Durante estos dos años hemos asistido a una ejecución ineficaz e ineficiente que tiene su pecado original en el Real Decreto Ley 36/2020, que diseñaba un sistema de gestión donde primaba la opacidad, la centralización de la toma de decisiones en Moncloa y se hacían evidentes los riesgos que lamentablemente se han ido materializando en este tiempo.

El compromiso adquirido por el Gobierno con unos socios de investidura, corresponsables de este desaguisado y que ahora se rasgan las vestiduras por la escasa ejecución, era tramitarlo como Proyecto de Ley. Actualmente se encuentra en su prórroga número 70 y morirá con la legislatura en una muestra más de lo que estos fondos representaban para el gobierno: un instrumento para ser rentabilizado políticamente.

El presidente y su Oficina Económica son responsables de un mal diseño y de considerar el excepcional mecanismo articulado por Europa desde un punto de vista fuertemente ideológico, entendido desde la concepción errónea de un "Estado emprendedor" donde se prioriza la inversión pública en estos fondos y que en muchos casos profundizará en el desequilibrio de nuestro déficit estructural, una de nuestras grandes vulnerabilidades.

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La ejecución que hemos conocido por la IGAE a 30 de septiembre demuestra que la liberación de pagos de los fondos sigue a un ritmo insuficiente. Los pagos realizados suponen tan sólo el 22% de los créditos definitivos para 2022, en su mayor parte transferencias a otras Administraciones y organismos públicos, sin que tengamos información sobre la cantidad que llega a la economía real.

Los datos demuestran el nulo impacto que tuvieron los fondos en 2021 en crecimiento y creación de empleo y las previsiones para 2022 sitúan su aportación al crecimiento entre un 0,6% y 0,8% PIB. Muy por debajo de las expectativas gubernamentales.

"Los datos demuestran el nulo impacto que tuvieron los fondos en 2021 en crecimiento y creación de empleo"

El Gobierno no ha tenido más remedio que comenzar a reconocer en sus documentos internos que la ejecución no avanza a "velocidad de crucero" sino a velocidad de molusco, de caracol.

El reconocimiento de la incapacidad para tener comprometidos los fondos antes de finalizar 2023, explica los movimientos ya en público del Gobierno, en busca de socios que apoyen la flexibilización de los plazos de ejecución. Es la demostración de que la propaganda no se sostiene más tiempo, y que aquello de presumir de liderar la ejecución de los fondos en Europa no es cierto.

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Nos han liberado fondos por elaborar normas, muchas en 2020, y aplicar reformas, muchas contraproducentes para dinamizar la actividad económica. Será ahora cuando España tenga que cumplir hitos cuantitativos en materia de inversión y de ejecución vinculada a los PERTEs que pueden provocar incumplimientos y que se nos aplique el mecanismo de pagos parciales que ya tiene preparado la Comisión Europea, reduciendo proporcionalmente los pagos en función de la relevancia de los hitos incumplidos.

"Nos han liberado fondos por elaborar normas, muchas en 2020, y aplicar reformas, muchas contraproducentes"

Nuestro crédito en Europa con los fondos europeos se ha acabado. La reclamación de transparencia de la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y su insistencia en conocer en qué se gastan los fondos transferidos a nuestro país evidencian el incumplimiento del hito número 173 y la necesidad de poner completamente en funcionamiento la plataforma de control y auditoría de los fondos europeos, acabando con el esperpento de recabar datos de ejecución en hojas de Excel en plena transformación digital.

La estructuración de los PERTEs ha demostrado la distancia que existe entre los despachos ministeriales y la realidad de los sectores industriales de nuestro país. Sus diseños responden más a la imaginación que a las necesidades y la configuración de un tejido empresarial mayoritariamente compuesto de pymes.

El PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado ha supuesto un importante fracaso, en especial para la ministra de Industria y el propio presidente del Gobierno, que no escatimaron publicidad y fotos anunciando proyectos y gigafactorías con financiación de los fondos europeos antes de la resolución definitiva de la convocatoria. Adjudicar 877 millones de 2.975 millones de euros después de un año y medio desde su anuncio simplemente supone el naufragio en las expectativas del sector.

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Los anuncios apresurados de nuevas convocatorias y ayudas regionales debían tener en cuenta, de nuevo, que se debe garantizar la libre concurrencia y que no se pueden lanzar ayudas para financiar las mismas finalidades de la convocatoria ya cerrada.

El momento más crítico lo vivimos en este preciso instante. A todos estos problemas, no menores, se une la petición de los 84.000 millones de euros en préstamos mediante una adenda al Plan de Recuperación, que computarán como deuda, fijará nuevos hitos y objetivos y que debería debatirse en el Congreso.

Incurrir en más endeudamiento exige responsabilidad, canales ágiles y condiciones preferentes para que los fondos puedan llegar al tejido empresarial y tengan un efecto multiplicador.

En ningún caso, España puede permitirse el lujo de incrementar nuestro endeudamiento sin que éste logre incrementar nuestra competitividad y productividad. Ni las finanzas públicas, ni las próximas generaciones pueden admitir más hipotecas sobre su futuro, por eso, es tan necesaria la transparencia y la rendición de cuentas públicas.

*** Santiago Sánchez López es economista.