El sistema actual de financiación autonómica en España se basa en el principio de corresponsabilidad fiscal entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, y por ello en las sucesivas reformas del mismo, la Administración central ha ido cediendo cada vez más participación y capacidad normativa en diversos impuestos a las Comunidades.

Todo ello justificado porque resulta coherente que, dado que los gobiernos autónomos tienen un elevado grado de competencia, y por tanto autonomía, en materia del gasto público, al ser responsables de las políticas de educación, sanidad, dependencia, etc., tengan también niveles de autonomía y decisión propios en materia de ingresos fiscales.

Posiblemente nunca se contempló que, al otorgar mayor competencia normativa en materia fiscal a las comunidades autónomas, éstas la iban a utilizar principalmente para bajar impuestos, y al mismo tiempo, solicitar más transferencias al Gobierno Central.

Sin embargo, los gobiernos autonómicos rara vez han hecho uso de su competencia fiscal para elevar los impuestos y poder disponer de más recursos poder financiar las políticas públicas. Hoy en día, y cada vez más, subir impuestos pasa factura electoral. Y la ausencia de responsabilidad fiscal es uno de los grandes problemas de nuestro sistema de financiación autonómica.

"La ausencia de responsabilidad fiscal es uno de los grandes problemas de nuestro sistema de financiación autonómica"

Hace ya una década que las comunidades autónomas iniciaron una carrera impositiva a la baja, compitiendo en muchas ocasiones de manera desleal entre ellas.

En el sistema de financiación autonómica común se contemplan mecanismos redistributivos a través de los fondos de garantía y de solidaridad y cohesión territorial para poder reequilibrar los recursos a las Comunidades que menos ingresos públicos obtienen.

¿Cómo reducir el incentivo de las CCAA a rebajar impuestos? Quizá se podrían establecer unos niveles mínimos de imposición para a partir de esos niveles penalizar, vía menores transferencias del gobierno central a las Comunidades que hagan dumping fiscal o competencia desleal al resto de Comunidades mediante rebajas de impuestos por debajo de los niveles armonizados.

Madrid fue el primer Gobierno autonómico que inició esta carrera, a través de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Otras Comunidades, por el efecto dominó, y también por el efecto frontera, siguen su estela.

También en Madrid, región que goza de mayor capacidad recaudatoria por ser líder en PIB per cápita –en 2020, 32.048 euros por habitante-, inició también la bajada en la escala autonómica del IRPF y la bonificación de patrimonio. Ahora, en un contexto de inflación galopante, se ha impuesto la deflactación de la tarifa del IRPF como medida razonable para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares en los tramos bajos de renta.

Si queremos mantener el principio de la progresividad de nuestro sistema fiscal, al tiempo que se reducen los impuestos para las rentas más bajas, parece razonable elevar el esfuerzo fiscal de las rentas más altas. De cara a no mermar la capacidad recaudatoria de las Administraciones lo que iría en detrimento de la calidad de los servicios públicos que prestan. Y porque rebajar impuestos a las rentas altas agrava la desigualdad.

"Rebajar impuestos a las rentas altas agrava la desigualdad"

En este sentido, en el impuesto de Patrimonio, cedido a las Comunidades, el carrusel de modificaciones del mínimo exento, reducciones del tipo de gravamen y las bonificaciones y deducciones, ha ido a más, desde que Madrid decidiera su bonificación al 100% —es decir, su eliminación—. Lo que beneficia principalmente a las grandes fortunas y es contrario al principio de la progresividad fiscal.

Para avanzar en la justicia social es necesario que exista justicia fiscal. En la coyuntura actual de guerra y decrecimiento de las economías, cobra aún más sentido aumentar los impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables para poder proteger a los más vulnerables, tal y como aboga Philip Lane, economista-jefe del Banco Central Europeo.

El nuevo impuesto de solidaridad para los patrimonios superiores a tres millones de euros que el Gobierno Central pondrá en marcha con carácter temporal (dos años), con el que se pretenden recaudar unos 1.500 millones de euros, persigue recuperar esa progresividad que debe regir un sistema fiscal justo. De hecho, sólo se pagará en las comunidades que hayan eliminado o bonificado el impuesto al Patrimonio.

[El Gobierno anuncia rebajas fiscales a rentas inferiores a 21.000 euros y un impuesto para fortunas de más de tres millones]

En España, en la actualidad no hay margen para bajadas generalizadas de impuestos. Porque ello mermaría la recaudación y agravaría los desequilibrios de nuestras cuentas públicas. Hace ya bastante tiempo que el FMI, la OCDE y diversas instituciones económicas internacionales han refutado la falacia de la curva de Laffer sobre que una reducción de impuestos eleva la recaudación.

"Hace ya bastante tiempo que el FMI, la OCDE y diversas instituciones económicas internacionales han refutado la falacia de la curva de Laffer"

Arrastramos un déficit estructural (independientemente de que la economía crezca o se contraiga) que se sitúa en el 4% del PIB y una deuda pública acumulada en torno al 120% del PIB. Una merma de ingresos públicos agravaría esta situación. Que de por sí se complicará ante las subidas de tipos de interés que el Banco Central Europeo seguirá llevando a cabo para contener la espiral de la inflación -ante un IPC del 10% en la eurozona y casi del 11% en Alemania-.

En Reino Unido, con su conato de crisis financiera, han podido experimentar el escaso margen que existe, en la coyuntura actual, para recortes generalizados de impuestos.

La rebaja de impuestos del plan inicial y fracasado de la recién elegida primera ministra Liz Truss, muy favorable para las rentas altas, debilitó la credibilidad del Gobierno ante los mercados y provocó el desplome de la libra esterlina.

[El populismo fiscal desencadenado de Truss. Por Francisco de la Torre]

Los mercados reaccionaron de forma virulenta, ante la perspectiva de una explosión de deuda y a la vez, subidas adicionales de tipos de interés para aplacar las presiones inflacionistas, que se anticipaba iban a ir a más como consecuencia del propio plan de estímulo basado en rebajas de impuestos. Porque una expansión fiscal agrava la espiral de la inflación. Finalmente, Liz Truss ha tenido que dar marcha atrás y no bajará los impuestos a los más ricos.

En tiempos de incertidumbre la responsabilidad fiscal es más necesaria que nunca. Máxime en países como España, con desequilibrios en su balanza fiscal y con una presión fiscal, medida como el conjunto de los impuestos y contribuciones sociales en relación con el PIB, de 37,5% en 2020.

Umbral aún por debajo de la media europea –como muestra el gráfico, 4 puntos por debajo-; muy por detrás de Francia (47,5%), Italia (43%) o Alemania (41,5%). Otra cosa es si consigue la finalidad de redistribuir la riqueza y si cumple el principio de progresividad. Así como si existe margen para mejorar la eficiencia del gasto público.