Es lógico el clamor social por la rebaja de condenas al amparo de la ley del 'sí es sí' de Irene Montero. Una ley que se vendió como un avance para la protección de las mujeres y por la falta de rigor jurídico de quienes la redactaron ha acabado beneficiando a agresores y violadores, entre los que podría terminar figurando algún miembro de La Manada.
Hacer oposición es más fácil que gobernar. Y esto es algo que se viene viendo desde hace tiempo con un Gobierno volcado más en el márketing político de sus iniciativas que en legislar con seriedad.
De hecho, las 'chapuzas jurídicas' fruto de las prisas por hacer realidad mensajes pomposos de Pedro Sánchez no son nuevas. Dejando de lado el resbalón del 'sí es sí', hablemos del mundo económico y de las consecuencias que pueden tener para el próximo Gobierno los potenciales problemas jurídicos que están aflorando en la tramitación de varias de las leyes más mediáticas en materia fiscal.
Irene Montero y María Jesús Montero.
La semana pasada el Gobierno dio un paso más en la tramitación parlamentaria de un impuesto a bancos y empresas del sector de la energía que se acabará aprobando con múltiples retoques. Tantos, que la cantidad que recaudará será la mitad de lo anunciado en su día, cuando se dijo que esta crisis no la pagarían los de siempre, sino las malvadas energéticas y la banca. Un revés para el Ejecutivo, aunque la ministra María Jesús Montero afirme que el texto ha sido "enriquecido".
La mano del PNV y el PDeCAT va a ayudar a mitigar el impacto de un impuesto que podría desencadenar una batalla judicial entre el sector y el Gobierno, puesto que hay empresas que incluso han planteado ir al Constitucional para pedir medidas cautelares.
No se podrá decir que el Gobierno no fue advertido. Conocido fue el documento encargado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) el pasado septiembre a destacados expertos en Derecho Tributario, Derecho Financiero y Hacienda Pública. Su conclusión fue que esos impuestos acabarían siendo anulados y "reembolsados dentro de unos años" al atentar contra varios principios de la Constitución.
En el caso de la banca, además, se sumó el golpe recibido desde Europa con el informe del Banco Central Europeo (BCE) en el que se pedía revisar el impuesto a la banca para que no dañe al crédito y no repercuta en los clientes. El Gobierno cargó contra Luis de Guindos y decidió seguir adelante.
Irene Montero, Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Luis de Guindos e Isabel Díaz Ayuso. EL ESPAÑOL INVERTIA
Las empresas están más organizadas que los 'ricos' porque entre particulares no es habitual hacer lobby. Sin embargo, otro impuesto que va a traer cola es el de la Solidaridad que afecta a 23.000 contribuyentes con más de tres millones de euros. Y no solo por el frente judicial que va a abrir Isabel Díaz Ayuso.
De hecho, se comenta que otro grupo de catedráticos, fiscalistas y juristas de prestigio ya trabaja en un informe demoledor sobre este impuesto, que saldrá a la luz en diciembre. A priori, personas vinculadas a ese trabajo avanzan que son muchos los 'peros' que tiene el impuesto a las fortunas.
El primero es un defecto formal, ya que se trata de un impuesto que el Gobierno incluso plantea hacer permanente y que se va a aprobar a través de una enmienda saltándose así los informes preceptivos de los órganos consultivos.
También se plantean dudas por la intromisión en competencias autonómicas, por situaciones de doble imposición en las que se comparte el hecho imponible, así como por la cuestión de si el impuesto es confiscatorio. Un punto, este último, sobre el que se habla poco en España, pero que ya cuenta con precedentes en la plusvalía municipal.
Por la importancia que tiene sobre los individuos y la economía, la normativa tributaria necesita unas garantías que muchos expertos dudan que se esté preservando en estos impuestos.
Si el informe es tan demoledor como algunos aventuran, el Gobierno debería recapacitar. Porque más allá de que en el futuro haya que devolver dinero a contribuyentes 'ricos' si ganan la batalla judicial, el problema de este tipo de mensajes es que trasladan una imagen de inseguridad jurídica que está haciendo daño a la inversión, según coinciden en señalar desde varias grandes empresas. Y no está la economía para este tipo de experimentos.
Querer hacer mucho para contentar a una parte del electorado, pero hacerlo mal, puede tener consecuencias muy dañinas para el propio Gobierno. Ya lo estamos viendo con la ley del 'solo sí es sí'.
ATENTOS A...
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, recogió la pasada semana el premio Tintero de la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica) por su labor informativa al frente de la institución.
Cristina Herrero, presidenta de la AIReF.
Es un merecido reconocimiento por el rigor de los datos que aporta, su continua reclamación de un mayor transparencia, su accesibilidad y su perfil técnico, alejado de la política. Algo que se necesita ante el deterioro institucional que sufre España.
