El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press
El coste económico de la degeneración institucional
Degradar la calidad de nuestra democracia no solo tiene efectos políticos, también acarrea costes económicos, como se ve en la inversión extranjera o en la evolución del ritmo de despliegue de las renovables.
Los Estados de alarma inconstitucionales, los más de 1.000 incumplimientos de la Ley de Transparencia, el cierre ilegal de la actividad parlamentaria, el indulto a los políticos separatistas condenados por el 1-O, la rebaja de los delitos de malversación y sedición o el asalto político a la independencia de la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional son solo algunos ejemplos de los excesos en los que ha incurrido el Gobierno de Pedro Sánchez para asegurarse el apoyo de sus socios parlamentarios.
El pasado 2022, la revista The Economist señaló que dejaba de considerar a España una "democracia plena" y pasaba a etiquetar a nuestro país como una "democracia defectuosa". En la misma línea van otros informes que alertan del socavamiento del imperio de la ley y el deterioro del Estado de derecho.
A Pedro Sánchez le gusta decir que pasará a la historia por haber exhumado a Francisco Franco, pero la degeneración institucional que está provocando su Ejecutivo bien puede hacer que termine siendo recordado como el segundo enterrador de Montesquieu…
Pedro Sánchez articula la gobernanza de nuestra nación en torno a una amalgama de alianzas extremistas, de modo que no podemos sorprendernos antes las consecuencias de semejante apuesta. Pero sería un error pensar que solo estamos hablando de un problema referente al orden político, porque lo cierto es que moverse continuamente en los márgenes del pacto constitucional también tiene implicaciones muy serias para la vida económica de nuestro país.
La ciencia económica nos enseña que la inseguridad jurídica puede afectar de manera directa a la confianza exhibida por el sector privado. Si los empresarios perciben que la vida económica está cada vez más condicionada por las acciones caprichosas de unos gobernantes irresponsables, la disposición a invertir será mucho menor y la predisposición al riesgo se reducirá exponencialmente. ¿Quién quiere arriesgar su dinero en un contexto de incertidumbre como el actual?
"Moverse continuamente en los márgenes del pacto constitucional también tiene implicaciones muy serias para la vida económica"
Los datos hablan por sí solos. Antes de que Pedro Sánchez llegase a la presidencia del Gobierno, la inversión extranjera se movía en torno a los 55.000 millones de euros. Tras el ascenso al poder del líder socialista, esta cifra se redujo alrededor de un 50% y, desde entonces, no ha mostrado signos de mejora.
"Es fácil espantar el capital y muy difícil atraerlo de nuevo"
El déficit de inversión acumulado bajo la presidencia de Sánchez ya ronda los 200.000 millones de euros, con todo lo que eso supone en términos de generación de riqueza y empleo. Y lo peor de todo es que los inversores pueden huir con la velocidad del antílope, pero además tienen memoria de elefante y no se plantean su regreso con tanta facilidad. Es fácil espantar el capital y muy difícil atraerlo de nuevo.
Especialmente llamativo es lo que está pasando en los tribunales internacionales de arbitraje, donde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a aceptar una veintena de fallos que cuestionan la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables.
Insistir en el impago de estas resoluciones nos ha convertido en el tercer país que más incumple estos laudos, solo por detrás de Venezuela y Rusia. Esa es la liga en la que estamos jugando. Por tanto, no debería sorprendernos que el peso de las renovables sobre la producción energética nacional esté aumentando cuatro veces menos que en el resto del mundo.
Los mercados de deuda también empiezan a reflejar el coste de la incertidumbre. En cuanto el Banco Central Europeo ha empezado a normalizar las condiciones monetarias, los intereses que paga el Tesoro han saltado casi 300 puntos básicos. Solo en 2023, este encarecimiento del coste de financiación tendrá un coste de 7.000 millones de euros. Y, en la medida en que el perfil de riesgo de nuestra economía se va deteriorando, la financiación empresarial irá experimentando el mismo deterioro.
Desarrollar una economía de mercado vibrante y dinámica implica reunir una serie de ingredientes que hacen posible ese sistema generador de crecimiento y prosperidad. La calidad institucional, la seguridad jurídica y el imperio de la ley son un prerrequisito para el progreso económico, además del pilar que sustenta la convivencia pluralista y las garantías de la democracia liberal.
Desgraciadamente, el camino por el que transita España nos aleja cada vez más de ese marco y nos acerca peligrosamente a un paradigma de degeneración institucional que solo contribuye a acentuar y acelerar el lento, pero progresivo declive que viene describiendo nuestra economía en las últimas décadas.
*** Diego Sánchez de la Cruz es analista económico. Dirige el think tank Foro Regulación Inteligente y colabora como investigador asociado con el Instituto de Estudios Económicos.
