El término es mucho menos romántico que el del escudo social frente a las desigualdades, pero sin él no se va a poder ayudar a los pobres. Ya se sabe que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es de las que piensan que los ricos, como tienen dinero, se las pueden apañar y lo que tienen que hacer es ser más solidarios. Después, el Gobierno reparte.

Simplificando mucho, es un modelo que puede funcionar mientras haya ricos -que no eludan al fisco- para anunciar nuevos impuestos y una clase media que siga soportando el grueso de la recaudación fiscal.

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Desde que la crisis financiera de 2008 desembocó en una crisis de deuda en 2010, de vez en cuando salta algún informe que compara la situación de la economía española con la de Irlanda.

Son dos países lejanos en Europa, pero ambos compartieron en esos años el estigma de las ayudas de la Comisión Europea junto con Italia, Portugal y Grecia. Juntos formábamos el grupo de los PIGs (cerdos en inglés).

Una década después, Irlanda -con un modelo de bajos impuestos y flexibilidad laboral- tiene una deuda pública del 55% sobre el PIB y España del 118% (dato de 2021). Ellos cerraron el pasado año con un déficit del 1,7% y España del 6,8%. Su tasa de desempleo es del 4,3% y la nuestra del 12,6%.

Y el salario medio ha pasado de 41.981 euros anuales en 2010 a 50.636 euros en 2022. En ese tiempo, el de los españoles ha pasado de 24.786 euros a 26.832 euros al año, un crecimiento mucho menor para un sueldo mucho menor. Como nunca es oro todo lo que reluce, Irlanda también es un país con desigualdades, aunque en el índice de Gini sale mejor en la foto que España por seis puntos.

Las comparativas son odiosas, pero a veces pueden servir para ver qué modelos funcionan mejor y preguntarse si se están haciendo bien las cosas.

Hace unos días, un informe de Freemarket Corporate Intelligence mostraba algunos gráficos. En uno, recogía la evolución de la población en riesgo de pobreza antes de las transferencias sociales.

Y en otro, la evolución de la población en riesgo de pobreza después de las transferencias sociales. La fuente de los datos es Eurostat.

Al combinar ambas imágenes se puede ver cómo no por aumentar el gasto en protección social se ayuda más a los vulnerables. La clave está en gastar mejor para que esas ayudas sean más eficientes y ayuden más.

Es un debate algo abstracto en el que el Instituto de Estudios Económicos lleva tiempo trabajando y al que en los próximos meses aportará datos nuevos con comparativas de lo que hacen otros países para gastar mejor los recursos de los ciudadanos.

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Según sus cálculos, España podría ahorrarse cada año 60.000 millones de euros sin mermar los servicios públicos pero con una gestión más eficiente del gasto. Tras hacer pública la cifra, ahora tienen que concretar cómo.

"Si no existiera esta imagen colectiva de despilfarro público, sería más fácil para la ministra Montero pedir 'solidaridad' a los 'ricos'"

Quizás si no existiera esta imagen colectiva de despilfarro público, sería más fácil para la ministra Montero pedir "solidaridad" a los 'ricos' para ayudar a los 'pobres', así como hacer entender a la clase media que no es 'rica' que tiene que contribuir más para ayudar a los vulnerables.

Aunque quizás, tampoco estaría de más atinar alguna vez con las medidas para atajar la desigualdad y la pobreza con un modelo que no consista solo en subvenciones porque, como recordó la OCDE hace unas semanas, el 28% de los jóvenes españoles (25-34 años) no cuenta con la FP o el Bachillerato necesario para optar a un trabajo. Es el porcentaje más alto de la UE.

Y este problema no es nuevo en España, un país en el que ha vuelto a subir la tasa de paro y en el que, de nuevo, las mujeres y los jóvenes son los más afectados por el aumento de desempleo fruto de la debilidad económica.

ATENTOS A...

La visita que hará a España el comisario de Presupuesto y Administración de la Comisión Europea, Johannes Hahn, esta semana, para reunirse con representantes del Gobierno al máximo nivel y miembros de partidos políticos.

Hahn acudirá, además, a la Conferencia Internacional de Banca 2022. Un foro que se celebra con la resaca del anuncio de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que el pasado jueves confirmó que pondrá coto a los beneficios caídos del cielo asumiendo de la banca, una decisión polémica que el sector analizará desde el punto de vista legal y reputacional.