El Gobierno ha celebrado los datos de paro, empleo y afiliación a la Seguridad Social al cierre del ejercicio 2022 como un éxito atribuible, por supuesto, a su política y, en concreto, a la reforma laboral implantada por la Sra. Díaz.
Sin embargo, la realidad es bastante diferente y, por desgracia, los indicadores del mercado de trabajo muestran un evidente empeoramiento en términos comparados que tenderá a acentuarse a lo largo de 2023 en un escenario de marcada desaceleración de la economía, cuyo crecimiento se situará sin duda alguna muy por debajo del proyectado por la coalición gubernamental.
De entrada, el desempleo registrado el pasado diciembre es el peor de la última década y su descenso es sensiblemente inferior al experimentado en el mismo mes del año 2021. Igual sucede con la afiliación a la Seguridad Social que anota la menor tasa de crecimiento en diez años.
Por otra parte, el 67% de los contratos celebrados en 2022 lo han sido a tiempo parcial o bajo la modalidad de fijos-discontinuos. Ambas figuras contractuales se han convertido en sustitutos de los temporales ante las restricciones impuestas a la realización de éstos por la contrarreforma laboral implantada por la Sra. Díaz.
En otras palabras, no se ha producido una reducción real de la temporalidad, sino un camuflaje estadístico de ella. Por tanto, persiste la dualidad y en los trabajadores acogidos a esas fórmulas es en donde se producirá el ajuste del empleo en los meses venideros.
La situación y la evolución del mercado de trabajo en España es un reflejo evidente de su problema central: un marco de relaciones laborales definido por su extraordinaria rigidez que desincentiva la creación de empleo indefinido de verdad y consolida una tasa de paro muy elevada tanto en las fases expansivas del ciclo como en las bajistas o recesivas.
Cuando la NAIRU, el desempleo estructural, se sitúa conforme al grueso de los estudios sobre la materia en una franja entre el 16% y el 20% eso significa algo muy simple: la existencia de un mercado laboral muy rígido incapaz de lograr unos niveles de desempleo similares a los de los demás países desarrollados. Esta es la realidad.
La contratación indefinida en España es baja porque los costes del despido son muy altos.
De entrada, la contratación indefinida en España es baja porque los costes del despido son muy altos. El denominado improcedente es el más elevado de la UE-OCDE y, por tanto, las empresas tienen escasos incentivos para cerrar ese tipo de contratos. El despido por causas objetivas es prácticamente inaplicable tras la contrarreforma laboral y la posibilidad de llevar a cabo ERE se ha complicado de manera extraordinaria.
Si los jueces de lo laboral habían desnaturalizado en buena medida la flexibilidad introducida por la reforma laboral del PP para ajustar plantillas, este Gobierno la dificulta aun más al exigir la autorización previa de los inspectores de trabajo para llevarla a cabo, requisito inexistente en cualquier país desarrollado.
El Gobierno se felicita del descenso del paro juvenil, pero sus cifras resultan escandalosas en términos comparados ya que casi dobla el existente en la media de la UE, 31,1% versus 15,9%. Esto no es consecuencia de una maldición, sino obedece a causas concretas, de nuevo la rigidez del mercado laboral, acompañada por medidas como el aumento del SMI que, conforme a lo enseñado por la teoría económica y la evidencia empírica, afecta de manera negativa a la demanda de empleo para las personas con menor experiencia, los jóvenes, y con menor cualificación profesional.
España tiene la tasa de paro de larga duración más alta de la UE. Tres de cada diez desempleados ubicados en esa calificación, en la UE, están en España. Esto tampoco es resultado de la forza del destino, sino de un modelo de protección al desempleo que desincentiva y retrasa la búsqueda de empleo por parte de los parados.
La tasa de sustitución de la prestación por desempleo respecto al salario que se percibía antes de ir al paro y su duración se sitúan entre las más altas de la OCDE y de la UE. En paralelo, este esquema desincentivador de la incorporación de los desempleados a la fuerza laboral se agudiza por los programas de transferencias de rentas implantados por este Gobierno.
La tasa de actividad, esto es, el cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años está aproximadamente 16 puntos por debajo de la registrada en la media de la UE-27 y de Eurozona. ¿Qué significa esto? Que hay un elevado volumen de españoles que o bien ya no trabaja, los jubilados, o bien ha renunciado a incorporarse a la actividad laboral. Esto supone una disminución del potencial de crecimiento de la economía y muestra la escasa capacidad de inclusión del mercado de trabajo patrio que no es capaz de incorpora a la fuerza laboral a un segmento muy amplio de la población.
Desde esta perspectiva, no existen motivos para felicitar al Gobierno en materia de empleo. No se ha producido milagro alguno en ese terreno, sino la certificación de la vetustez e ineficiencia del marco institucional español, de su mercado laboral. No cabe estar orgulloso de ser una de las economías con más parados del mundo desarrollado, con un desempleo juvenil estratosférico, con un paro de larga duración escandaloso, con una tasa de actividad tan baja…
