Si bien, y en nuestro muy específico caso particular, la descripción que mejor podría recoger la naturaleza de esa cohorte demográfica quizá tendría que rezar algo así como que, aquí y ahora, se entiende por clase media al segmento de los habitantes del país que necesita urgentemente ser rescatado por el Estado en cuanto los intereses de sus obligaciones hipotecarias a tipo variable alcanzan el muy razonable y modesto nivel del 3%.

Dicho de otro modo: el término clase media aplicado a España remitiría hoy al sumatorio de las familias que ni tan siquiera pueden asumir un incremento mensual de apenas 200 euros en sus desembolsos financieros a largo plazo sin caer en un grave riesgo de vulnerabilidad.

"El término clase media aplicado a España remitiría hoy al sumatorio de las familias que ni tan siquiera pueden asumir un incremento de su hipoteca"

O al menos eso es lo que se desprende de la retórica que adorna el protocolo que acaba de llevar al BOE el Gobierno con el propósito de reestructurar las deudas inmobiliarias de las familias adscritas a cierta clase media nominal cuyos ingresos brutos no pasen de 29.400 euros.

Pues, a efectos oficiales, procede catalogar dentro de la clase media a cualquier pareja, con hijos o sin hijos, cuya renta disponible anual para vivir, y en el mejor y más óptimo de todos los escenarios imaginables, ande rondando los 18.000 euros pelados (lo que queda después de restar a la cantidad inicial el monto de los impuestos directos, además del importe de una hipoteca que absorba a su vez el 30% del líquido resultante).

Como broma, tal vez tendría un pase. Pero solo como broma de mal gusto, de muy mal gusto. Y es que ese palmario divorcio entre la realidad económica del tramo sociodemográfico mayoritario dentro de la población, por una parte, y, por otra, esa arraigada y transversal fantasía colectiva -la que insiste en querer seguir percibiendo a la nuestra como una sociedad articulada en torno a unas clases medias dominantes y hegemónicas- no soporta ya el más mínimo contraste probatorio con la realidad fáctica.

"Nuestra célebre clase media nacional, omnipresente siempre en el discurso político, resulta imposible de localizar en el ámbito económico"

De ahí que nuestra tan célebre y celebrada clase media nacional, omnipresente siempre en el discurso político, resulte imposible de localizar en el estricto ámbito económico. Para la totalidad de los radares estadísticos que escrutan de continuo el mercado laboral español, y hasta los más nimios detalles, la clase media en tanto que estrato numéricamente significativo y dominante, simplemente no existe. No, no existe.

Estamos hablando, pues, de un fantasma que vaga a diario entre las páginas se los periódicos y los labios de los políticos; de un ubicuo ectoplasma que se prodiga con rutinaria frecuencia cotidiana en los ámbitos virtuales, pero cuya materialización corpórea en el universo tangible resulta por completo indetectable.

¿O acaso cabe hablar en serio de un país de clases medias en un lugar, el Reino de España por más señas, donde el 75% de la población laboralmente ocupada, tres de cada cuatro ciudadanos activos, obtiene como fruto de su desempeño profesional unos ingresos anuales brutos inferiores a 30.000 euros, según datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2020?

¿Un país de clases medias donde la mitad de la población que trabaja, uno de cada dos exponentes de la famosa España madrugadora, ejercía su labor en el comercio -sobre todo al por menor- (15, 7%), la hostelería (8,5%) la construcción (6,5%) y los servicios personales de bajo valor añadido -cajón de sastre donde se agrupan, entre otros, los trabajos de limpieza, vigilancia de edificios, empleo doméstico o el cuidado de mayores- (15,2%)?

Todos ellos, huelga decirlo, sectores caracterizados por los bajos salarios, la alta temporalidad, la constante rotación, los mínimos requisitos académicos precisos para su desempeño profesional, la escasa o nula formación permanente dentro de las expresas, la abundancia de la economía informal, los contratos a tiempo parcial y, en fin, por su carácter compartido de actividades muy intensivas en mano de obra y, por el contrario, proclives a una mínima dotación tecnológica.

Y si la frase anterior figura redactada en pasado es porque esos porcentajes tan desoladores se corresponden, para más inri, con el mejor momento que vivió la economía española tras la Gran Recesión, el último trimestre de 2019, justo el instante previo la irrupción en escena del Covid; están referidos, pues, a unos niveles de PIB que todavía a día de hoy no hemos recuperado.

El discurso instalado se empeña en no reparar en ello, pero esta España que amenaza con venirse abajo por 200 euros en el recibo de la hipoteca es un país del hemisferio occidental de Europa donde el 19,36% de la gente gana como máximo el equivalente SMI; y otro 46,65% alcanza, también como máximo, a ingresar mensualmente dos veces el SMI. En total, estamos hablando del 66% de los trabajadores. Una realidad tal admite ser definida de muchos modos, excepto como un país de clases medias.

La gran clase media, aquella que emergió rutilante en el escenario hispano de la mano del desarrollismo franquista, existió, sí, en tanto que agregado numéricamente principal y políticamente estabilizador del país.

Pero por mucho que nos resistamos a reconocer el fin de ese mito sociológico sobre el que se ha asentado nuestra autoimagen nacional durante el último medio siglo, ya no existe.

Y si todavía mantiene algún resto visible de su gloria pasada no procede atribuirlo, como se acaba de ver ahí arriba, a sus parcos logros en el ámbito laboral, sino al surgimiento en la España desindustrializada de un extendido rentismo popular, el vinculado a la capitalización de propiedades inmobiliarias, tanto en la costa como en las grandes ciudades, merced a la progresiva especialización turística del país. Pero esa es otra historia.

*** José García Domínguez es economista y periodista.