Ahora bien, todos los organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros han reducido de manera significativa las previsiones de crecimiento para 2023 al tiempo que se mantienen las de una alta tasa de inflación y un aumento del desempleo. La estanflación es una realidad y presumir que la economía española crecerá más que el resto de la UE cuando aún no ha recuperado el nivel de PIB de 2019 y no lo recuperará el año próximo es una broma pesada. El divorcio entre la realidad y la ficción, entre la historia de verdad y la oficial se ha convertido en norma.

En este contexto, la crisis institucional que se ha desarrollado esta semana es sólo una expresión de una estrategia y un proyecto perceptibles desde el acuerdo entre el PSOE y Unidos Podemos para formar Gobierno: Desmantelar todos los controles a su poder. La vulneración de los procedimientos legales y constitucionales para lograr renovar-controlar el Tribunal Constitucional (TC) es un movimiento más en esa dirección.

La estanflación es una realidad y presumir que la economía española crecerá más que el resto de la UE cuando aún no ha recuperado el nivel de PIB de 2019 y no lo recuperará el año próximo es una broma pesada

El conflicto entre el Gobierno y sus aliados con el TC no es solo relevante en términos políticos. Genera un entorno de inestabilidad e incertidumbre negativo para la economía en el corto-medio plazo. El paulatino deterioro de la seguridad jurídica sacrificada en el altar del binomio arbitrariedad-discrecionalidad erigido por la coalición gubernamental crea unas condiciones que deterioran de manera significativa las expectativas de las familias, de las compañías, de los inversores y de los mercados.

Un Gobierno dispuesto a romper las reglas del juego o a cambiarlas cuando lo considera oportuno o necesario para conseguir sus fines destruye la confianza en un país. Ya no se trata tan sólo de la aplicación de una estrategia económica inadecuada, como es obvio, de la ausencia de expectativas de que ésta se modifique mientras este Gobierno siga al frente de los destinos patrios ni siquiera los constantes ataques retóricos y prácticos a las empresas o la introducción de medidas que cercenan los fundamentos de una economía de mercado. A esta serie de factores se suma ahora el asalto gubernamental o, mejor, el intento por parte de la coalición social-comunista de eliminar cualquier restricción al ejercicio de su poder, invocando su mayoría en el Parlamento.

La ofensiva del Gobierno contra un TC que ha cumplido de manera escrupulosa la misión que le asigna la Constitución, alegando que aquel es el portavoz de la soberanía popular reflejada en su mayoría parlamentaria, olvida algo fundamental: la Carta Magna española parte del concepto de que ni siguiera las Cortes son soberanas, salvo cuando actúan como poder constituyente. Son un importante poder, el legislativo, sometido a la Constitución y a la ley. Por tanto, sus resoluciones son anulables por el TC. La teoría de la división de poderes y la Ley de Leyes españolas no concede primacía alguna al Ejecutivo o al Legislativo sobre el Judicial al que ambas conceden un particular relieve como instrumento para controlar el poder.

La coalición social comunista actúa con una lógica aplastante al querer someter a su control todos los mecanismos institucionales y constitucionales que frenan su actuación del mismo modo que hace lo mismo cuando pretende y se empeña en controlar la actividad económica. Este Gobierno no puede tolerar que existan mecanismos que le impidan hacer lo que desee, que tengan autonomía y, por tanto, escapen al dominio del Ejecutivo y de sus socios. Esto es así y esta dinámica, como se anunció en estas mismas líneas hace mucho tiempo, se acentuará a medida que le Legislatura se acerque a su fin.

Este Gobierno no puede tolerar que existan mecanismos que le impidan hacer lo que desee, que tengan autonomía y, por tanto, escapen al dominio del Ejecutivo y de sus socios

En España existe un riesgo importante para la preservación de las dos instituciones sobre las que se sustenta una sociedad abierta: la democracia liberal y la economía de mercado. Ambas limitan la acción del poder y, en consecuencia, han de ser "intervenidas" y puestas al servicio de, fascinante, los intereses de una mayoría que, por definición, es coyuntural en un sistema democrático, salvo que quien gobierna no esté dispuesto a aceptar la alternancia o pretenda blindarse o blindar su labor gubernamental en el supuesto de que aquella se llegue a materializar.

Cuando no se reconocen límites a la autoridad política, los líderes del pueblo, en un gobierno democrático, no son defensores de la libertad, si no como escribió Benjamin Constant, "candidatos a la tiranía". Lo que ningún dictador se atrevería a hacer en su propio nombre, la izquierda patria lo legitima invocando la voluntad popular cuya omnipotencia es sólo una forma bastante torpe de legitimar la que este Gabinete social comunista quiere ejercer. Cualquier atropello que lleve a cabo o pretenda realizar se viste siempre con el ropaje de representar a la mayoría. En nombre de ésta todo es posible y todo está justificado.

Al margen de otras consideraciones, sin duda más importantes, lo comentado tiene una trascendencia económica fundamental. El marco institucional es el factor que, en última instancia, determina la prosperidad de las naciones y, con ella, el bienestar de sus habitantes.

Pues bien, ese marco institucional ha degenerado de una manera muy acusada en España, en especial, durante el mandato del actual Gobierno. No existe seguridad ni garantía para nada ni para nadie, los derechos y libertades económicas reconocidos en la Constitución se han convertido en papel mojado o, mejor, en variables cuyo contenido y ejercicio depende del capricho gubernamental etc etc etc. Como siempre habrá quien considere este análisis exagerado, catastrófica, anti patriótico y, por supuesto, anti democrático pero es la triste y peligrosa pendiente por loa que se está deslizando España a una velocidad de vértigo.