El Gobierno ha aprobado el sexto paquete de medidas anti crisis que, como los anteriores, es un cúmulo de iniciativas intervencionistas y de incremento del gasto público cuyos efectos serán radicalmente distintos a los esperados. La combinación de controles de precios para evitar el impacto negativo de la inflación sobre la renta disponible de los hogares con subsidios destinados a mantener su poder de compra es una verdadera aberración económica.
Por un lado, la fijación de precios máximos por debajo de los que establecería el mercado aumenta la demanda, restringe la oferta e incentiva el desarrollo del mercado negro; por otro, poner más dinero en el bolsillo de la gente mediante la reducción indiscriminada de los tipos del IVA, por ejemplo, puede incrementar la demanda agregada y, en consecuencia, dificultar el control de la inflación.
Desde la pandemia, el gasto público ha crecido en España alrededor de un 40%; algo inédito en todos los países de la OCDE. En un primer momento, el argumento empleado por la coalición social-comunista para justificar esta espectacular expansión del Estado fue la necesidad-deseabilidad de proteger a los colectivos o, mejor, a las personas vulnerables de las consecuencias económicas causadas por la Covid.
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Ahora se esgrime el mismo argumento para paliar el impacto del alza de la inflación sobre aquellos. Por desgracia, esa loable meta no se ha materializado. El Gobierno ha empleado miles de millones de euros para ayudar a quien no lo necesita y muy pocos en apoyar a los verdaderamente necesitados. En otras palabras, la política de la izquierda celtíbera ha tenido un acusado carácter regresivo.
Un informe de la OCDE, publicado hace unos días, da cuenta del estrepitoso fracaso de la estrategia gubernamental orientada a paliar los efectos de la pandemia primero y del alza del IPC después sobre las familias con menores niveles de renta. Los datos son escalofriantes y tragicómicos.
El 20% de las personas que concentran mayor riqueza en España han recibido más del 30% del total de las ayudas puestas en marcha por el Ejecutivo social-podemita desde 2020, mientras el 20% más pobre sólo percibió el 12%. La 'vieja piel de toro' comparte con Italia, Grecia y Luxemburgo el honor de ser uno de los cuatro Estados de la UE con una política social más regresiva en este importante capítulo (Income support for working-age individuals and their families, OECD, December 2022).
"España es uno de los cuatro Estados de la UE con una política social más regresiva, según la OCDE"
El Gabinete cuyo leitmotiv, proclamado a bombo y platillo, es socorrer a las víctimas del infortunio en estos dramáticos momentos y corregir las lacerantes desigualdades de la sociedad española presta mayor asistencia a quienes tienen un mayor nivel de ingresos y no la precisa.
En concreto, las transferencias recibidas por los individuos y por las familias españolas ubicadas en los quintiles inferiores de la distribución de la renta están 12 puntos por debajo de las percibidas por quienes ocupan esa misma posición en la media la UE; mientras las obtenidas por los situados en los tramos superiores están 12 puntos por encima de las logradas por su colectivo o grupo homólogo en el promedio europeo.
Esos resultados eran previsibles como explica cualquier manual de introducción a la Teoría Económica. La generalización de las medidas destinadas a soportar rentas o controlar precios elimina los incentivos para reducir la demanda de los bienes y servicios cuyos precios, por las razones que sean, se han disparado.
Por tanto, aquellos se mantendrán en niveles elevados y, ceteris paribus, su trayectoria ascendente se acentuará o su coste para las arcas públicas se incrementará en el supuesto de que las iniciativas introducidas por las autoridades abaraten el acceso a los productos suministrados por ellas. El peso de ambos efectos dependerá de la elasticidad relativa de la oferta y de la demanda.
En su tónica habitual, el Ejecutivo ha aportado entre sus medidas una joya demagógico-populista en honor a sus colegas bolivariano-peronistas de Allende los Mares; una muestra de la solidaridad de la izquierda patria con la hispanoamericana.
En este caso se trata de la concesión de un cheque 'alimentario' de 200 euros a las familias con ingresos inferiores a los 27.000 euros/año y con un patrimonio inferior a los 75.000 euros. El pago será único y directo. Resulta muy difícil entender en qué realmente mejora la posición real de las familias recibir el equivalente a una subvención de 17 euros al mes. Esta 'paguilla' resulta algo humillante y obscena en un país aun desarrollado como lo es España.
Cuando dentro de unos años se analice con detalle el programa de transferencias de rentas llevado a cabo por este Gobierno durante su mandato, el juicio será muy severo: una gigantesca operación de derroche de recursos que sólo sirvió para elevar el binomio déficit-deuda y para crear y consolidar una clientela electoral para la izquierda patria.
Lo divertido, permítase la ironía, es que ni siquiera eso último lo hacen bien. Los teóricos descamisados patrios tampoco se están beneficiando de la prodigalidad presupuestaria del Gobierno.
