La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón. EP
Los efectos secundarios en la compra del cártel que propone Díaz
La propuesta de la vicepresidenta es una barbaridad y tras ella se esconde una estrategia por utilizar la economía para dividir y polarizar más la sociedad.
Parafraseando la famosa cita de Bertolt Brecht, estamos en un tiempo en el que no queda más remedio que defender lo obvio. De manera recurrente, los economistas tenemos que dar criterio sobre asuntos que no tienen ningún fundamento práctico ni teórico. Aun así, es imprescindible recordar lo obvio con tal de cortar de raíz ideas que como todas las malas ideas son muy atractivas, suenan muy bien y hasta incluso pueden ser explicadas con cierta lógica.
Es el caso de la propuesta que impulsa el sector Podemos del Gobierno de coalición Sánchez-Díaz para conseguir un pacto de precios entre grandes distribuidores para rebajar los costes de la cesta de la compra.
Más allá de que la idea es una barbaridad desde el punto de vista jurídico e institucional –el cártel o pacto tácito o explícito de precios entre competidores es una de las conductas más graves y penadas por el Derecho de Competencia– subyace un problema mucho más grave que no es sólo la ignorancia más absoluta de cómo se forman los precios en una economía de mercado, sino algo peor que es buscar el mal de unos para hipotéticamente beneficiar a otros. Es la "economía del frentismo" la que mueve este tipo de ideas.
[Los grandes supermercados rechazan la cesta de la compra de Yolanda Díaz]
En primer lugar, este sector no menor del Gobierno (y, salvo honrosas excepciones de la otra parte como el ministro de Agricultura, tristemente algunos cuantos ministros más) no sabe ni tiene intención de aprender qué es la inflación, cómo se forman los precios, qué es la oferta y la demanda y cuáles son los factores que están detrás del movimiento de los precios.
Acusa sin fundamento de ampliar sus márgenes a la gran distribución gracias a la inflación, cuando en este momento no hay ningún indicio de que sea así.
Precisamente si hay un sector donde hay competencia y rivalidad en precios y tipo de productos al consumidor final ése es la distribución minorista.
El Gobierno acusa sin fundamento de ampliar sus márgenes a la gran distribución gracias a la inflación
Pero también sucede en términos generales en toda la cadena de valor alimentaria, la cual opera con unos márgenes brutos sobre ventas extraordinariamente bajos.
Por ejemplo, según los últimos datos correspondientes a 2020 de la Central de Balances del Banco de España, la industria de la alimentación que factura más de 50 millones de euros registró un resultado económico bruto sobre cifra neta de negocios que osciló entre un 2,8% y un 8,8%. En el caso del comercio al por menor de alimentación, este indicador se sitúa en el 4,7%.
Son, sin duda, resultados que dificultan pensar que se pueda articular una estrategia de reducir márgenes para, de esa forma, reducir los precios de venta al público. Ahí no está el problema.
En vez de apoyar la acción del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés y poner en marcha reformas estructurales con las que se consiga una verdadera unidad de mercado e integración de las cadenas de valor tanto en agroalimentación como en otros productos y servicios atomizados en mercados comarcales y locales, proponen medidas absurdas.
Así, polarizan y dividen a la sociedad prometiéndoles un imposible, haciendo un diagnóstico pésimo de la situación y valiéndose para todo ello de un 'chivo expiatorio' que pretende ser el gran comercio de productos básicos.
A todo este planteamiento se suman múltiples contradicciones. Los mismos que estaban impulsando hace meses los "semáforos" de alimentos (el Nutriscore que castiga a una buena parte de los productos más típicos de la dieta española), la limitación del consumo de azúcar mediante impuestos y regulaciones estrictas o la sustitución de los alimentos convencionales por orgánicos, ahora se quejan del encarecimiento de los alimentos. Lo hacen cuando la mayoría de estas decisiones provoca subidas relevantes de los precios finales sin que la parte inicial de la cadena alimentaria obtenga beneficio adicional.
En suma, embarrar el terreno creando incentivos perversos en los agentes económicos es uno de los deportes favoritos de los populistas cuando están al mando de la política económica.
Sin ir más lejos, una política como la que plantea la vicepresidenta Díaz estimula algo que en los países con inflación crónica saben muy bien como es la shrinkflation: productos cada vez con menor contenido, pero al mismo precio. O, dicho de otra forma, cómo la barra de pan se va haciendo cada vez más pequeña por el mismo precio.
Tampoco saben ni se han dado cuenta de que una víctima colateral del cártel que desean es el comercio minorista, el mismo al que auguraron una desaparición lenta y dolorosa conforme se fue extendiendo la libertad de horarios comerciales. Ha ocurrido todo lo contrario.
Según un reciente estudio de Caixabank Research y los datos que publica el INE de ventas minoristas, el pequeño comercio ha crecido casi 10 puntos en cuota de mercado sobre el importe de ventas entre 2015 y 2021 frente a las grandes superficies, lo cual es una excelente noticia en una economía de pequeñas empresas como la española.
*** Javier Santacruz es economista.
