De procedencias políticas diferentes y con incentivos distintos, ambas interpretan que lanzar mensajes en los que se asocian ‘beneficios bancarios’ con ‘hipotecados asfixiados’ por la subida del Euribor, pueden generar un retorno político y social muy alto.

Ni siquiera llegan a comprender si existe algún tipo de relación entre ambas cosas. Lo importante es colocar el mensaje y, una vez colocado, exigir una inversión de la carga de la prueba para que sean otros los que desmientan su afirmación. De este modo, se prolonga un debate de raíces absurdas y de materialización totalmente innecesaria habiendo muchos instrumentos alternativos y mejores.

Los mensajes populistas buscan una inversión de la carga de la prueba para que sean otros los que desmientan su afirmación

A pesar de que el coste de alargar el debate es alto (el ciudadano de a pie no sabe con qué quedarse), los economistas tenemos la obligación de rechazar semejante afirmación. Es un asunto que carece de cualquier elemento de coherencia y correspondencia mínima con la realidad, aparte de la voluntad de mezclar ámbitos que no tienen nada que ver. De este modo, el ciudadano recibe un mensaje sencillo, directo y fácil de consumir.

Primero, separemos los dos ámbitos. Empecemos por los problemas que está suponiendo para los hipotecados a tipo variable la subida del índice de referencia del mercado interbancario a 12 meses (Euribor) situado en el 3,3%.

Hace menos de dos meses, el Gobierno de coalición planteó una actualización del Código de Buenas Prácticas bancarias para incluir períodos de carencia de capital a cambio de alargar el plazo de amortización de manera proporcional.

Lo hizo con todos los riesgos que una operación de estas características tiene para la propia salud financiera del hipotecado. Aunque es cierto que, al menos, establece un cierto campo de juego para conseguir soluciones particularizadas para cada caso y actuar con cierta agilidad para el que más lo necesita.

El Gobierno planteó una actualiación del Código de Buenas Prácticas bancarias para incluir períodos de carencia del capital

Sin embargo, en vez de centrarse ahora en facilitar acuerdos rápidos y eficaces, las dos partes del Gobierno de coalición plantean una fórmula de ‘tabla rasa’. Lo hacen sin discriminar quiénes son los que más lo necesitan, quiénes no lo necesitan (que es una proporción muy alta de los hipotecados, con una media de pago de cuota sobre renta disponible igual o inferior al 30%) y quién o quiénes ‘pagan’ esta fiesta.

¿Quiénes van a ser los pagadores? Las entidades financieras, los hipotecados a tipo fijo (en términos de coste de oportunidad) y los hipotecados futuros sobre los que recaerá un proceso de selección adversa.

Salvo en casos de extrema urgencia para los que hay fórmulas reguladas que pueden ayudar (obviamente, a un coste financiero no pequeño por el riesgo que supone la operación), para el resto se puede convertir en una ‘barra libre’ perjudicial para su propio bienestar personal.

¿Por qué? Porque tendrán que pagar durante más años y con un mayor coste su hipoteca (la suma de capital e intereses al final de la vida del préstamo será muy superior), contando a corto plazo con unos recursos que no tenían en mente, con lo cual, el riesgo de que se malgasten es muy elevado (‘efecto riqueza’).

Los hipotecados con precios 'congelados' pagarán durante más años y mayor coste su hipoteca

Pero ahora viene la otra parte de la afirmación, que es considerar que la existencia de beneficios contables en la banca española otorga una especie de ‘patente de corso’ para financiar cualquier programa o imposición que se haga desde la regulación, dado que esos beneficios se han producido gracias al sacrificio de los deudores.

Para desgracia de las ministras Díaz y Maroto, no han elegido bien el ejemplo con la banca española por dos razones: la primera, porque grandes bancos como BBVA o Santander obtienen más de la mitad de su beneficio fuera de España. De hecho, si sólo nos fijásemos en su negocio doméstico, los resultados serían bastante discretos, descontando las actividades de su sede corporativa.

Y la segunda es aún más clara: el conjunto de la banca española no genera suficiente rentabilidad sobre capital que cubra su coste. Así lo estimamos en un reciente documento publicado por el Instituto Español de Analistas, donde es notable cómo la banca española no genera ni por asomo estos supuestos ‘beneficios históricos’ de los que habla la vicepresidenta Díaz.

Aquí es donde viene una confusión habitual de la cual, en parte, la responsabilidad la tenemos los economistas al no explicar correctamente el significado del concepto “beneficio neto” y hasta qué punto éste no se traduce directamente en ‘ganar dinero’.

No explicamos correctamente el significado de beneficio neto y hasta qué punto no significa directamente ganar dinero

Pero también son responsables las propias entidades financieras al defender sus buenos resultados. Su impulso natural y legítimo como cualquier negocio es reivindicarse ante sus accionistas, pero deberían hacer una pedagogía más profunda del problema real que tienen en términos de rentabilidad para evitar una proliferación mayor del discurso populista, cosa que se oculta bajo expresiones como ‘beneficios récord’.

En definitiva, tenemos, tristemente, un Gobierno que ha dado un salto atrás de varias décadas rescatando los viejos controles de precios sobre determinados mercados como solución prácticamente única a los problemas existentes. Hasta logran atreverse con el BCE entrando en un terreno que no les compete como es contrarrestar la acción del banco central de subir los tipos de interés como mecanismo para frenar la inflación con medidas como las que plantean.