En los próximos meses, la Unión Europea podría pasar de ser el segundo mayor responsable mundial de la deforestación tropical a convertirse en un líder planetario en la lucha contra esta tremenda lacra ambiental.

Que se produzca esa radical transformación solo depende de lo que se decida en el Parlamento Europeo en su sesión plenaria del próximo 12 de septiembre y, posteriormente, en las negociaciones a tres bandas ('trilogos') entre Comisión Europea, Consejo y Parlamento sobre la propuesta legislativa destinada a minimizar el riesgo de deforestación y degradación de los bosques asociado a los productos comercializados en la UE, es decir, a combatir lo que se conoce como 'deforestación importada'.

La Comisión Europea reconoce abiertamente que la UE es uno de los principales importadores mundiales de productos básicos relacionados con la deforestación, como el aceite de palma, la soja, el caucho, la carne de vacuno, el maíz, el cacao y el café.

[La UE no puede protagonizar la deforestación importada] 

Ante esa situación, en 2019, en el Pacto Verde Europeo, la Comisión se comprometió a tomar medidas, tanto regulatorias como de otro tipo, para promover productos importados y cadenas de valor que no conlleven deforestación ni degradación forestal. En consecuencia, la Comisión elaboró una propuesta de Reglamento al respecto, que hizo pública el 17 de noviembre de 2021.

Las organizaciones ecologistas, como Mighty Earth, tanto en España como a nivel internacional, acogieron esta propuesta legislativa de la Comisión con moderada satisfacción, ya que contenía algunos aspectos muy positivos, aunque al mismo tiempo adolecía de relevantes deficiencias.

Es, ciertamente, muy plausible que la iniciativa de la Comisión exija que las empresas que venden determinadas materias primas en el mercado de la UE rastreen su origen y demuestren que éstas no están vinculadas a la destrucción o degradación de los bosques.

Pero las debilidades de la propuesta normativa son importantes. Por un lado, aunque protegería partes de la selva amazónica, deja fuera otros ecosistemas distintos de los bosques, como las sabanas y los humedales, que son de gran importancia para la acción climática y la biodiversidad.

Las debilidades de la propuesta normativa son importantes

Por otro, con respecto a los productos a controlar, la propuesta de la Comisión excluyó varios muy relacionados con la deforestación tropical, como el caucho (a pesar de que, como reconoce la propia Comisión, la UE es uno de los principales importadores mundiales de este producto).

Tampoco se requiere a las empresas que cumplan con las leyes internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, dejándolas, por tanto, expuestas a posibles abusos y violaciones de sus derechos.

Esos defectos aún pueden subsanarse, sólo es necesario que nuestros representantes en las instituciones den muestra de que el compromiso de la UE de ser líderes en la lucha contra la deforestación es verdadero y no sucumban a las constantes presiones de los lobbies de la agroindustria.

Una prueba de esa voluntad política es la votación del pasado 12 de julio en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo, en la que un 80% de los eurodiputados votaron a favor de introducir una amplia serie de mejoras en este Reglamento.

El resultado fue de 60 votos a favor, sólo 2 votos en contra y 13 abstenciones. Esta votación es especialmente relevante por cuanto ENVI es la comisión responsable en la Eurocámara de la tramitación de esta propuesta normativa.

Así, se decidió la inclusión del caucho, maíz, la carne de cerdo, oveja y cabra, aves de corral, carbón vegetal y productos de papel impreso, en la lista de productos básicos de riesgo para los bosques y los ecosistemas que deberán controlarse en el marco de esta legislación.

Además, la Comisión ENVI aprobó que las instituciones financieras radicadas en Europa tengan los mismos requerimientos obligatorios de transparencia y trazabilidad de la cadena de suministro que los aplicados a las empresas comercializadoras.

Se acordó reforzar la protección de los derechos humanos de la ley exigiendo el cumplimiento de las normas internacionales y no solo de las leyes estatales sobre derechos de la tierra. Asimismo, se mejoraron las definiciones de deforestación y degradación forestal, y se aprobó adelantar la fecha límite de aplicación del Reglamento un año, es decir, al 31 de diciembre de 2019.

También se mejoró el ámbito de aplicación añadiendo la expresión "otras tierras boscosas", que se definió de forma exhaustiva y precisa, para evitar así que la presión deforestadora se desplace impunemente a otros ecosistemas fundamentales como las sabanas del Cerrado de Brasil, los humedales del Pantanal y los bosques bolivianos y argentinos.

La votación en ENVI ha sido un gran paso adelante tras la postura timorata del Consejo de Ministros de Medio Ambiente el 28 de junio

La votación en ENVI ha sido un gran paso adelante, especialmente tras la postura pragmática, o más bien timorata, carente de ambición, adoptada al respecto por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE el pasado 28 de junio. Éste básicamente se limitó a aprobar la propuesta de Reglamento, si bien introduciendo algunas modificaciones a la baja.

La credibilidad del compromiso anti deforestación de la Unión Europea reside ahora en mantener al menos las mejoras al Reglamento acordadas por la Comisión ENVI, e incluso se debería ir más allá.

Por ejemplo, es necesario que, desde el principio de su aplicación, el Reglamento incluya otros ecosistemas naturales como praderas, turberas y humedales, entre otras medidas necesarias para asegurr su efectividad.

El pasado mes de junio se publicó una encuesta de YouGov sobre la actitud de los consumidores de España, Francia, Alemania, Italia y Dinamarca hacia la propuesta de Reglamento contra la deforestación importada. Una de las principales conclusiones de esta encuesta es que una gran mayoría de los ciudadanos europeos quieren que los partidos políticos, sus eurodiputados y los gobiernos de la UE refuercen sustancialmente esa propuesta legislativa de la Comisión.

En el caso de España, la encuesta muestra que el 95% de los simpatizantes del PSOE y el 89% de los del PP apoyan una ley europea más ambiciosa que combata la destrucción no solo de los bosques, sino también de otros ecosistemas como sabanas o humedales y siempre respetando los derechos de los pueblos indígenas.

En las próximas semanas, en concreto en la votación en el plenario del Parlamento Europeo del próximo 12 de septiembre, veremos de qué lado están nuestros representantes, si en el de la ciudadanía o en el de los egoístas intereses de los lobbies que hacen negocio con la deforestación.

*** Carlos Bravo, representante de Mighty Earth en España.