El Gobierno mantiene el pulso en materia fiscal

El BCE considera que el impuesto a la banca española podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria si las entidades afectadas registran unos beneficios bajos o pérdidas en el momento en que se recaude de forma efectiva el gravamen. 

Su importe, además, podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito, según ha señalado la institución en un dictamen donde también apuesta por que el tributo sea repercutido a los clientes.

El gobierno defiende su tesis con una simpleza tan infantil como absurda. Dado que los beneficios estimados para este año superarán con creces los de 2019, y que ello es consecuencia de una “anómala” subida de los tipos de interés, los bancos deben compartir ese “beneficio llovido del cielo” con la ciudadanía mediante la imposición de un tributo.

No se atiende en defensa de la banca causalidad alguna. La medida es tan kafkiana que no utiliza un criterio de normalización para comprobar la evidencia de que en 2019 los beneficios seguían impactados por unos tipos de interés negativos que han estado vigentes con la connivencia de los estados miembros de la Unión Europea (UE), cuya influencia en el BCE es más que notoria.

Mi análisis no es una defensa de un sector que no me gusta, sino del sentido común

Ya puestos podría haber utilizado como base un beneficio deprimido como el de 2020 y haber hecho la norma retroactiva, algo muy del estilo de las políticas reaccionarias que siguen los países modelo de tercera categoría en los que se basa la ideología progresista del “Sanchismo”.

Interpelado por esta cuestión, la respuesta del presidente no pudo ser más simple. Cree que la vuelta al reparto de los dividendos es una señal suficiente que justifica que “arrimen el hombro un poquito durante estos tiempos tan difíciles que están atravesando los españoles”.

Los bancos están muy lejos de ser santos de mi devoción. Es un sector tan black box como poco representativo de los valores y criterios que trato de aplicar a mis inversiones.

No tienen ventajas competitivas, no es un sector de crecimiento, no genera valor, y, por si fuera poco, tiene un management de una calidad muy pobre nada alineado con accionistas y clientes. A esto hay que sumar que es posiblemente el sector con más multas, sanciones y penalizaciones de todo el espectro empresarial europeo.

Por eso mi análisis no es una defensa de un sector que no me gusta, sino del sentido común. Si el motivo para confiscar un beneficio legítimo que se comparte con sus accionistas es el pago de un dividendo, por el que por cierto se pagan unos desmesurados impuestos por rendimientos del capital, habría que partir de la base de que los mismos estuvieron suspendidos a instancias del BCE. Estamos hablando de 28.000 millones de euros que los accionistas dejaron de percibir.

Incluso con tipos negativos, en 2021 se retomó la política de reparto con medidas prudenciales supervisadas por el regulador que se reservaba la potestad de autorizar o no el pago de los mismos y su cuantía.

Es posiblemente uno de los sectores más regulados del mundo. Las entidades tienen que depositar capital en el balance del BCE por cada préstamo que conceden (coeficiente de caja) y están obligados a sostener unos ratios de capital mínimos.

No pueden cobrar las comisiones que quieran en el ejercicio de la libre competencia como demuestra el hecho de que las comisiones de los fondos gestionados fuera de balance están capados. Lo mismo ocurre con las comisiones por servicios. No pueden prejubilar libremente a sus empleados y están obligados a dotar provisiones con un estándar que no se ajusta al riesgo real en muchos casos. Y finalmente, es uno de los sectores con menos deducciones e incentivos fiscales.

La tesis del Gobierno de que la banca no va a trasladar el coste del impuesto denota no solo ingenuidad, sino un total y absoluto desconocimiento de cómo funciona el sector

Uno podría pensar que viendo el grado de regulación e intervencionismo en Europa lo más sensato sería nacionalizar la banca y así se evitaría el dilema moral de tener que rescatar con dinero público entidades privadas. Pero ese sistema ya lo tuvimos (cajas de ahorro, landesbank) y el desastre de su existencia llevó a Europa a una terrible crisis económica y social que tiene todavía hoy sus consecuencias.

La tesis del Gobierno de que la banca no va a trasladar el coste del impuesto denota no solo ingenuidad, sino un total y absoluto desconocimiento de cómo funciona el sector. Hay mil formas de compensar ese efecto en una cuenta de resultados.

El perjudicado de todo esto es, como no puede ser de otra forma, el ciudadano. No solo porque se acabe trasladando el coste, sino por el hecho de que, como señala el propio BCE en su informe, se está limitando la capacidad de préstamo y no se tiene en consideración que en el engranaje de la transmisión monetaria los bancos son la parte esencial del mismo. Dinamite el sector y acabará con la economía, señor Sánchez.