,6 puntos de la media de la UE o los 100 de la OCDE.

Actuar sobre el gasto público superfluo va mucho más allá de cuestiones puramente económicas, es un acto de justicia social

Actuar sobre el gasto público superfluo va mucho más allá de cuestiones puramente económicas, es un acto de justicia social. El esfuerzo que están haciendo las pymes, autónomos y las clases medias y trabajadoras pagando cada vez más impuestos y soportando mayor presión fiscal, exige que los recursos del Estado se gestionen de manera transparente y eficiente.

Es insoportable socialmente asistir al mercadeo de "votos por partidas de presupuesto", que la debilidad parlamentaria obliga al Gobierno para sacar adelante cualquier Real Decreto o Ley importante. ¿Alguien duda que los votos de populistas, nacionalistas o independentistas están saliendo muy caros a las arcas públicas?

No resulta agradable para los oídos sensibles de la Arcadia feliz y subvencionada que el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido a la sociedad española, hablar de ajustes en el gasto público, pero las consecuencias de no afrontarlo cuanto antes significará un empobrecimiento presente todavía más agudo y la hipoteca de la próxima generación.

Un incremento paulatino del gasto público no es sostenible sin detraer recursos a los agentes que generan crecimiento y riqueza, lo que provoca estancamiento y pérdidas de competitividad.

Si el gasto público no está respaldado por la productividad del sector privado y el impulso de proyectos empresariales rentables, implicará más déficit y más deuda, con el agravante en esta legislatura de una producción normativa que ha hecho nuestra economía más rígida e insegura jurídicamente.

La confianza es esencial para cualquier país. Y se trata precisamente de uno de los beneficios más significativos que tendría una revisión y ajuste del gasto público. El impacto en la reducción del coste de la deuda y la mejora de la perspectiva de los inversores sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas suponen ahorros en el pago de intereses que se pueden destinar a la reducción de impuestos y la generación de actividad económica.

No hay dudas de los importantes efectos positivos, especialmente en el largo plazo, que supondría para la economía española. La volatilidad de nuestra prima de riesgo muestra el riesgo que perciben los inversores y nuestra dependencia de las compras de deuda pública española por parte del BCE.

No queda más remedio que analizar exhaustivamente las partidas de gasto, reducir gastos superfluos, improductivos y eliminar estructuras innecesarias, empezando por un Gobierno sobredimensionado para contentar egos y comprar tiempo en La Moncloa, exigiendo corresponsabilidad a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Solo así, España alcanzará un futuro más próspero.

*** Santiago Sánchez López es economista.