Para deflactar mal o a medias los impuestos, mejor no hacer nada
Para deflactar mal o a medias, mejor no hacer nada
Se ha intentado frenar la ola de Feijóo y las comunidades autónomas del PP con una medida que crea confusión entre los contribuyentes.
En las últimas semanas, los Gobiernos europeos están dando más protagonismo a la política fiscal dentro del catálogo de medidas para hacer frente a la inflación. El denominador común en los discursos esgrimidos es el de "ayudar" a las familias contrarrestando la pérdida de poder adquisitivo causada por tasas de inflación entre el 8% y el 10% interanual. El país que ha ido más lejos con esta concepción es Reino Unido, hasta el punto de causar un pánico de mercado que obligó a intervenir al Banco de Inglaterra ante el desplome de la libra esterlina.
En este contexto, el Gobierno español no se ha quedado atrás presentando un paquete de medidas. Por un lado ha aprobado una aparente rebaja fiscal para rentas medias y bajas del trabajo y de actividades económicas en el IRPF y para los beneficios de las pymes en Sociedades.
Pero en conjunto lo ha planteado al revés del resto de sus socios europeos, ya que ni siquiera ha presentado un plan que se pague por sí solo (la rebaja fiscal por un lado se compensa con el aumento de recaudación por otro, generando un juego de suma cero en términos de ingresos tributarios), sino que le genera un remanente positivo al tocar figuras que provocan aumentos tempranos de recaudación como el tipo alto de las rentas del ahorro en IRPF o de las grandes empresas en Sociedades.
Así, España profundiza en un camino propio bastante peculiar ya que, en el momento de mayor recaudación de los últimos años con más de 22.000 millones extra recibidos en su gran mayoría gracias a la inflación (por cada punto porcentual de incremento del IPC base de enero de 2022, la recaudación aumenta en torno a 2.000 millones de euros), prefiere ir más allá en el discurso.
Se insiste en afirmar que se necesitan más recursos públicos para financiar el gasto
Se insiste, así, en afirmar que se necesitan más recursos públicos para financiar el gasto con medidas más agresivas como crear nuevos impuestos (en el caso de las 'grandes fortunas' arriesgándose, o incluso buscando, un conflicto competencial con las comunidades autónomas sin haber reformado ni siquiera el sistema de financiación autonómica en estado de coma inducido desde 2014).
Esta estrategia de política fiscal puede estar encaminada a intentar consolidar un gran salto adelante en la ratio de ingresos tributarios sobre PIB. De esa manera, los actuales windfall revenues que le está dando la inflación se consolidarían al menos hasta la convocatoria electoral de noviembre de 2023.
Para ello contaría con un factor favorable que sería la revalorización de salarios públicos y pensiones a una tasa similar a la inflación acumulada de los últimos meses. Pero también es posible que sea un intento de frenar una ola que Alberto Núñez Feijóo y las autonomías gobernadas por el Partido Popular han conseguido levantar como es cuestionar la fiscalidad personal y el efecto que ésta está teniendo en un momento de inflación elevada.
En cualquier caso, la fuga de capitales hacia activos denominados en dólares y el rápido deterioro de las cuentas exteriores de las economías más significativas de la Eurozona que está provocando una caída gradual del euro frente al dólar, puede provocar una reacción más contundente y continuada en el tiempo tanto del Banco Central Europeo (BCE), como de la Comisión Europea para evitar una posible crisis del estilo –aunque no en gravedad– a la británica.
[El populismo fiscal desencadenado de Liz Truss]
Esto llevaría a cumplir antes de tiempo con los preceptos de Maastricht, devolviendo de nuevo a España y una parte sustancial del sur de Europa a un problema de credibilidad por sus cuentas públicas (el gasto no financiero vuelve a marcar máximos históricos con la propuesta presentada en julio de techo de gasto).
El principal deber de todos los Gobiernos tiene que ser no generar políticas que tengan efectos inflacionistas
Con este contexto, y a la espera de que la política monetaria en la Eurozona siga actuando para atajar la inflación, el principal deber de todos los Gobiernos tiene que ser no generar políticas que tengan efectos inflacionistas. Y en el caso de las que ya están aplicando con efectos pro inflación, acabar con ellas cuanto antes. Este es el caso de la subvención de 20 céntimos al precio de los carburantes o las rebajas de impuestos que vayan más allá de reequilibrar la proporción entre el gasto real y el peso de los tributos como ocurría en los recibos de la electricidad o del gas.
Dentro de las medidas posibles que tienen poco riesgo inflacionista está deflactar o corregir por el incremento nominal de las bases imponibles los impuestos, especialmente el que más recauda: el IRPF. En la mayor parte de los casos, es un dinero que el contribuyente siente que se lo están quitando de manera injusta, con lo cual devolver a alguien lo que es suyo no genera "efecto riqueza" que se pueda traducir en más consumo y, por tanto, mayor estímulo al crecimiento de los precios.
Pero ni el Gobierno central ni los Gobiernos de las autonomías de Régimen Común están realizando bien la tarea de ajustar el IRPF a la variación de la inflación. Y, lo que es peor, construyen discursos de fácil consumo por parte de los ciudadanos que están más pensados para una campaña electoral de cara a las municipales y autonómicas de 2023 que en devolver un dinero que le pertenece a los contribuyentes y que de manera injusta han cobrado y están cobrando las Haciendas estatal y autonómicas.
Se construyen discursos de fácil consumo que están más pensados para una campaña electoral
Por ejemplo, la medida de la ministra Montero de tocar la reducción por rendimientos del trabajo está pensada para que el ahorro real que tiene el contribuyente que hace declaración de la renta sea muy bajo, apenas tenga impacto. Se deja fuera a 5 millones de contribuyentes que tienen una base liquidable hasta 21.000 euros anuales, tal como se puede ver en la diferencia entre declarantes totales y afectados por la reducción en la Estadística de Declarantes del IRPF de 2020 publicada por la Agencia Tributaria.
De hecho, en vez de actuar sobre partidas como los 2.000 euros de gastos deducibles que sí se aplican a todos los 21 millones de contribuyentes de IRPF, acuden a la figura más compleja y con menos beneficiarios.
Para hacer mal la deflactación del IRPF, mejor no hacer nada
Para hacer mal la deflactación del IRPF, mejor no hacer nada. Crea más confusión y no libra a los contribuyentes de que el año que viene se tengan que enfrentar a una declaración en la que la cuota diferencial será menos negativa para el que le sale a devolver, o más positiva para el que le sale a pagar.
Si se quiere hacer bien la deflactación y de verdad, lo primero debería haber sido bajar las retenciones del IRPF tanto para empleados como para profesionales, así como los pagos a cuenta del impuesto de Sociedades.
En segundo lugar, corregir la amplitud de los tramos (por ejemplo, el primer tramo de 0€ a 12.450€ ya debería estar cerca de los 14.000€). En tercer lugar, aumentar los mínimos personales y familiares, los cuales son clave para evitar que los contribuyentes que se sitúan en los bordes salten de tramo. Y, por último, adaptar las deducciones en cuota, uno de los instrumentos más eficaces para las rentas más bajas.
Es cierto que muchas veces es mejor hacer algo que no hacer nada. Pero en la materia fiscal, cuando algo se hace a medias, la experiencia suele indicar que el efecto es pésimo. Con lo cual, en vez de actuar a golpe de ocurrencia o de estrategia electoral, más vale que se haga un análisis a fondo de qué está pasando con las rentas familiares y qué medidas hay que tomar rápidamente para atajar la inflación para que la probable recesión sea lo más corta y menos intensa posible.
*** Javier Santacruz es economista.
