La rebaja del IVA en los alimentos y la inflación
La CNMC debe controlar los márgenes de las grandes distribuidoras y el Gobierno pensar en medidas más focalizadas en los colectivos vulnerables ante el alza de los precios.
La alimentación se ha convertido en la principal fuente de inflación. Los precios de los alimentos subieron un 15,7% en diciembre de 2022 respecto al mismo mes del pasado año. En enero de este año, según el dato adelantado del IPC que se publicó ayer, al margen de la evolución de los precios de la energía, el resto de la cesta de la compra se sigue encareciendo rápidamente. Así continúa la escalada de la inflación subyacente (que excluye energía y alimentos frescos), que en enero subió al 7,5%, marcando un nuevo récord desde 1986.
Esta subida récord de los precios alimenticios es el resultado de una auténtica 'tormenta perfecta': simultáneamente un fuerte aumento de los precios de la energía, un alza del precio de las materias primas por el impacto de la guerra de Ucrania -entre otros, los fertilizantes-, y una sequía, que ha mermado muchas cosechas.
No será hasta la primavera cuando empecemos a apreciar cierta moderación en los precios de los alimentos, gracias a la rebaja de la factura eléctrica, la reducción del precio del petróleo, la normalización de algunas materias primas y previsiblemente las mejores cosechas durante este año.
Siempre y cuando las empresas de distribución comercial moderen al propio tiempo sus márgenes empresariales. Según datos de la central de balances del Banco de España los resultados ordinarios netos en el sector comercio crecieron un 36,2% en 2021, esto es casi 12 veces más que los salarios que aumentaron un 3,1% en ese sector.
"No será hasta la primavera cuando empecemos a apreciar cierta moderación en los precios de los alimentos"
La inflación de los alimentos es un problema también en Europa, en donde alcanza en media casi el 18%. Los distintos países están tratando de buscar soluciones. Portugal, precisamente por los beneficios que están teniendo las empresas de distribución comercial por esta crisis de inflación, aprobó un impuesto especial temporal sobre los beneficios extraordinarios. Esos recursos permiten financiar ayudas a las familias vulnerables para paliar los efectos de la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación.
En Grecia, se aplica desde el pasado mes de noviembre un techo flexible a precios de 51 productos básicos en las principales cadenas de supermercados y una subvención durante seis meses del 10% del precio de la compra de cada ciudadano. En Francia, también se está estudiando la creación de una cesta de productos de primera necesidad a bajo coste, que sería adoptada de forma voluntaria por las empresas de distribución.
En Alemania se están planteando eliminar el IVA de los alimentos más saludables, como las frutas, verduras y legumbres. También en España se ha optado por una rebaja temporal, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio o hasta que la tasa interanual de la inflación subyacente baje del 5,5%. Durante este periodo el tipo impositivo del IVA pasará del 4% al 0% para los alimentos frescos y de primera necesidad, y del 10% al 5% para las pastas alimenticias y los aceites, incluido el de oliva.
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La medida de reducción del IVA de determinados alimentos básicos costará a las arcas públicas 660 millones de euros, es decir menos del 3% de la recaudación total en concepto de ese impuesto. No se va a traducir en una bajada automática de los precios de los alimentos, tanto elaborados como sin elaborar, por representar tan sólo unos céntimos y en determinados productos básicos.
Funcas estima que los precios de los alimentos frescos se incrementarán en enero un 1,1% respecto a diciembre y un 0,7% en febrero frente a enero; mientras que para los alimentos elaborados prevén un incremento mensual en enero del 0,5% y del 0,2% en febrero. Sin embargo, sin esta medida de rebajas selectivas del IVA, el aumento del IPC de los alimentos sería incluso más acusado.
La rebaja del IVA beneficia más a las rentas más altas que tienen un nivel de consumo elevado, por el carácter regresivo del impuesto. Pero al aplicarse exclusivamente en pocos alimentos básicos permite que las familias vulnerables puedan ahorrar más en proporción a su gasto. Por ello, esta medida podría tener un efecto redistributivo positivo.
"Es más eficiente mantener, o incluso subir, los tipos superreducidos del IVA y compensar con ayudas directas a los más necesitados vía gasto"
Sin embargo, más allá del periodo transitorio de aplicación de la medida, convendría replantear la política anti-inflación habida cuenta que es más eficiente mantener, o incluso subir, los tipos superreducidos de determinados productos en el impuesto indirecto del IVA y compensar con ayudas directas a los más necesitados vía gasto.
Organismos internacionales como el FMI y la Comisión Europea recomiendan a España elevar el tipo impositivo del IVA en numerosos bienes y servicios que están excluidos de pagar el tipo máximo del 21%, para homogenizarnos con la UE y al propio tiempo, aumentar la recaudación por IVA -España ingresa 2,5 puntos porcentuales de PIB menos que la media de la UE a través del IVA-.
En esta línea va la ayuda única de 200 euros aprobada en España para compensar el encarecimiento del coste de la vida, de la que se beneficiarán 4,2 millones de familias vulnerables y que tendrá un coste de 1.200 millones de euros.
Medidas de compensación, todas ellas, necesarias para contribuir a que la economía siga creciendo. Sin descartar que pueda ser necesario algún esfuerzo añadido por parte de las empresas de los sectores que han visto incrementados sus beneficios de forma extraordinaria.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrá que estar vigilante para que se cumpla lo dispuesto en el BOE sobre el traslado a los consumidores de la reducción impositiva del IVA y no a la mejora de los márgenes comerciales.
Las grandes cadenas de distribución, que consolidan más del 40% del consumo doméstico, tienen una gran responsabilidad en ello, la CNMC en el control de la correcta aplicación de la rebaja del IVA también, y el Gobierno en su competencia sancionadora y fiscal si fuese necesario aplicarla.
*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.