Las dudas sobre la gestión del Gobierno de los fondos europeos son múltiples y han traspasado las fronteras nacionales. Las sombras sobre la ejecución, la idoneidad de muchas de sus inversiones o el impacto de las reformas emprendidas han calado en las instituciones europeas por los propios deméritos del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la estrategia y la propaganda del Gobierno ya está en marcha para salvar el examen de la misión europea apoyándose en dos argumentos.

En primer lugar, desde hace meses, tanto la vicepresidenta primera Nadia Calviño como la ministra de Hacienda María Jesús Montero, están tratando de que cale en la sociedad la idea de que los retrasos en la gestión de los fondos europeos es responsabilidad de las comunidades autónomas, en una estrategia que ya hemos visto a lo largo de esta legislatura en la gestión sanitaria de la crisis de la Covid-19 o en el reparto de las ayudas al tejido empresarial.

'La estrategia y la propaganda del Gobierno ya está en marcha para salvar el examen de la misión europea'

De nuevo, intentan traspasar su propia responsabilidad hacia otras Administraciones, cuando en todos los casos, son los errores en el diseño, las rigideces y requisitos del gobierno más intervencionista de la democracia, los culpables de que las comunidades autónomas no puedan ejercer sus competencias de la forma más eficaz y eficiente.

El caso de los fondos europeos es paradigmático. Por más que se manosee la palabra "cogobernanza" y se presuma de ella, la realidad es que ni se consensuó el Plan de Recuperación con los gobiernos autonómicos como tampoco se consultan las inversiones a desarrollar, al contrario, les son impuestas en las conferencias sectoriales.

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Se les niega la necesaria flexibilidad que les permita adaptar las inversiones a sus necesidades y se les hurta la posibilidad de decisión sobre los PERTE y por supuesto, el Gobierno ha elaborado el Proyecto de Adenda sin la participación real de las comunidades autónomas por más que se pretenda justificar mediante reuniones y fotos cuando éstas se desarrollan sin voluntad de acordar hitos, objetivos o inversiones concretas.

'El Gobierno ha elaborado el Proyecto de Adenda sin la participación real de las comunidades autónomas'

A la falta de cogobernanza hay que añadir el retraso del Gobierno en traspasar los fondos a las comunidades autónomas (hasta final de 2021 prácticamente no había enviado nada) y la creación de un canal burocrático con pasos previos por organismos intermedios que imposibilita que los fondos puedan desplegarse de manera ágil.

Cuando el diseño de la gestión de los fondos europeos responde más a los intereses del Gobierno que a un modelo optimizado y eficiente, no es de recibo trasladar la responsabilidad a quienes se está utilizando como si fueran medios propios.

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El segundo de los argumentos del gobierno ya lo ha deslizado la europarlamentaria Isabel García Muñoz en la sesión de la Comisión de Control Presupuestario previa a la visita a España celebrada la semana pasada, donde expresó su temor a que sea una misión politizada previa a unas elecciones autonómicas y locales de importancia trascendental para el devenir del futuro de España.

Si algo ha sido politizado, pero por el Gobierno, es el Plan de Recuperación. Fue presentado hasta nueve veces y durante estos dos años hemos asistido al anuncio de inversiones y futuros beneficiarios sin que las convocatorias estuvieran resueltas o escenificaciones, con toda la fanfarria, de proyectos que han sido denegados.

Además, la misión que visitará España tiene la obligación de medir la relación entre coste-eficacia de las inversiones financiadas y detectar las irregularidades y posibles fraudes en la ejecución del Mecanismo de Recuperación. Su responsabilidad es la protección de los intereses financieros de la Unión, por lo que lanzar la idea de una posible politización de la visita es sencillamente una inmoralidad más, una de tantas a las que nos hemos acostumbrado en los últimos años en nuestro país.

La preocupación existe en la Comisión de Control Presupuestario, en el Tribunal de Cuentas Europeo y en la Oficina Europea de lucha Antifraude como vimos el pasado jueves. Mientras en Europa se duda de la operatividad total de la plataforma de control COFFEE y se reclama acceso completo a las bases de datos, en España se recurre a Tragsatec y a la contratación de empleados públicos de manera acelerada y por 48 meses, para ayudar a comunidades autónomas y ayuntamientos precisamente para esta labor de control.

Las advertencias son múltiples, evitar la doble financiación, hitos e inversiones sin mecanismos de seguimiento previstos o comprobaciones sobre su eficacia a posteri, licitaciones de contratos públicos para adquisiciones de bienes sin que se compruebe si están operativos, la reforma de las pensiones, una reforma laboral que ha distorsionado la valoración real de los parados o la falta de transparencia y escasa información sobre los fondos que han llegado a la economía real.

La misión que visitará España a partir del día 20 y sus conclusiones son muy importantes. No se trata de reafirmar la incapacidad en la ejecución que ya hemos comprobado en 2021 y 2022, sino de aclarar las múltiples lagunas que existen sobre el cumplimiento de hitos y la claridad de los mismos, de cómo se van a realizar los controles ex post y que las inversiones efectivamente se realicen y se ajusten a los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o algo especialmente importante, cómo se evalúa el impacto en crecimiento y empleo que han tenido.

Son muchas las sombras que conviene disipar sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con los fondos europeos, por lo que nos jugamos como nación en términos de crecimiento económico y de prestigio internacional, pero también, por lo que se juega Europa y el aprendizaje para el futuro que puede suponer aprender de los errores que se están cometiendo en países como el nuestro.

*** Santiago Sánchez López es economista.